El artículo 124 de la Constitución “debe interpretarse de manera que abarque cualquier uso de la investidura para presionar o influir en la administración en beneficio de un particular”, sostuvo Sylvia Lovesio, quien resolvió dar por “no presentado” un escrito de Ojeda y archivó el caso que patrocinaba apoyada en los principios de “legalidad y probidad en la función pública”