—Venga, venga, venga, por acá, acomode acá. Sí, entra, entra. Ta, ta. Ahí. Tamo. Son 300. Lo deja acá tranquila.
No es lo mismo un adicto que deambula sin rumbo y, cuando ve salir un auto, se le tira encima para intentar conseguir una moneda; el que aprieta a la gente para que le dé plata a cambio de amenazas; o el que perdió el trabajo o la jubilación no le alcanza y se registró en la intendencia para tratar de sobrevivir
—Venga, venga, venga, por acá, acomode acá. Sí, entra, entra. Ta, ta. Ahí. Tamo. Son 300. Lo deja acá tranquila.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá—¿Cómo 300?
—Y sí, Copa Libertadores.
—Ah, no, disculpame, no tengo.
—Bueno, me lo va sacando entonces, va, va. Saliendo. Vamo, dije, vamo, la puta que te parió.
La escena es real, de una noche afuera de un estadio de fútbol, pero puede trasladarse a cualquier estadio, cualquier recital, cualquier evento medianamente masivo. Y también puede ser mucho más violento. Lo vimos días atrás en una fiesta en el Teatro de Verano cuando una hilera de autos que no habían dado el adelanto terminaron golpeados y con los vidrios rotos, y también lo vimos en una calle de Montevideo, cuando un hombre decidió agarrar a cascotazos a una camioneta cuya dueña no le había dado dinero. Difícilmente a quienes manejamos no nos haya tocado alguna situación violenta de este tipo. Esto no es nuevo, pasa desde hace años y cada vez con mayor frecuencia.
Pero esta discusión, que cada tanto se reedita, tuvo ahora un disparador radical. La Junta Departamental de Colonia, con los votos del Partido Nacional, derogó una ordenanza que regulaba la actividad de los cuidacoches; por lo tanto, en los hechos, su actividad ya no quedaría avalada. El edil que impulsó la iniciativa, Julio Basanta, dijo a El Observador que la ordenanza era ilegítima porque atribuía la seguridad y la vigilancia de los vehículos a los cuidacoches y que esa actividad debe realizarla el Ministerio del Interior. Ese registro tenía a 21 personas anotadas con cuadras asignadas, pero Basanta aseguró que ellos “no trabajan ni dan un servicio”, sino que ejercen “mendicidad activa”, y, por lo tanto, la mayoría de los conductores les daban dinero para evitar que les rayaran el auto.
La discusión se trasladó inmediatamente a la capital, donde la situación excede largamente a las 21 personas que cuidaban cuadras en Colonia. Pero entonces, como en casi todas las cosas, aparecen los extremos. Hay que prohibirlos. Hay que sacarlos. Eso no es un trabajo. Hay que pagarles un sueldo. Y así, un sinfín de diagnósticos sobre lo que hay que hacer con una situación que lejos está de ser uniforme. No podemos tomar el concepto de cuidacoches para meter en el mismo paquete a un adicto que deambula sin rumbo por la calle y, cuando ve salir un auto, se le tira encima para intentar conseguir una moneda; a quien deliberadamente busca zonas de concurrencia y aprieta con violencia a la gente para que le dé sumas determinadas de dinero a cambio de amenazas; o a quien, por distintas razones, perdió el trabajo o no le alcanza la jubilación, fue a la intendencia y se registró como cuidacoches. Esa persona debe cumplir una serie de requisitos para que se le asigne una cuadra, como presentar carné de salud y certificado de buena conducta.
Para empezar, el término cuidacoches es equivocado. Nadie pretende —supongo— que una persona que ayuda a estacionar o a acomodar autos tenga que cuidarlos. Nadie espera —supongo— que se trabe en lucha con un ladrón que se quiere llevar un auto. Como mucho podría llamar a la Policía, pero su función jamás debe ser la de proteger al auto del delito. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué norma?
Pero volvamos a los casos concretos. Muchos conocemos personas que están todos los días en una cuadra que transitamos. La de nuestra casa, la del trabajo, la de un sanatorio, un bar, un centro de estudios. Siempre la misma persona, con su chaleco y su carné, que tiene un vínculo con los vecinos, que ordena el tránsito cuando se complica, que a veces lava los autos y que, lamentablemente, la vida no le dejó otra opción. Con suerte, hacen unos mangos para pagar la pensión o un lugar donde vivir. Muchos son jubilados que ganan una miseria. Los vemos, los conocemos. A veces nos cuentan de sus familias, saben de las nuestras. Muchos son hombres, pero también hay mujeres que sostienen a sus hijos y nietos a costa de pasar horas y horas paradas en la cuadra. A veces nos piden una ayuda, y muchas veces no piden nada. Están ahí para el vecino que pueda.
Claro, también están los otros, los del principio. Los que te meten la pesada, te agreden, te tiran piedras, te rompen el auto. Esos no están registrados. Están de vivos. O están drogados. Están fuera del sistema. Son adictos. O salieron de la violencia brutal del mundo carcelario con nula respuesta institucional. ¿Pero entonces? ¿Dejamos que agredan a todo el mundo porque se les canta? No, claro que no. Para eso hay que controlar, fiscalizar, aplicar la ley. Claro que no hay que dejar que esto siga creciendo. Pero las 700 personas que están registradas y avaladas por la intendencia no deberían pagar por los cientos de violentos que acosan a la gente todos los días.
Hay algunas propuestas sobre la mesa. La del edil nacionalista Diego Rodríguez, por ejemplo, es la de prohibir la actividad, pero reinsertar a quienes están registrados. El planteo es que la intendencia, a través de convenios con Inefop u otras alternativas, les brinde otra posibilidad que no sea la de cuidar autos. Con cobertura social, horario, salario. Ojalá se pudiera, pero muchas de estas personas están completamente pasadas de la edad en la que en nuestro país se contrata a un trabajador. ¿Quién contrata hoy a una persona de 70 o más años? De todas formas, si fuera un camino que la intendencia encarara, es una propuesta sensata para estudiar. Igual que la del senador nacionalista Martín Lema, que plantea que quienes están registrados puedan seguir trabajando y paulatinamente se les habilite alguna actividad como el cuidado de edificios municipales, por ejemplo, y que a quienes no están en el registro se les impida la actividad. Básicamente, que el registro cierre. Bien. Estas propuestas tienen sentido y humanidad. La de Colonia, me disculpan, no.
Otro punto de la discusión es si es necesaria o no la existencia de la figura del cuidacoches. Ahí hay puntos de vista distintos, todos válidos. Pero lo que también hay es un registro existente. Y ese registro avala la figura. La presidenta del sindicato de cuidacoches, Graciela Rodríguez, asegura que hubo varios planteos sobre cómo ejercer el trabajo, pero que la comuna lo sigue avalando. Y es cierto. Pero va más allá y plantea que la intendencia comete un abuso al brindar el servicio del acomodador sin una remuneración a cambio. Esto en general no lo lleva casi nadie, pero ella pone otro punto sobre la mesa. En entrevista con el programa Aire rico de FM Del Sol, dijo que, cuando hay algunos eventos grandes, la propia intendencia es quien los convoca. Dio como ejemplo la inauguración del Antel Arena, pero aseguró que hay otros casos. ¿Y ahí? ¿Ahí tampoco les pagan? Entonces, en ese caso concreto hay una falla de la intendencia. ¿O ahora contratamos gente gratis? Vamos. Un proyecto del edil nacionalista Fabián Bravetti proponía la regularización remunerada, pero no tuvo eco. Fue en 2023. Es 2026 y seguimos discutiendo el tema.
¿Y el intendente Mario Bergara? ¿Qué dice? Bueno, dice que la intendencia tiene previsto continuar registrando y fiscalizando, de ninguna manera prohibiendo. Bien. ¿Y los controles? ¿Y la fiscalización? No a los registrados. A los otros. A los violentos, a los agresivos, a los delincuentes. A los que se creen con autoridad para poner tarifas en la vía pública y, si no te gusta, te vas. Y más vale que te vayas rápido porque te la doy. Te rompo todo el auto. Dale, rajá de acá. Rajá, hijo de puta.