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Ya era hora: una nueva reforma política va entrando en la agenda
El principal defecto de nuestra democracia es el diseño institucional de los gobiernos departamentales. El poder de los intendentes ha crecido mucho más de lo deseable
Alguna vez escribí que la democracia uruguaya es “una máquina de aprender”. Generación tras generación, quienes de una forma u otra estamos pendientes de su funcionamiento —ya sea desde la política, el periodismo, el análisis o el interés ciudadano por la cosa pública— reclamamos mejorar prácticas y reformar instituciones. Esta persistente pulsión autocrítica, esta saludable propensión al cambio, parecía haberse debilitado demasiado. De hecho, durante los últimos 20 años, se discutió mucho más sobre reformas en el plano de las políticas públicas que sobre las modificaciones que habría que introducir, por ejemplo, en las reglas electorales. La cuota de género y la creación de los municipios, en 2009, fueron los cambios más relevantes en un entorno general de cierta apatía en materia de innovaciones institucionales.
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Durante el primer semestre de este año, la “máquina de aprender” de la democracia uruguaya parece haberse encendido nuevamente. Colorados e independientes han comenzado a insistir en la necesidad de concretar algunas reformas a las normas electorales. La primera iniciativa correspondió a Pablo Mieres. En su columna del sábado 10 de mayo en El País,1 el líder del Partido Independiente puso sobre la mesa varios temas de interés: se hizo eco de los reclamos sobre la excesiva extensión del ciclo electoral, enfatizó la importancia de terminar con la mayoría automática en las juntas departamentales y propuso cambiar el sistema de hojas de votación proporcionadas por los partidos por el voto electrónico con impresión de la hoja de votación.
De inmediato, Pedro Bordaberry presentó dos proyectos de ley para acortar el calendario electoral. Propuso hacer las elecciones primarias el último domingo de agosto del año electoral y que las elecciones departamentales se celebren “el segundo domingo del mes de marzo del año siguiente al de las elecciones nacionales, salvo que coincida con la Semana de Turismo, en cuyo caso se realizará el domingo siguiente”. Además, el senador colorado propuso extender el período de sesiones del Parlamento y adelantar al 10 de febrero la toma de posesión de presidente y vice.
Casi un después, Julio María Sanguinetti se sumó al debate sobre posibles reformas al sistema electoral en Correo de los Viernes.2 Luego de repasar la tradición reformista uruguaya, y de reconocer algunas iniciativas en curso como la formulada por Bordaberry, mencionó otros asuntos que podrían estar en discusión como volver a permitir nuevamente la “acumulación” por sublemas en diputados, habilitar el voto cruzado entre elecciones departamentales y municipales, y “establecer la posibilidad de Lemas Accidentales, que preserven las identidades partidarias pero habiliten procesos más realistas de acumulación electoral”. Manejó también la posibilidad de “mantener la doble vuelta electoral pero suprimir las internas y votar en octubre como en el viejo doble voto simultáneo, o sea multiplicidad de candidatos y pasaje a la última instancia del más votado adentro de cada lema partidario”.
Según Sanguinetti, llegó la hora “de canalizar esas inquietudes, con un diálogo entre partidos que exploren la posibilidad de esos y otros cambios que pudieran plantearse”. Como no hay reformas políticas sin acuerdos interpartidarios, el 3 de julio el Partido Independiente recibió a una delegación del Partido Colorado encabezada por Andrés Ojeda para empezar a conversar sobre posibles acuerdos.
Hay que celebrar que la reforma política esté ingresando a la agenda. A decir verdad, lo estaba esperando. Con mi colega Fernanda Boidi, en 2023, en el libro La democracia uruguaya ante el espejo, escribimos que uno de los “cinco desafíos” de la democracia uruguaya es el de hacer un balance de la reforma de 1997: “A fines del siglo pasado, luego de una década al menos de debates políticos y académicos, se hicieron modificaciones muy importantes en la legislación electoral: se eliminaron las candidaturas múltiples a la presidencia, se instaló el balotaje y se desvincularon las elecciones departamentales de las nacionales. Estos cambios están lejos de ser menores. (…). Es imprescindible discutir sobre esto. ¿Se obtuvieron los objetivos buscados? ¿Qué ganamos?, ¿qué perdimos? ¿Qué habría que modificar?, ¿por qué?” (p. 391).
Tenemos la oportunidad (debí decir, la obligación) de analizar la reforma de 1997 y de, a la vez, incorporar en la discusión nuevos asuntos. Los que los dirigentes mencionados han venido poniendo sobre la mesa son muy importantes. Por cierto, como ellos mismos reconocen, y como resultará obvio, no es una lista exhaustiva ni todos los asuntos planteados tienen la misma jerarquía. Además, aunque concuerden en señalar un problema (por ejemplo, el de la excesiva extensión del ciclo electoral), no necesariamente proponen la misma solución institucional. Hay que aprovechar esta “ventana” (esta “institutional window”, parafraseando a John Kingdon) para debatir sobre otras posibles innovaciones que merecen ser examinadas a fondo.
Quiero volver sobre lo que más me preocupa: el principal defecto de nuestra democracia es el diseño institucional de los gobiernos departamentales. El poder de los intendentes ha crecido mucho más de lo deseable. Se ha vuelto demasiado difícil controlarlos. El partido del intendente tiene mayoría en la Junta Departamental (Montesquieu se estremece en su tumba). Los medios de comunicación locales suelen depender demasiado de la pauta publicitaria de sus respectivas intendencias (el “cuarto poder”, especialmente en el interior, tiene apenas un cuarto del poder deseable). No es tan difícil entender por qué la tasa de reelección de los intendentes es tan alta (casi 64%). En otros términos: lo más probable, en todos los casos, es que el intendente que va por reelección la consiga. Y cuando no puede, como todos sabemos, suele designar a su sucesor. Esto no depende del partido. Pasa en los 19 departamentos. En verdad, el principal límite real al poder de un intendente es la competencia dentro de su propio partido.
Me pregunto si nuestros partidos estarán dispuestos a admitir esta realidad y a intentar incorporar correcciones. Paso a sugerir algunas alternativas: eliminar la mayoría automática; remunerar el trabajo de los ediles; limitar la reelección de los intendentes a una vez; fortalecer los municipios para que no dependan financieramente de los gobiernos departamentales. A lo largo de la historia, el Partido Nacional contribuyó mucho a instaurar la democracia y a dispersar el poder. Me pregunto si estará dispuesto a sumarse a una agenda reformista de este tipo pese a que son quienes más se benefician del statu quo.
