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Durante ese Consejo de Ministros, el gobierno repartió, como informó El Observador, un documento de cuatro carillas con “lineamientos” para la elaboración del Presupuesto. Ese documento planteaba como objetivo el “desarrollo sostenible con justicia social, inclusión y equidad” y advertía que debido a las “condiciones fiscales existentes” el diseño del Presupuesto buscaría “reorientar el gasto en funcionamiento e inversiones hacia áreas prioritarias para el desarrollo”.
El texto incluía que tanto la creación de “nuevas actividades” como el “fortalecimiento de las actuales” o la aprobación de normativa tendrían que contar con una “debida justificación financiera y respaldo presupuestal, de manera de asegurar su viabilidad sin afectar la sostenibilidad del sistema, identificando los beneficiarios finales directos de la iniciativa presupuestal propuesta”. También se dio el mensaje de evitar “incluir nuevas rentas afectadas” o “créditos con ajustes automáticos”, mientras que la referencia tanto para gastos de funcionamiento como de inversión sería la “ejecución del ejercicio 2024”, sin contar gastos extraordinarios. En tanto, para la financiación de los servicios personales, la línea de base será el ejercicio de 2025.
“Las solicitudes de incremento en asignaciones vinculadas a retribuciones personales, tanto en el grupo 0 (recursos humanos) como en otros objetos asociados a la dotación de personal, deberán financiarse mediante la reasignación interna de créditos presupuestales, que será evaluada en el proceso de discusión presupuestal”, agregaba el documento firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Anunciaba además que “no se considerarán propuestas que impliquen aumentos salariales generalizados dentro de los organismos”.
Costos calculados y fundamentados
La necesidad de no aumentar las partidas de base y exigir justificaciones para cualquier iniciativa que pueda incrementar el gasto tiene base en la delicada situación fiscal con que el gobierno asegura que encontró el país. Oddone dijo en el gabinete que el espacio fiscal con el que el gobierno contará el próximo año es de apenas US$ 140 millones, según dijeron a Búsqueda varias fuentes del gobierno.
La cifra fue valorada como extremadamente “escueta” por varios jerarcas, que atribuyen la situación a gastos postergados y adelantos de impuestos llevados adelante durante el último año de la administración de Luis Lacalle Pou. Estos gastos fueron cuantificados por el equipo económico en cuatro décimas de puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
“Cuando miramos el resultado consolidado del sector público, el resultado fiscal es 4,2% del Producto Interno Bruto. Es un resultado elevado, parecido al de 2019. Pero cuando se agregan las cuatro décimas de gastos postergados estamos en 4,6% del Producto. Es el resultado fiscal más elevado en 35 años”, dijo Oddone el 8 de abril en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing.
Como una forma de controlar el gasto, el gobierno solicitó a los ministerios que envíen sus iniciativas para el Presupuesto Nacional con los respectivos costos calculados y fundamentados. Además, les pidió a cada una de las carteras que presenten su propuesta de articulado en dos tandas: un primer conjunto de artículos que no tienen costo aparejado y un segundo con costo presupuestal adicional. Para este último, el Ejecutivo exige de manera indispensable que se proyecte el costo correspondiente o de lo contrario no lo tendrá en cuenta, informaron a Búsqueda fuentes del gobierno.
