El presidente Yamandú Orsi y su equipo intentaron cerrar la controversia por la compra de una camioneta poco antes de asumir el cargo con dos datos informados a los medios de comunicación. El primero fue que la Hyundai Santa Fe, el centro de la polémica, sería donada a la Administración Nacional de Educación Pública, mientras que el segundo fue el hecho de que, tras la elección nacional, el comando de campaña del actual mandatario había cedido más de $ 17 millones (unos US$ 400.000) al Frente Amplio producto de que había cerrado el ciclo electoral con superávit.
La segunda información, sin embargo, provocó dudas entre expertos acerca de su legalidad y dejó expuestos vacíos en la normativa.
De acuerdo con las consultas que realizó Búsqueda a cuatro expertos, la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos no permite cesiones ni donaciones por un monto tan alto. Ni siquiera cuando se trata de un candidato presidencial o dirigente de primera línea del partido.
El martes 2 de junio Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina de Servicio Civil y abogado del mandatario, Sergio Pérez, recibieron a periodistas de Búsqueda, la diaria, El País y El Observador en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. El objetivo fue explicar el proceso por el cual un Renault Stepway donado para su campaña electoral había sido usado como parte de pago de una camioneta personal de Orsi.
El tema estaba en el centro de la polémica desde hacía una semana. El programa Así nos va, de Radio Carve, informó el 26 de mayo que, días antes de asumir su cargo, Orsi había comprado la Hyundai Santa Fe por US$ 54.000, lo que supuso un descuento de US$ 25.000 sobre el precio de mercado. El 1 de junio, Búsqueda informó que el presidente había entregado el Renault recibido en campaña como parte del pago.
En la reunión con los periodistas las autoridades aseguraron que el Stepway, valuado en US$ 20.500, fue una donación “personal” de Car One a Orsi. Añadieron que el acuerdo con el Frente Amplio fue que el comando del candidato —ni el partido, ni la fórmula presidencial— se encargaba de recibir y administrar las donaciones, y hacer frente a todos los gastos, desde contrataciones hasta pagos a proveedores. De ese modo, argumentaron, si la campaña terminaba con pérdidas, la coalición de izquierda no quedaba involucrada en el problema.
En este caso no quedó una deuda, sino un superávit. En abril del 2025, según Orsi y su equipo, donaron al Frente Amplio los más de US$ 400.000 que habían quedado a favor después de la campaña. De acuerdo con lo que plantearon, el candidato se podría haber quedado con el dinero o podrían haber intentado devolver dinero a cada donante, lo que hubiese sido demasiado complejo.
¿Quién recibe el dinero?
Las explicaciones despertaron dudas en expertos consultados por Búsqueda, quienes pidieron mantener su nombre en reserva dado el cariz político de la controversia.
El primer punto que señalaron es que la ley de financiamiento de los partidos, que fue reformada en 2024, establece que las donaciones privadas pueden ser a “los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos”. Esto no incluiría donaciones privadas directas al candidato presidencial, sino en todo caso a la lista que tiene a la fórmula, coincidieron.
“Los partidos políticos, sectores internos y las listas de candidatos solo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones, sea en dinero o en especie, de personas físicas o jurídicas debidamente identificadas”, señala la circular que elaboró la Corte Electoral previo a las elecciones nacionales.
El 20% del financiamiento público sí va al “candidato a la presidencia”, según la ley y la circular.
¿A dónde va el superávit?
La ley no menciona qué proceso se debe seguir cuando hay una campaña superavitaria. Los expertos señalaron eso como un “vacío” que debería llenarse.
La norma “no establece el uso que se le debe dar al dinero” que se recauda o se recibe como financiamiento estatal, ni durante ni después de la campaña, advirtió uno de los académicos. “Lo que suele ocurrir es que los actores que están más institucionalizados derivan el dinero sobrante para el sector o para el partido, lo cual me parece lo mejor desde el punto de vista del ciudadano”, añadió.
Otro experto sostuvo que, ante ese vacío, le parecía correcto que los bienes recaudados pasen al patrimonio de los candidatos, en este caso Orsi y Carolina Cosse. “Para hacer una analogía, si fuese una sociedad anónima, bueno, deja de funcionar, hay que liquidarla, se disuelve y los bienes se reparten los accionistas a prorrata de lo que eran sus acciones”, explicó.
El problema surge, según los cuatro consultados, con la resolución que adoptó el comando de campaña de Orsi. En palabras de las autoridades del gobierno a los periodistas, decidieron donar el remanente de US$ 400.000 al Frente Amplio.
“Esa cifra es muy superior a los montos que un sujeto puede donar en el marco de campañas, incluso fuera de campañas como financiación permanente de los partidos”, dijo un experto.
La ley de financiamiento de los partidos políticos establece topes a las contribuciones durante la campaña y también fuera de ella. En ambos casos, la donación de US$ 400.000 supera los límites previstos.
Las personas físicas —sean ciudadanos comunes o dirigentes— pueden donar cada año para el “funcionamiento permanente” de partidos o sectores hasta 350.000 unidades indexadas (UI). El 28 de abril del 2025, fecha en la que el equipo de Orsi dijo que hicieron la transferencia, la UI valía $ 6,3287, por lo que el tope era entonces $ 2.215.045 (US$ 51.301).
Aun si se entendiera que la donación del comando fue realizada en el marco de la campaña electoral, tampoco respetaría los límites. Como candidato presidencial —aunque cuando el comando hizo la donación ya era presidente en ejercicio— Orsi podía entregar hasta 1,2 millones de UI, es decir, $ 7.594.440 (US$ 181.039).
La explicación “en ninguno de los casos funciona, porque supera el máximo previsto para las donaciones a partidos políticos, sectores o listas, ya sea en caso de campaña o sea para financiamiento permanente”, subrayó uno de los expertos.
Uno de los académicos planteó, como matiz, que “la realidad jurídica” juega en contra de la explicación oficial porque va más allá de los topes, mientras que la “realidad política” hace razonable la solución de darle el excedente de la campaña al partido de gobierno. Al final de cuentas, añadió, era la “fórmula del Frente Amplio” y es mejor que vaya para ahí y no al patrimonio personal de un dirigente.
