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En las últimas semanas, el mensaje que viene remarcando el gobierno es que Uruguay “está en marcha”: que la economía crece —aunque menos de lo que había proyectado originalmente—, que hay más empresas activas, que se están generado empleos, que la inflación es la menor en varias décadas y que aumentó el poder adquisitivo de los salarios y las pasividades. En el oficialismo algunos señalan que están fallando al “transmitir que efectivamente hay avances” sociales y en la economía, y hasta admiten que han tenido pifias importantes en materia de comunicación pública.
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De la vereda de enfrente, el discurso es que el gobierno está haciendo una mala gestión, en particular en el área económica y de seguridad pública, y que carece de “rumbo”. Hasta se ha pedido el cese de algunos ministros.
Ese cruce de relatos, ahora más notorio en instancias como la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas, lo reciben los uruguayos y también otros observadores interesados, del exterior, y la síntesis que ellos hacen no es irrelevante: les llega a los inversores internacionales.
Un análisis de Citibank elaborado hace algunas semanas y publicado días después por El País advirtió que “en toda la región, los presidentes recién elegidos se enfrentan a una limitación común: las minorías legislativas que dificultan la implementación de agendas de reforma duraderas. Las coaliciones gobernantes en países como Chile, Brasil, Perú, Argentina y Colombia controlan menos del 50% de las bancas en el Congreso, lo que las obliga a negociar con una oposición fragmentada y a menudo hostil”.
El banco estadounidense calcula un Índice de Estabilidad Política, que considera el poder del gobierno en los poderes legislativos y la aprobación presidencial, para determinar la capacidad potencial de llevar a cabo reformas. “Los países con bajo apoyo en el Congreso y presidentes relativamente impopulares, como Perú, Guatemala, Uruguay y Colombia, obtienen una baja calificación”, agrega su informe.
Citibank vuelve a mencionar al país en otro párrafo: “Colombia, Uruguay, Brasil y Panamá enfrentan una difícil combinación de alta fragilidad política y una necesidad significativa de controlar la acumulación de deuda. Esta es la ‘zona difícil’, donde la capacidad política para implementar reformas fiscales impopulares pero necesarias es mínima”.
También la calificadora de Moody’s advirtió en un análisis publicado esta semana que algunos contenidos de la Rendición de Cuentas no la dejan tranquila, porque las proyecciones elaboradas por las autoridades descansan en supuestos de recaudación que podrían no cumplirse.
Es cierto que el gobierno está atravesando algunas dificultades que se reflejan en la abrupta caída de la aprobación de la gestión en las encuestas y de la imagen pública del presidente y de varios de sus ministros. También lo es que la economía uruguaya sigue creciendo menos de lo necesario para sostener el actual modelo de bienestar, que la inversión continúa sin despegar y que no hay grandes proyectos concretos que puedan apalancar la actividad productiva.
Por su institucionalidad y su sistema de partidos políticos, Uruguay todavía se diferencia de varios países de la región. No obstante, el informe de Citibank, y también el de Moody’s, deberían ser un llamado de atención a todo el sistema político en el sentido de evitar discusiones estériles y empezar a buscar consensos que saquen al país de su parálisis: un germen de desconfianza que vaya creciendo no le hace bien a nadie, ni al gobierno ni a la oposición, más allá de cualquier rédito electoral coyuntural con el cual se pueda especular.
