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¿Alguien pensaría que el papa va a cambiar su discurso contra la despenalización del aborto y de la eutanasia para no incomodar en un país que tiene esos derechos reglamentados? ¿Y entonces por qué los parlamentarios deberían diferir este debate por la sola presencia del máximo representante de la Iglesia católica?
No es el momento, dijeron algunos legisladores frenteamplistas. Hablaron de prioridades, de no generar enfrentamientos en un momento especial, del límite entre la provocación y la urgencia. Entonces decidieron postergar el tratamiento de las modificaciones a la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo que desde hace meses está en análisis y que apareció como una de las prioridades para el Ministerio de Salud Pública y buena parte de la bancada parlamentaria para este año. Se puede entender que para entrar en el debate aún falten elementos, que haya diferencias en las propuestas, que haya que buscar más evidencia. Pero ese no es el argumento. El argumento es la llegada del papa León XIV en noviembre.
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¿Pero cómo? ¿No es acaso Uruguay un país laico, que además se jacta de serlo? ¿Desde cuándo ponemos sobre la mesa temas a debatir dependiendo de si a la Iglesia le gustan o no? Bueno, parece que es el momento en el que esto está pasando. La bancada oficialista —con diferencias sobre el punto— difiere una discusión de fondo, que por diversos motivos puede cambiar la vida de muchas mujeres, porque es un tema que la Iglesia rechaza y prefiere no incomodar justo cuando llega el máximo líder católico.
Las explicaciones brindadas por algunos parlamentarios en distintos medios como Búsqueda, Brecha y El Observador indican que no hay un proyecto concreto, que hay lineamientos, que debería ser el Poder Ejecutivo el que envíe el proyecto, que no hay un pedido formal del ministerio, que hay que tener en cuenta los contextos y los tiempos. Y que entonces es mejor dejar la discusión para 2027, después de la visita del papa y antes de la próxima campaña electoral.
El mes pasado una nota de Victoria Fernández en Búsqueda relataba lo siguiente: “En el Frente Amplio no hay una posición unánime. En el Poder Ejecutivo hay jerarcas que consideran que el aborto es un debate que ‘polariza’ y que no es conveniente darlo en momentos en que la aprobación del gobierno es baja, con la dificultad además de que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. También hay legisladores que creen que reabrir el debate sobre la ley sin contar con mayorías y en un contexto de avance de la derecha y de los discursos ‘antigénero’ implica un ‘riesgo de retroceso’, según las consultas realizadas”.
Está bien, se entiende. Podría contaminar el debate la presencia del papa en Uruguay. ¿Pero alguien pensaría que el papa va a cambiar su discurso en contra de la despenalización del aborto y de la eutanasia para no incomodar a los ciudadanos de un país que tiene esos derechos consagrados porque así lo definió su Parlamento? ¿Verdad que no?
La visita del papa León XIV genera muchísima y respetable ilusión entre los católicos. Es su máximo líder, llega al país a dar su palabra, a encontrarse con sus fieles. Nada menos. Y nadie duda de que será un momento verdaderamente importante para todas las personas que tienen fe católica, para quienes ansían este momento como un hecho modificador en sus vidas. Y que seguramente traerá paz y esperanza a miles y miles que así lo esperan. Todo eso es incuestionable. Lo que resulta sí cuestionable es que un poder del Estado defina si aborda o no determinado tema en momentos en que el pontífice toca suelo uruguayo. Es claro que en el Parlamento hay diversidad de posturas y adhesiones a la religión católica, pero en Uruguay ese es un tema de resorte privado. No se toman definiciones públicas en consonancia con la agenda de la Iglesia.
Algunos días atrás el papa visitó Francia y allí, en una misa de casi un millón de personas, condenó el aborto y la eutanasia. Dijo que debe rechazarse firmemente la tentación de “quitar la vida con el pretexto de una falsa compasión” y llamó a los médicos a “cuidar y no eliminar”.
“Es imposible considerar normal el hecho de poner fin a la vida. Lo que es legal no es necesariamente moral”, dijo. Y está bien, es su punto de vista y el punto de vista histórico de la Iglesia. Respetable como todos. Pero no es la regulación que existe en Uruguay y que tantos años de discusión ha tomado.
Por supuesto que nadie va a decirle al líder de la Iglesia que modifique su discurso ni su forma de pensar por estar en un país que tiene estos derechos aprobados. De la misma forma, el Poder Legislativo uruguayo, parte de un Estado que no profesa religión alguna, no debería autocercenarse la posibilidad de discutir cambios a las leyes vigentes para no poner un ruido en medio de la visita papal. No debería. Aunque pueda comprenderse la estrategia, no debería. Porque esto también es una señal y aunque pueda verse como positiva para no causar rispideces, en mi opinión, no lo es. No es una provocación discutir si el límite para solicitar un aborto pase de 12 a 14 semanas, o si debería darse la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado a una mujer migrante antes del año de residencia en el país. ¿Las vamos a seguir dejando en manos de procedimientos inseguros e ilegales? ¿Debatir estas cosas cuando esté el papa en Uruguay es una provocación?
Algunos días atrás el senador colorado Pedro Bordaberry presentó por su parte un proyecto para modificar algunos puntos de la ley de eutanasia, la de cuidados paliativos y la de despenalización del aborto, e ingresó este martes 6 a la Comisión de Salud Pública. En líneas generales apuntan a que los cuidados paliativos sean brindados sin costo en todos los casos y que el médico deba ofrecer al paciente esta posibilidad; que se acepte la actuación de las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la defensa de la vida y al acompañamiento de la maternidad para brindar contención y alternativas al aborto, antes y después de la interrupción del embarazo, también sin costo; y que la persona que busque la eutanasia también sea vista por un especialista en salud mental que evalúe su salud psíquica para que su voluntad sea libre, seria y firme. El senador plantea modificar los proyectos porque considera que son mejorables. ¿Debería el Parlamento también dejar esta discusión para después? ¿Por qué? Si también pueden ser puntos que, debidamente garantizados, mejoren el acceso a las personas a tomar sus decisiones en libertad.
Muchos, muchísimos uruguayos esperan con ansias la llegada de León XIV y vivirán esos días con extrema satisfacción. Ningún debate parlamentario, incluso en completa oposición a sus ideas, debería estar condicionado por su visita. Iglesia y Estado, asuntos separados. Es todo cuanto quería decir, queridos lectores.