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    Uruguay: la IA ya está en el aula; el manual de uso, todavía no

    La gobernanza de la inteligencia artificial no se mide por cuántas estrategias tiene un país, sino por si esas estrategias hablan entre sí

    Ceibal lo confirmó con su propia Encuesta Nacional Docente: tres de cada cuatro maestros y profesores uruguayos ya usan inteligencia artificial en su trabajo diario. Nadie se lo ordenó. No hubo un plan nacional que los empujara. Lo adoptaron solos, más rápido que cualquier política pública.

    Ese dato debería alegrarnos y, en parte, lo hace. Pero también debería inquietarnos, porque un estudio de la Universidad ORT sobre esos mismos docentes encontró la otra cara: el área de evaluación —justamente donde la inteligencia artificial puede hacer más daño si se usa mal— tiene la competencia más baja de todas, con un promedio de 1,88 sobre 4. La adopción corrió. La formación crítica quedó atrás.

    Turquía ofrece un punto de comparación instructivo. El país llega a esta conversación con una arquitectura no muy distinta de la nuestra: una plataforma nacional de aprendizaje (EBA), un asistente de inteligencia artificial que da soporte con traducción a más de un millón de niños refugiados sirios y un ecosistema de innovación —ETKM— que conecta al Ministerio de Educación con emprendedores, investigadores y docentes antes de escalar cualquier solución al resto del sistema.

    La diferencia no es tecnológica. Es que Turquía lo escribió todo en un solo lugar: un Documento de Política y Plan de Acción de Inteligencia Artificial en Educación para el período 2025-2029, con un comité de ética dedicado, y capacitó formalmente a 157.000 docentes a través de una red centralizada. No dejó la formación librada a la iniciativa individual de cada maestro, como en buena medida ocurre hoy en Uruguay.

    Uruguay tiene, en rigor, dos procesos que deberían ser uno solo y todavía no lo son. Agesic lidera la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA 2024-2030), aprobada en noviembre pasado, con la gobernanza, las capacidades y la sostenibilidad como ejes, pero es una estrategia nacional, no educativa. Ceibal, por su lado, lanzó en marzo de 2025 EduIALab junto al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, pero es un centro de innovación pedagógica, no un marco regulatorio. Nadie ha publicado todavía el documento que una ambas cosas, como sí hizo Turquía.

    La gobernanza de la inteligencia artificial no se mide por cuántas estrategias tiene un país, sino por si esas estrategias hablan entre sí. Cuando la gobernanza y la pedagogía avanzan en paralelo sin un puente formal, la responsabilidad última queda difusa: nadie es, hoy, el responsable único de decir qué uso de inteligencia artificial en el aula está permitido y cuál no. Es el mismo problema que atraviesa buena parte del gobierno digital de la región: la falta de un lugar institucional, claramente identificado, desde donde el juicio humano pueda observar y corregir el uso de estas herramientas, en lugar de dejarlo librado a la certificación que la propia industria hace de sus productos.

    Cerrar esa brecha no exige inventar nada. Alcanzaría con fusionar en un documento público único la gobernanza de Agesic y la pedagogía de Ceibal, con un plan de acción y responsables claramente asignados —el modelo turco, aplicado a la infraestructura que Uruguay ya tiene—; crear un comité de ética de inteligencia artificial educativa específico, enfocado en evaluación, datos de menores de edad y sesgo algorítmico; y destinar presupuesto puntual a la formación docente en uso crítico de estas herramientas para la evaluación, que es, según la propia Ceibal y la ORT, el eslabón más débil de toda la cadena. También convendría que Uruguay gestionara su inclusión formal en la próxima ronda del Education AI Readiness Assessment del Banco Mundial, aprovechando el vínculo que ya existe a través de EduIALab, y que publicara una métrica pública de brecha urbano-rural específica para inteligencia artificial educativa, y no solo de conectividad general.

    Turquía no tiene mejor tecnología que Uruguay. Tiene un documento que conecta lo que nosotros todavía tenemos separado. Esa distancia —no la tecnológica, sino la institucional— es la que debería preocuparnos mientras la adopción en las aulas sigue corriendo sola.