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    Jorge Díaz sobre el gobierno de la coalición: “Hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer”

    “Recién ahora empezamos a tener el control total de la situación”, afirma el prosecretario de la Presidencia, que insiste en la importancia de crear un ministerio de justicia y anuncia que en dos meses enviará una “reforma integral” del Código del Proceso Penal al Parlamento

    “Todas las mañanas me levanto y cuando me afeito me convenzo: ya no soy más fiscal, soy político. Es como un ejercicio que repito tres veces frente al espejo y después salgo a trabajar”. Jorge Díaz todavía se está acostumbrando a su nuevo traje de político. Pero el cambio ya empieza a notarse en el tono y el contenido de su discurso. Acostumbrado a polemizar en los debates públicos, el prosecretario de Presidencia, exfiscal general, se muestra hoy más conciliador. “Este es un gobierno de diálogo”, insiste durante una entrevista en el ciclo Desayunos Búsqueda.

    Y enumera ejemplos: los líderes de la oposición fueron convocados por el presidente Yamandú Orsi a conversar luego de que se negaron a participar del “diálogo social” para discutir el sistema previsional y también fueron invitados a discutir el plan de seguridad con el ministro del Interior, Carlos Negro. Además, todos los intendentes recibieron una invitación del presidente a un encuentro en la estancia Anchorena. “Y fuimos a dialogar en la búsqueda de una solución para el Casmu, y fuimos a dialogar con los empresarios para resolver Neptuno y el Ferrocarril Central”, agrega.

    A ese diálogo apuesta Díaz para buscar la concreción de algunos de sus proyectos prioritarios, como la creación de un ministerio de justicia y una nueva reforma del Código del Proceso Penal (CPP). Y más diálogo será necesario para acordar el nombre de un nuevo fiscal de Corte, cargo ocupado de forma interina desde 2021 porque el sistema político no consigue ponerse de acuerdo.

    Con estos desafíos sobre la mesa y una oposición que se muestra confrontativa con el gobierno, Díaz dice que es “biológicamente optimista” y confía en que podrán superar el “ringui ranga” político.

    “La cárcel no es la respuesta para todo”

    Aunque se estrenó este año como político, Díaz ya había tenido una primera experiencia de militante tras la salida de la dictadura, primero en el Partido Nacional y luego en el Partido Comunista. La aprobación de la llamada “ley de caducidad” en 1986 fue el “parteaguas” que lo alejó de los partidos tradicionales y lo acercó a la izquierda. Pero con 27 años dejó el camino político, al que volvería décadas después, para ingresar a la carrera judicial. Carrera que culminó como juez de Crimen Organizado, cuando renunció para asumir al frente de la Fiscalía General de la Nación.

    Su gestión en el Ministerio Público estuvo marcada por la transformación del organismo en un servicio centralizado y la puesta en marcha de un nuevo proceso penal. Una reforma que hoy, a ocho años de su entrada en vigencia, dice que necesita “ajustes”.

    “Cuando la empezamos a discutir los que estaban en contra decían ‘no se va a aprobar’ y cuando se aprobó dijeron ‘no va a entrar en vigencia’. Cuando entró en vigencia dijeron ‘en dos meses se va a caer’. Y después nos corrían diciendo que era un código prodelincuente, que ataba de manos a la policía (…), pero hoy su aplicación arroja como resultado que tenemos 16.000 privados de libertad”, repasa Díaz. Y aunque el número récord de presos demuestra que el código no era tan benigno como decían sus críticos, el prosecretario admite que ahora hay que lidiar con el problema de la sobrepoblación carcelaria.

    “Tenemos un montón de privados de libertad condenados a penas cortas con problemas de patologías de consumo problemático de drogas y de salud mental, pero venimos de 20 años de campaña de orden y mando, de crear delitos, crear agravantes y aumentar penas, y la única solución ha sido cárcel, cárcel, cárcel”, dice. Y afirma que es necesario, además de quitar las prisiones de la órbita del Ministerio del Interior, “elaborar una verdadera política pública de cumplimiento de penas y de medidas cautelares, y no solo las privativas de libertad, sino fundamentalmente las no privativas de libertad. Tenemos que empezar a trabajar con esa mentalidad para los delitos menores. La cárcel no es la respuesta para todo”, sostiene. “Pero también, y acá va una autocrítica, tampoco la solución es abrir las puertas de las cárceles y no hacer nada. Si nosotros vamos a disminuir como tenemos que disminuir la población carcelaria, tenemos que tener medidas de cumplimiento de las penas en libertad con control efectivo y que no quede a la voluntad de Dios y que no los controle nadie. Porque eso ya pasó. Y eso la población lo entiende y lo asume como lo que es: impunidad”.

    Además del problema carcelario, Díaz afirma que llegó el momento de reformar el CPP de 2017: “Hoy los operadores del sistema de Justicia sabemos cuáles son los problemas y cuáles son las reformas que hay que hacer. No es volver al sistema anterior, como quieren algunos, pero sí dentro del sistema acusatorio, adversarial y público hay que corregir un montón de cosas”, afirma.

    Para eso, Presidencia formó un equipo de trabajo integrado por el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, la Fiscalía General y los ministerios de Interior y de Educación, además de especialistas y académicos, que está llevando a cabo una revisión integral del código. “En aproximadamente dos meses el Poder Ejecutivo podrá estar en condiciones de remitir al Parlamento ese proyecto”, anuncia Díaz. “Obviamente, las leyes se discuten y se aprueban en el Parlamento, pero el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y pretendemos aportar un insumo de calidad a esa discusión”, añade.

    Desayuno Jorge Diaz

    Fiscales y políticos: una “tensión natural”

    “Los fiscales en el mundo entero tienen un rol protagónico fundamental porque son la institución que se encarga de la investigación y la persecución criminal”, dice Díaz en respuesta a quienes atribuyen al nuevo CPP haber dado un poder excesivo a la Fiscalía. “En todos los países hay tensión entre política y Justicia”, afirma. “La tensión es natural porque, en la medida que el sistema político lleva sus problemas al sistema de Justicia para resolverlos porque no es capaz de hacerlo, el sistema de Justicia se mete a investigar al sistema político. La única manera de que no se generara una tensión sería que no se investigara la corrupción. (…) Esa tensión es natural en el mundo entero. No vivimos en una aldea en Uruguay. No podemos evitar que pase lo que pasa en España, lo que está pasando hoy en Brasil, lo qué pasó con Lula, con Bolsonaro, lo que está pasando con Cristina (Fernández de) Kirchner”.

    Al ser consultado sobre si también son “naturales” los duros ataques que recibieron las fiscalías que investigan al intendente blanco Guillermo Besozzi y al exsenador frenteamplista Charles Carrera por presunto mal uso de los dineros públicos, Díaz advierte que “lamentablemente” en Uruguay se elevó “el tono” y se adquirieron “hábitos de otras partes del mundo”, como “discursos de ceño fruncido, puño crispado y voz grave” que calan “en algunos sectores, por suerte minoritarios”. Y contrasta esas reacciones con el “temple” que demostró Orsi cuando, durante la campaña electoral, fue blanco de una denuncia falsa por una supuesta agresión a una trabajadora sexual: “Aun en esas condiciones de agresión tan bajas, nunca perdió el talante”.

    La herencia del gobierno de Lacalle Pou

    La transición con el gobierno de la coalición republicana, comandado por Luis Lacalle Pou, fue “a la uruguaya en cuanto a la tranquilidad y caballerosidad, pero no tan uruguaya porque en algunos sectores la información que recibimos no fue plena y no fue de calidad”, dice Díaz. Y critica la debilitada situación económica que heredaron: “Una situación fiscal que el ministro (de economía Gabriel) Oddone ha calificado como la peor situación fiscal de los últimos 35 años”.

    “Hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer: aumentaron el déficit, aumentaron el gasto y aumentaron la deuda”, reprocha Díaz. “¿Es manejable? Sí. Con el gobierno y el equipo económico encabezado por Oddone lo vamos a resolver y vamos a salir de esta situación, pero también le tenemos que plantear a la población cuáles son las restricciones que tenemos”, advierte.

    Para Díaz una de las herencias más complicadas fue el proyecto del Ferrocarril Central. “Nos reunimos con la ministra Lucía Etcheverry y con el ministro de Transporte saliente en enero, en la Torre Ejecutiva. En ese encuentro se nos informó que había una deuda por disponibilidad de 50 millones de dólares. Sin embargo, el 28 de febrero recibimos una intimación del consorcio reclamando 150 millones, y hubo que pagar esa disponibilidad de inmediato y sentarse a negociar”, relata. Aún hoy se continúa discutiendo la deuda correspondiente a la etapa de construcción, dice.

    También cuestiona la firma del proyecto Neptuno, concretada por el anterior gobierno 10 días antes de dejar el poder: “Se hizo a pesar de que el nuevo gobierno había solicitado expresamente que no se innovara en ese tema. Y nos obligó a sentarnos con el consorcio a negociar en forma silenciosa, profesional, con alta política y con un gran sentido de la responsabilidad, también de las empresas privadas, para poder no hacer algo que entendíamos que desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y financiero no había que hacer”, afirma.

    Con todos los asuntos que surgieron para resolver tras la transición, “recién ahora empezamos a tener el control total de la situación”, dice Díaz.

    Desayuno Jorge Diaz

    El rol de Díaz en la coordinación de las estrategias de seguridad

    Desde su rol en la Presidencia, Díaz tiene bajo su responsabilidad la coordinación de estrategias de seguridad, como el recientemente creado Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico y la Comisión Coordinadora de Lucha contra el Lavado de Activos. “Hay un conjunto muy grande de organizaciones del Estado que cumplen funciones de prevención y de represión en materia delictiva, y hay que coordinarlas, amalgamarlas, organizarlas porque, si no, corremos el riesgo de que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda. Y esa es una de las tareas que el presidente me ha asignado”, afirma.

    En este momento se está trabajando en un plan para que todos los organismos del Estado que deben intercambiar información en materia de seguridad “lo puedan hacer a través de un sistema seguro”, informa Díaz. “Probablemente antes de fin de año lo tengamos ya funcionando para que la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos) pueda acceder al banco de datos de la DGI (Dirección General Impositiva) o del Banco Central y no tener que estar, como se investiga hasta ahora, mandando oficios de acá para allá que demoran meses”, explica.

    El relato sobre su “poder” y el ministerio de justicia

    “Cuando hablamos de crear un ministerio de justicia, no estamos inventando la rueda. Este ministerio existe prácticamente en todo el mundo. En los 10 países con mejores estándares en Estado de derecho, todos cuentan con un ministerio de justicia”, sostiene Díaz para defender la propuesta del Frente Amplio. A su entender, “ya había un acuerdo conceptual” en el sistema político sobre “por qué es necesario”, y por eso la creación del ministerio estaba en los planes de gobierno del Partido Colorado y del Partido Nacional.

    “Podemos discutir su implementación, claro, pero hagámoslo desde lo conceptual. Ponerle nombres propios a la discusión solo embarra la discusión y no resuelve el problema de fondo”, dice, en referencia a las voces de la oposición que se resisten a que sea él el futuro ministro de justicia.

    “Es posible” que la iniciativa legislativa para crear el nuevo ministerio se concrete este mismo año, dice Díaz, sea a través de la Ley de Presupuesto o en una norma separada. El prosecretario subraya que el nuevo ministerio debería ocuparse de garantizar derechos “básicos, de primera generación”, como el acceso a la Justicia. Sobre si él va a liderar la cartera, subrayó que el titular será designado por el presidente: “Si mañana se aprobara el ministerio, el actual mandatario designaría a alguien, y en la próxima elección lo haría el siguiente gobierno. Por eso, tenemos que pensar con luces largas y enfocarnos en soluciones que realmente mejoren la vida de la gente”.

    También aspira a que el sistema político pueda sentarse a conversar para acordar el nombre de un fiscal de Corte para llenar el cargo que hoy ocupa de forma interina Mónica Ferrero, además de las vacantes que se abrirán en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la renovación del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. La invitación de los senadores colorados Pedro Bordaberry y Tabaré Viera para crear un ámbito de negociación es para Díaz una señal alentadora. “Son temas imprescindibles y que hacen a la calidad democrática del país”. Y aunque la tónica del sector Vamos Uruguay no sea representativa de toda la oposición, Díaz dice que el oficialismo insistirá con el diálogo, “con el mismo tono, la misma actitud y la misma conducta de la mano tendida, de la propuesta”.

    Y a los dirigentes de la oposición que ven con recelo el “poder” que acumuló el jerarca como fiscal de Corte y que le siguen atribuyendo hoy en el gobierno los tranquiliza: asegura que esa imagen de él como el “poder en las sombras” no es más que un relato. “En la era de Steve Bannon se construye el relato y no importa si es verdad o es mentira”. “Formo parte de un equipo y como parte de ese equipo por primera vez tengo un jefe directo al que tengo que responder”, asegura, y, mientras se sonríe, agrega: “Me ha costado un poquito, pero acato”.

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