El viernes 18, el subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, informó que se había desbaratado una organización dedicada al ingreso de drogas “para distribución a gran escala dentro del mercado local” y con posible salida hacia al exterior, en el caso de la cocaína.
Por ese último delito fue condenado Pablo Leiva, que se desempeñaba como asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, y que a su vez es padre de Lucio Leiva, director de la Juventud del Partido Nacional y, además, otro de los asesores del edil.
A través de un acuerdo abreviado con la Fiscalía, Pablo Leiva fue identificado como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos, en modalidad de posesión y tenencia, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones, a la pena de 2 años y 6 meses de penitenciaría. Lucio, su hijo, y con quien compartía domicilio, también había sido detenido por la Policía, pero fue liberado por la Fiscalía por falta de pruebas que permitieran vincularlo con actividades de lavado de activos al momento de la audiencia.
Con la firma de los acuerdos abreviados, la investigación se cerró para las personas condenadas, pero no sobre los hechos delictivos o de otros posibles crímenes que puedan haberse cometido.
Al inicio de esta semana, el caso tomó otra dimensión y se profundizaron las derivaciones políticas. El edil Gómez es un dirigente que integra el sector Por la Patria (lista 250) del exsenador y actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, que también quedó enredado en la línea de investigación policial. A través de una publicación en la red social X, Eduardo Preve informó que un local de cobranzas Abitab perteneciente a Gandini y su esposa, Laura Scalabrino, podía haber sido utilizado como parte del esquema de lavado de activos.
Gandini respondió en la tarde del martes 22 con una conferencia de prensa en un salón del hotel Radisson. Allí señaló que no conocía a Pablo Leiva —sí a su hijo Lucio, militante y dirigente de su sector—, pero confirmó que era un cliente habitual de la red de cobranza desde hace al menos dos años y medio, un año antes de que su esposa adquiriera el Abitab. “Concurre al local no a cambiar dólares ni pesos, no hace ninguna otra operación que pagar dos recibos del Banco de Previsión Social (BPS) correspondientes a dos pequeñas empresas constructoras” y “en alguna ocasión ha pagado además la DGI (Dirección General Impositiva)”, dijo Gandini, quien también confirmó que lo hacía en efectivo por montos cercanos a $ 400.000, además de reconocer que desde el local lo llamaban para pedirle “cambio chico”, es decir, billetes de baja denominación. Billetes de $ 20, $ 50 y $ 100 suelen ser utilizados para comprar dosis de pasta base.
El eventual uso de locales de cobranza para blanquear dinero proveniente del narcotráfico es uno de los asuntos que podrá ser investigado por la Fiscalía.
Fuentes del caso dijeron a Búsqueda que Leiva actuaba como “gestor” de estas constructoras y otras empresas. Se ofrecía a hacer los trámites para pagar al BPS, obtenía los cheques correspondientes para abonar los importes, y pagaba en ese y otros locales con el dinero “sucio” proveniente del narcotráfico.
Las pericias
La Fiscalía de Estupefacientes de 1er turno, liderada por Angelita Romano, está a la espera del análisis de los datos surgidos de las pericias a los celulares que fueron incautados en el marco de este operativo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron a Búsqueda que la fiscalía aún no recibió el análisis final de los teléfonos, que es realizada por la Policía, y tampoco otras diligencias que también ordenó la Fiscalía de Estupefacientes, que son reservadas en etapa de investigación. “Las pericias demoran”, señaló la fuente. Sí realizaron un análisis primario de algunas comunicaciones con base en los hechos concretos que llevaron a las condenas.
A partir de la información que surja de los celulares, en caso de que aparezcan nuevos elementos que puedan relacionar a otras personas con los hechos, serán puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que lidera Enrique Rodríguez —si están vinculados con ese delito—, quien “determinará las acciones que correspondan”, dice un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación en la tarde de este miércoles 23 de setiembre. No obstante, también podrían surgir evidencias de otros delitos.
Otro elemento que se podrá sumar a las indagatorias serán los datos que se encuentren en las anotaciones de las cuadernolas que fueron incautadas en la casa de Leiva.
En la audiencia judicial donde fueron condenados los imputados, Romano confirmó que fueron recuperadas tres cuadernolas “con anotaciones” al lado de varios fajos de dinero que se encontraban sobre un mueble en el living de la vivienda de Leiva, junto con un celular, según surge de los audios difundidos por el periodista Preve.
En esa instancia, Romano aseguró que el 16 de setiembre la Policía constató que el líder de la organización criminal dedicada al narcotráfico, Henry Latorre, llegó a la casa de Leiva y le entregó un “paquete de considerables dimensiones” y luego una bolsa. De la investigación surgió que Latorre le entregaba dinero en efectivo producto de la venta de drogas. “Leiva adquirió el dinero con conocimiento de su procedencia ilícita, con la finalidad de su introducción en el sistema financiero en forma legal”, afirmó la fiscal.
La Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos se enteró del caso por la prensa, confirmó a Búsqueda la titular de esa oficina, Sandra Libonatti. A partir de ese momento, se pusieron a disposición de la fiscal. Además, inició su propio análisis sobre la posible ruta del dinero sucio y los actores que participaron en ella, indicó la jerarca.
La política entre la cautela, la alarma y la gestión de crisis
El sistema político procesa esta noticia en desarrollo con distintas miradas. En la noche del lunes 21, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió un comunicado en el que se expresó “alarma” ante las derivaciones y vinculaciones del caso con dirigentes del Partido Nacional. “El riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado requiere una celosa defensa por parte de nuestra fuerza política, de las instituciones, la confiabilidad del sistema político y sus instituciones”, dice el texto.
La diputada frenteamplista Julieta Sierra publicó en su cuenta de X que la situación también le resulta “alarmante”. Y señaló que intenta “mantener prudencia y cautela para no hacer una de más con algo que parece ser gravísimo”.
En el Partido Nacional navegan entre la cautela y la preocupación mientras se preparan para gestionar lo que admiten es una crisis, aunque bajo cuerda se empieza a hablar de una “operación política” surgida desde el Ministerio del Interior. Quienes sostienen esto dicen que hubo una filtración desde allí con datos, como el del uso de la red de cobranza de la esposa de Gandini, que Fiscalía no había manejado antes de la condena.
El tema no fue abordado por el directorio blanco, que sesionó este lunes 21 en Durazno. La mayoría de los dirigentes optó por esperar cómo sigue el caso antes de pronunciarse mientras se espera por las explicaciones del edil Gómez, que está de viaje en China y que regresará al Uruguay el próximo domingo 27.
Lo que prima hoy entre los blancos es el respaldo a Gandini, que aseguró que recibió llamadas de apoyo de “dirigentes de peso” y que incluso habló con el expresidente Luis Lacalle Pou. “Es un tipo que conoce de estas cosas y además me conoce a mí, mucho”, dijo en declaraciones a Radio Sarandí.
En diálogo con Búsqueda, Gandini resaltó que Gómez deberá explicar las razones por las que contrató como asesor a Pablo Leiva, a quien, insistió, no conoce. “Cuando saltó este tema llamé a Lucio, su hijo, para pedirle que me mande una foto de su cara. Yo nunca lo vi en mi vida”.
Gandini explicó que los dos asesores de su confianza que le sugirió contratar al edil Gómez fueron su secretaria personal, Irene Caballero, para temas de presupuesto, y a Carlos Correa, que trabaja en territorio. El resto de los cargos los definió el propio edil, aseguró Gandini.
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