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En un llamado del MEC para becas a artistas (Fefca) se utiliza la expresión artes de la visualidad, que da pie para esta reflexión sobre el uso del lenguaje en ministerios y organismos oficiales
Quien define las palabras fija los límites de lo pensable. No es lo mismo invertir “en defensa” que invertir “en armamento bélico”, ni “hacer justicia” que “ejercer venganza”. La neuropsicóloga española Cristina Soto denomina a este fenómeno “terrorismo semántico”: una estrategia destinada a vaciar las palabras de su sentido histórico para rellenarlas, a menudo, con su opuesto. De ese modo, los conceptos que estructuran la experiencia colectiva —justicia, libertad, democracia— se vuelven irreconocibles. Juzgamos el pasado con palabras adulteradas y acabamos viendo injusticia donde hubo ley, y opresión donde hubo norma. En su fase más sutil, el terrorismo semántico se disfraza de virtud. Ya no hay justicia, sino “justicia social”; no hay leyes, sino “leyes con perspectiva de género”, como si la justicia o la ley, desprovistas de adjetivos, fueran sospechosas en sí mismas. ¿No es acaso la justicia —a secas— “justicia social” en sí misma? Hablan de “sensibilidad de izquierda” (sin que se les mueva una sola pestaña), como si hubiera una sensibilidad de primera y una sensibilidad de segunda. Por tanto, cuando el lenguaje deja de ser un medio para pensar (de forma abierta) y se convierte en un instrumento para imponer (de forma cerrada), lo que está en juego es la capacidad misma de razonar con claridad. Retomando a Cristina Soto, la manipulación de los discursos funciona como dispositivo destinado a reforzar posicionamientos ideológicos y a maquillar las aristas negativas que denotan algunas palabras: en lugar de dictadura, se sugiere emplear déficit democrático. La célebre consigna de Fidel Castro, “Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada”, condensa con precisión quirúrgica esta lógica, porque es precisamente en ese “todo” donde se legitima, de forma diáfana, la sustitución de los conceptos.
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En julio de 2025, los presidentes en ese momento de Chile (Gabriel Boric), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro), Uruguay (Yamandú Orsi) y España (Pedro Sánchez) se congregaron en Santiago para discutir la transparencia algorítmica en plataformas digitales, invocando “la defensa de la democracia, la protección ciudadana y la garantía de los derechos civiles”. Tras ese discurso virtuoso y plausible se adivina empero una voluntad de control sobre un espacio que escapa a las jerarquías tradicionales del poder. Lo que en verdad inquieta a estos mandatarios es su propia pérdida de hegemonía en lugares donde no les resulta sencillo fundar la misma autoridad que ostentan en las universidades, los medios públicos de comunicación o la prensa militante. La exigencia de “transparencia algorítmica” no se limita a una fiscalización técnica, dado que implica el deseo de intervenir o sancionar el modo en que las plataformas distribuyen información. Una vez habilitado el control gubernamental sobre los algoritmos, el paso siguiente es demandar “correcciones”. Y esas correcciones recaen sobre contenidos disidentes, etiquetados como “desinformación” o “discurso de odio”: categorías deliberadamente vagas, disponibles para usos discrecionales. En los hechos concretos, el fiscal Jorge Díaz propuso en el año 2023 redactar una ley interpretativa del artículo 112 de la Constitución que establezca que “los legisladores no están en ejercicio de sus funciones cuando se expresan a través de las redes sociales”. Es de consignar que ese mismo argumento valdría para las columnas en la prensa, las declaraciones en los programas periodísticos, etcétera, llevando a los legisladores a tener fueros tan solo para hablar en la Asamblea General. Esos mismos estándares, de alta superioridad moral, rara vez se aplican con igual celo cuando las falsedades provienen del campo ideológico afín. El objetivo, más antiguo que la rueda, no es la neutralidad informativa ni mucho menos la pluralidad, sino la domesticación de los discursos. Este tipo de fiscalización es un artificio para moldear comportamientos y configurar legitimidades. Y cuando estos mismos gobiernos concentran poder en otros ámbitos —mediático, educativo— resulta por lo menos ingenuo suponer que sus “desvelos por la transparencia digital” sean políticamente inocuos. Ya existen precedentes en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela o Rusia —cuyos gobiernos mantenían vínculos ideológicos con los firmantes de la reunión de Santiago—, donde el acceso a internet está filtrado, perseguido o censurado.
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El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) difundió en junio un llamado para el Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (Fefca), que establece como una de sus categorías las “artes de la visualidad”. Desde el punto de vista histórico conviene distinguir los conceptos artes plásticas, denominación tradicional desde el siglo XIX, centrada en disciplinas como pintura, escultura y grabado, y artes visuales, expresión que comienza a generalizarse a partir de la década del 60 para incorporar fotografía, video, instalación, performance y otras prácticas contemporáneas. El cambio es coherente con las corrientes derivadas de la llamada cultura visual, que desde los años 90 han cuestionado la autonomía tradicional de la historia del arte. En Europa y Estados Unidos la denominación frecuente continúa siendo Fine Arts, Visual Arts, Beaux-Arts, Bildende Kunst, etcétera. La expresión, equivalente a arts of visuality, prácticamente no posee uso institucional. México, Brasil y Argentina mantienen artes visuales. En Chile, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet todavía se hablaba de artes plásticas y visuales, pero entre 2019 y 2020 se consolida, dentro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una Secretaría Ejecutiva de Artes Visuales, y en 2022 —bajo la presidencia de Gabriel Boric— aparece la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad.
Según Wikipedia, la expresión visualidad proviene de corrientes anglosajonas vinculadas a los llamados visual studies, desarrollados desde fines de los años 80 por autores como Nicholas Mirzoeff, William Mitchell y Jonathan Crary (académicos estadounidenses que abrevan en las ideas de Marx, Fanon y otros pensadores). Para estos autores, la visualidad no designa únicamente aquello que vemos, sino las formas políticas mediante las cuales una sociedad organiza la mirada. En otras palabras: lo visual sería un “fenómeno fisiológico”, mientras que la visualidad sería un “fenómeno cultural e ideológico”. Por eso la visualidad incluye publicidad, cine, televisión, videojuegos, redes sociales, etcétera. El arte pasa a ser, así, una manifestación más dentro de un universo amplio. Es decir, la atención deja de centrarse en la obra para desviarse hacia los modos de ver. Desde este punto de vista, se trata de una explicación legítima y bienvenida. Sin embargo, desde una perspectiva conceptual, la expresión presenta un problema. Mientras que artes plásticas y artes visuales designa conjuntos relativamente precisos de disciplinas, oficios y haceres, visualidad es un concepto que comprende cualquier régimen cultural de la mirada. Por ello, hablar de artes de la visualidad puede resultar incierto, ya que confunde el nivel de las disciplinas artísticas y el de una teoría general de la percepción y la cultura visual. Dicho de otro modo, sería comparable a sustituir literatura por artes del lenguaje o música por artes de la sonoridad o musicalidad: no sería del todo incorrecto, pero introduce una categoría teórica mucho más extensa que el objeto que pretende nombrar.
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En una nota anterior, publicada en Búsqueda en setiembre de 2025, había observado el intento de sustituir —por parte de algunos frenteamplistas— la sigla MEC por MCAPE, así como otros vocablos que intentaron eliminarse de la Constitución y la enseñanza pública; desde la frase “padre de familia” hasta el empeño en quitar y modificar actos, himnos, pabellones y escudos nacionales. En una línea similar de razonamiento, el director de Políticas Educativas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Antonio Romano, afirmó el año pasado que habría que “eliminar todos los exámenes en educación pública secundaria” (sic). Apoyando a Romano, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, sostuvo: “El examen es un instrumento de la universidad medieval” (sic). Además agregó: “El sistema de perder por faltas está asociado a que los mejores debían llegar a la universidad. Cuando transitamos a la lógica de que la educación es un derecho, la penalización no habilita a tener una mejor relación con lo educativo” (sic).
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En los ámbitos de la cultura, ciertos vocablos y conceptos que hace 20 años dominaban el discurso crítico (glocal, rizoma, arte líquido) parecen haber caído en desuso y cedido su lugar a otros términos de moda (territorialización, interseccionalidad, estructuralizante, discriminación positiva, acciones afirmativas). Sin faltas por inasistencias, sin “materias complejas” (sic), sin símbolos patrimoniales, sin frases fundacionales, sin exámenes, sin contraprestaciones (como las que deberían saldarse con el envío de niños, por parte de sus padres, a los centros de atención a la infancia y las familias, o a la escuela primaria), pero sí con maquillajes lingüísticos que —más temprano que tarde—, no lo dude el lector, también caerán en el olvido. Como se ve, el poder no se limita a disfrazar la realidad mediante eufemismos, sino que intenta reescribirla (tal vez para intentar disimular la ignorancia y el nepotismo, tan caros a algunos gobiernos). En Uruguay, como las autoridades ministeriales que velan por la educación y la cultura ejercen el poder desde su propia impericia, reflotan términos, los pulen o los disfrazan para indicar que están haciendo algo. Pero ese “algo” siempre es operar sobre el lenguaje.
