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Que los principios de Chapultepec se cumplan no solo por el presidente, sino por todas las demás autoridades del Estado y que, si no es así, allí esté el primer mandatario o alguno de sus jerarcas más cercanos para mandar parar
“Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”. Ese es el comienzo de la Declaración de Chapultepec, que el presidente Yamandú Orsi firmó este lunes 6 junto con otra más reciente (de Salta II) sobre la libertad de expresión en la era digital, en el marco de una visita oficial de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a Uruguay.
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La Declaración de Chapultepec, aprobada en 1994, subraya que las libertades de expresión y de prensa son indispensables para la vigencia de la democracia. La Declaración de Salta II, adoptada por la SIP en 2018, y actualizada por la 80ª Asamblea General de 2024 en Córdoba, Argentina, es una actualización basada en que en el mundo digital “se generan amenazas para las citadas libertades y el debate público”, a través de regulaciones estatales arbitrarias, censura, bloqueo de acceso o contenidos, cibervigilancia, acoso, campañas de descrédito y violencia digital.
Muy oportuna y necesaria la firma del presidente Orsi. Es una señal en el sentido positivo, con el agregado de que Orsi se transformó en el primer presidente del continente en suscribir ambas declaraciones. Así lo destacó el jefe de la delegación de la SIP, el cordobés Carlos Jornet.
Pero, más allá de lo simbólico, lo importante es que todo lo enunciado en esas declaraciones en defensa de la libertad de prensa y de expresión sea realmente respetado por cada uno de los gobernantes de turno. Como en casi todo, más que decir o firmar, lo más importante es actuar.
“Créanme que no lo hacemos como un saludo a la bandera”, afirmó Orsi, dejando claro que tiene la intención de que durante su gobierno todos los jerarcas respeten la libertad de prensa y la labor de los periodistas.
“Lo hacemos porque el Uruguay como tal, su sociedad, sus medios de comunicación, sus periodistas y sus representantes políticos, creemos y defendemos con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Lo entendemos como una garantía indiscutible para la existencia misma de una sociedad democrática”, agregó.
Es cierto que Orsi está representando a muchísimos uruguayos al defender ciertas libertades fundamentales, como la de expresión y la de prensa. Pero hace mucho más que eso. En el fondo, lo que está fortaleciendo es a la democracia que se ha mantenido sólida durante las últimas cuatro décadas, el período más largo en toda la historia nacional, entre otras cosas, por la labor de la prensa uruguaya.
Eso también fue destacado por el presidente en su discurso. Habló de lo hecho por los anteriores gobiernos en defensa del periodismo y la libertad de prensa y destacó especialmente normas aprobadas durante la primera administración de Julio Sanguinetti y el primer período de Tabaré Vázquez.
En el mismo sentido se expresó el vicepresidente de la SIP luego de que Orsi firmara las declaraciones. Dijo que esa rúbrica supone “una demostración cabal del clima de convivencia que caracteriza a Uruguay”, un país en el que, si bien “existen discrepancias ideológicas”, estas “no impiden el diálogo y la búsqueda de consensos esenciales”.
“Aspiramos a que este gesto, que lo honra al presidente Orsi, sea una marca permanente de su gestión y que constituya, además, una señal para quienes administran el Estado en todos los niveles, y que Uruguay siga siendo un territorio donde se acepta y se valora el disenso, pero se trabaja para buscar consensos”, concluyó Jornet en su discurso.
Eso es lo más importante. Que los principios de Chapultepec se cumplan no solo por el presidente, sino por todas las demás autoridades del Estado y que, si no es así, allí esté el primer mandatario o alguno de sus jerarcas más cercanos para mandar parar. Porque es cierto, como sostuvieron varios de los integrantes de la delegación de la SIP, que Uruguay todavía se encuentra en un lugar privilegiado con respecto al respeto a la libertad de prensa en comparación con otros países de la región.
De hecho, el último informe de la SIP, publicado en octubre del año pasado, indicó que “no se han constatado ni denunciado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa” en nuestro país, pero señaló que el derecho a la información pública, que está garantizado por ley desde 2008, “muestra cierto letargo burocrático” y “algunas autoridades desconocen la norma y las obligaciones de transparencia que les exige”.
Entonces, que este acto fundamental del presidente también sirva para dar un poco más de transparencia donde hace falta, no sea cosa que dentro de un tiempo tengamos que decir que no se cumplió su voluntad y que todo terminó siendo un saludo a la bandera.
