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    Mesías subtropicales

    Cada vez que la política coloniza un espacio que debería ser autónomo, es un pasito más que damos en la dirección de la aparición de un mesías, subtropical en nuestro caso

    Columnista de Búsqueda

    “Un gobierno de leyes, no de hombres”. La frase se le atribuye a John Adams, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero, en realidad, Adams estaba popularizando una idea que el teórico republicano inglés James Harrington había propuesto en su libro La república de Océana, editado en 1656. Y desde entonces venimos con esa tensión en nuestras democracias: los hombres del gobierno (y sus partidos) a veces creen ser más importantes que las leyes y las instituciones que de ellas emanan. Y entonces, bastante más seguido de lo que sería deseable a casi 370 años de lanzada esa idea fundamental, caen en la tentación de colocarse por encima de estas.

    ¿Qué quiere decir “un gobierno de leyes, no de hombres”? En versión superresumida, que el poder debe residir en la aplicación de las leyes establecidas y no en los hombres que gobiernan. O, aplicado a lo que le interesa a esta columna, en las instituciones que emanan de dichas leyes, no en quienes las ocupan momentáneamente. Porque la forma de darle garantías a la ciudadanía de que las reglas del juego son siempre las mismas es a través de la solidez e inmanencia de las instituciones. Las reglas no pueden depender de la voluntad política de quien ocupa el cargo y de quienes lo ponen en el cargo. Esa forma de entender las instituciones, como plastilina que se puede modelar a cada instante según la voluntad y necesidades del político, es profundamente antirrepublicana y deja a los ciudadanos inermes ante la voluntad coyuntural de tal o cual político o partido.

    Todo esto puede parecer una exageración si se aplica al reciente caso del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que decidió, en contra de su propio gabinete jurídico, que no existía incompatibilidad en el desempeño de tareas en el sector público y privado, por parte del presidente de ASSE, Álvaro Danza. Puede parecer exagerado, pero creo que no lo es. Cabe recordar que la Jutep es un “órgano autónomo encargado de propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación, difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción y atender los compromisos internacionales asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia”.

    La decisión, que fue tomada por la mayoría frenteamplista del organismo, fue cuestionada tanto por la oposición como por figuras tan relevantes como Ricardo Gil Iribarne, quien presidió la Jutep durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Gil Iribarne, que es conocido por su actitud consecuente y en absoluto partidaria cuando estuvo al frente del organismo, comentó que este “está absolutamente desprestigiado” y señaló la cuota política que impera en él como especialmente negativa. En una entrevista con la diaria Radio, el exjerarca apuntaba: “Hace cinco años te defendía la Jutep a muerte, hoy digo: para hacer estas cosas, capaz que no se justifica”. Y es verdad. ¿Qué sentido tiene que un organismo, que se supone autónomo y cuya misión es controlar la transparencia del sistema político, responda a una cuota política que, como se acaba de ver, instrumentaliza su funcionamiento? Ojo, este pegoteo nefasto (a sus resultados recientes me remito) se vio incrementado en el gobierno pasado, de otro signo político, cuando se cambió la forma de designación de los miembros del Directorio de la Jutep. De hecho, Gil Iribarne renunció en su momento por considerar que esas modificaciones eran un “reparto de cargos” que terminaba hipotecando la autonomía y la credibilidad de un organismo que lo único que no puede ser es poco creíble.

    Por su parte, el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, declaró que la parecía mal que se filtrara el informe jurídico de la Jutep. Aparentemente, la idea de un Estado transparente no debería incluir al organismo que vela por dicha transparencia y este debería ser opaco en nombre de un bien mayor que Olesker no explicitó en su entrevista, pero que es, obviamente, la posibilidad de hacer política ignorando los propios informes técnicos. Olesker usó como argumento extra el que en muchos organismos del Estado también se ignoran los informes técnicos. Ese argumento, en boca de alguien que a la vez es político y técnico, como Olesker, debe romper algún récord de contradicción, que estaría bien premiar con una medalla o, quizá, con un cargo mejor. Por no hablar de que argumentar que otros también le dan cero importancia a los informes técnicos es un tiro en el pie a su propia condición de técnico. Sin embargo, me interesa más señalar el tiro en el pie que, sin saberlo o sin que le importe, se pega en su faceta de político.

    ¿Qué ocurre cuando los organismos que deberían garantizar la transparencia se manejan de forma partidizada y sin la menor autonomía? Por un lado, pierden su razón de ser, ya que son incapaces de cumplir con su función de manera que beneficie a la ciudadanía, razón última de que exista todo el tinglado en cuestión. Por otro, siembran la duda sobre la capacidad de mejora del sistema en su conjunto. Por eso, cada vez que la política coloniza un espacio que debería ser autónomo, es un pasito más que damos en la dirección de la aparición de un mesías, subtropical en nuestro caso. Uruguay viene más o menos zafando de estos mesías que ya gobiernan en buena parte de las democracias del mundo y que, con sus modales de monarca de El Clon, vienen deshaciendo los mecanismos de control que tiene el mismo sistema que en su momento los encumbró. Pero nadie está vacunado.

    Cuando Olesker dice que en muchos ámbitos del Estado nadie presta la menor atención a los informes técnicos, está lanzando la idea de que: a) los organismos técnicos podrían no existir y da lo mismo, b) los organismos de contralor podrían no existir porque no controlan nada, al estar subordinados de manera directa al poder político partidario, y c) (esta es una consecuencia bastante lógica, pero implica dar un pasito más) todos los políticos son iguales. Y un poco es así: los cambios que permitieron a la mayoría frenteamplista de la Jutep ignorar el informe de su área jurídica fueron impuestos por el gobierno de la coalición republicana.

    El problema de creer que lo político está por encima de lo jurídico, una muletilla antirrepublicana que pone a los hombres (y los partidos) por encima de las leyes (y las instituciones), es que les va abriendo el camino a esos mesías subtropicales. Cuando los políticos que gobiernan en nuestras democracias colocan a los hombres por encima del prestigio y la solidez institucional, están caminando exactamente en esa dirección, cuando deberían ser los primeros interesados en recorrer el camino opuesto. A menos, claro, que entre ellos ya se cuenten varios pichones de mesías subtropicales. Para la ciudadanía, el problema de estos mesías es que por lo general destruyen las instituciones que dan garantías y, de yapa, no suelen ser suavemente ondulados.