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“Secretaría antilavado” pedirá al gobierno detener modificación propuesta por el BCU para dejar de controlar a cambios y a cofres de seguridad
A instancias del Banco Central y sin consultar a la Senaclaft, el proyecto de Ley de Presupuesto incluye un artículo que elimina de las entidades a controlar aquellas que proveen servicios de cambio de divisas, lo que va en contra de las recomendaciones internacionales para combatir el lavado
El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.
En una decisión que tomó por sorpresa a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), el proyecto de Ley de Presupuesto incluye un artículo que elimina a los servicios de cambio de moneda y a las empresas de cofres de seguridad de la lista de entidades que deben ser controladas por el Banco Central del Uruguay (BCU).
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La Senaclaft decidió solicitar a la interna del Poder Ejecutivo que revise la medida por sus implicancias en el combate al lavado de activos y en las evaluaciones que hacen organizaciones internacionales sobre las políticas del país en la materia, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
El artículo 690 del proyecto de Presupuesto, de aprobarse en su redacción actual, modificaría el artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU, en el que se listan las “entidades supervisadas” por el organismo.
El literal B del artículo vigente dice que entran dentro de ese criterio “entidades que presten servicios financieros de cambio, transferencias domésticas y al exterior, servicios de pago y cobranzas, servicios de cofres, créditos y otras de similar naturaleza, exceptuando a las reservadas a las instituciones de intermediación financiera”.
La versión propuesta en el proyecto de Presupuesto elimina a los cambios y a los servicios de cofres. “Entidades que presten servicios financieros de transferencias domésticas y al exterior, servicios de pago y cobranzas, créditos y otras de similar naturaleza, exceptuando a las reservadas a las instituciones de intermediación financiera”, dice.
El inciso C del literal B detalla entre las reguladas a “Las casas de cambio, que podrán realizar actividades de cambio y conexas, transferencias domésticas, venta de cheques de viajero y servicios de cobranza y pagos”.
Ese apartado cambia por completo en el proyecto y refiere a “los emisores de activos virtuales estables”.
Los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto, de los cuales la Senaclaft no estaba al tanto, responden a un pedido específico del BCU. En los últimos días, la secretaría transmitió su preocupación por el tema a las autoridades del Poder Ejecutivo e intentará modificar la propuesta, dijeron las fuentes a Búsqueda.
Las recomendaciones internacionales
La idea de quitar a las casas de cambio y a los servicios de cofres del control del BCU, sin que implique asignárselo a otra entidad, provocó sorpresa en varios actores del sistema de combate antilavado.
El estudio Brum Costa emitió ayer en la tarde un comunicado en el que informa sobre las modificaciones previstas. Describe que eliminan del “perímetro regulatorio” de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU “las actividades de cambio, requiriendo obtener otras licencias para las actividades conexas que hoy realizan las casas de cambio (ejemplo empresas de transferencias de fondos por la transferencia doméstica de fondos, empresas de servicios financieros para operaciones de canje, prestadores de servicios de pago y cobranzas por pagos y/o cobranzas, etc.)”.
El documento recuerda que “se debe tener presente que” el Grupo de Acción Financiera Internacional, una entidad intergubernamental sobre el combate al lavado de activos, “incluye las operaciones de cambio dentro de las actividades comprendidas en la definición de instituciones financieras, recomendando su regulación y supervisión en materia antilavado”.
Participación en operaciones de lavado
Es que algunas casas de cambio han estado involucradas en varios casos de lavado y movimiento de dinero irregular, algunos de perfil alto.
La Senaclaft publicó el “Informe de tipologías nacionales en materia de lavado de activos 2015- 2023”, y allí detalla casos de blanqueo detectados y dice que entre los sectores “que las organizaciones criminales han utilizado para lavar sus fondos ilícitos” están los bancos, las casas de cambio, los casinos, los proveedores de servicios y los escribanos, entre otros.
En 2023, la Policía uruguaya llevó adelante la Operación Osiris. En ella desarticuló a una organización criminal del tipo familiar-barrial, “dedicada al microtráfico de sustancias estupefacientes en el territorio nacional”, que “adquirió un autoservicio (supermercado de menor porte) con la finalidad de dar apariencia de legalidad a los activos que iba generando a través del tráfico de estupefacientes”.
“Con los ingresos que generaba la organización en moneda nacional se compraban dólares, en diferentes casas de cambios de moneda, por parte de un conjunto de personas físicas cómplices de la organización, a través de una clara maniobra de fraccionamiento (conjunto elevado de operaciones en efectivo por pequeños montos de modo de no ser detectados por los controles o evadir umbrales)”, describe el documento de la Senaclaft.
Casas de cambio fueron usadas para mover dinero de la corrupción en el fútbol regional, en algunos casos para enviar a Uruguay coimas al entonces vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Eugenio Figueredo. El exdirigente de fútbol fue condenado por estafa y lavado de activos en 2018.
Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, elaborado para la Fiscalía, indica que el extitular de Conexión Ganadera Gustavo Basso tenía dinero en un cofre fort y realizaba operaciones a través de una casa de cambios propiedad de la familia, informó Brecha en junio.
En los últimos meses, una denuncia de estafa contra el exrugbista Gonzalo Campomar incluye una descripción detallada de cómo se usaba el cambio propiedad de su familia con el fin de recibir efectivo y usarlo en un mecanismo irregular para mover dinero hacia el exterior.
