—¿Por qué decide sumarse al gobierno de Yamandú Orsi?
—Cuando me fui de la Fiscalía, me fui quemado con leche. Dice el refrán que el quemado con leche ve la vaca y llora. Me fui con la idea de no volver nunca más a la función pública. Me costó bastante empezar de nuevo a vincularme a la actividad política. Hay una parte, el bichito político que llevás adentro, que siempre reaparece. Y por otro lado, está el efecto Yamandú. Fuimos construyendo una relación de confianza. En el discurso de Yamandú el acceso a la Justicia aparece con mucha fuerza. Empezamos a hablar mucho sobre ese tema, sobre seguridad, inteligencia… empezó como una especie de asesoramiento personal, de ida y vuelta, de diálogo, de charla. Luego eso se fortaleció muchísimo cuando le presentan la denuncia falsa; inmediatamente me llamó, nos reunimos en casa, y me pidió que arme el equipo de defensa. Ahí creo que el ser humano Orsi me fue ganando y poco a poco me fui enganchando. Y cuando llegué al punto de no retorno, Yamandú me pidió que lo acompañara. Aparece un desafío grande de poder incidir en un montón de problemas que el país tiene. Los problemas de seguridad que enfrenta Uruguay, que son absolutamente inéditos, las tasas de homicidio, la situación de crimen organizado, siento que desde esa óptica, desde lo técnico pero también desde lo político, puedo aportar mucho.
—Al final de su gestión en la Fiscalía no logró que designaran a un sucesor. ¿Eso también lo molestó?
—Eso fue como la perla final. Fue un poco frustrante ese proceso porque yo pensaba que el sistema político había entendido la importancia del cargo del fiscal de Corte, dada la reforma y la nueva institucionalidad de la Fiscalía, y que iba a ser un proceso de transición corto. Y hasta el día de hoy seguimos en una situación que creo que no le hace bien a la institucionalidad de la Fiscalía, de que no haya un fiscal o una fiscal titular.
—Habla del tema seguridad como prioritario. ¿Su trabajo en la Prosecretaría tendrá como foco la seguridad?
—La Prosecretaría tiene un montón de tareas muy importantes. Es impresionante el volumen de cosas que hay en Presidencia. Hay una tarea técnico-jurídica y política, de filtrar y preparar qué es lo que le llega a la firma del presidente. Y la Prosecretaría tradicionalmente tiene funciones en la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría de Drogas, en Agesic, la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo). Todas esas unidades tienen un componente muy fuerte en materia de seguridad, sobre todo desde la perspectiva de un plan de gobierno que coloca el combate al lavado de activos como uno de sus componentes fundamentales. Hay una dirección, la Secretaría Nacional de Inteligencia, que tiene que cumplir un rol que hoy a mi juicio no está cumpliendo. Hemos hablado a lo largo de la campaña de que la seguridad tiene un componente preventivo y un componente represivo. La crítica a este gobierno es que ha centralizado el foco en la represión y específicamente dentro de la función represiva en la Policía. Es importante entender que la Policía es una parte fundamental pero no exclusiva de la seguridad, que hay otros organismos que están comprometidos: la Fiscalía, la Aduana, la DGI, el BPS, la Senaclaft, Agesic, el Banco Central, y necesariamente tenés que tener una coordinación aceitada que permita que eso funcione, que la partitura esté bien ejecutada. Está todo lo que tiene que ver con prevención, pero también la parte represiva, y ahí tenés el Ministerio de Defensa con la Policía Aeronáutica, la Prefectura, el Ejército en la zona fronteriza, la guardia perimetral de las cárceles, el Ministerio del Interior. Es una orquesta que si toca desafinada, ganan los otros, entonces hay que dirigir esa orquesta y hay que trabajar. Esa tarea el único organismo que la puede hacer es la Presidencia de la República. Lo que no puede pasarnos es que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda. No nos puede pasar un pasaporte de Marset de vuelta, donde la Dirección de Drogas sabía quién era Marset, pero Interpol no tenía ni idea. Y donde la Dirección de Drogas, en vez de preguntarle a Interpol le pregunta a la Cancillería a través de WhatsApp. Eso es la desprofesionalización de la inteligencia. Ahí tenés una orquesta que toca desafinada.
—¿Y es usted el que va a dirigir la batuta?
—Voy a participar desde la Presidencia en el rol que el presidente de la República me asigne. Pero evidentemente mi experticia pasa por esos temas. Los todólogos no sirven, hay que distribuir los roles de acuerdo a las capacidades de cada uno. Y habrá un secretario, como el Pacha Sánchez, que tiene un peso político muy fuerte, que va a tener sus funciones también. Hay un presidente que tiene dos alfiles, que tendremos que trabajar codo con codo.
Hay un tema que me parece muy importante. Uruguay tiene un valor agregado, que es la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos. Uruguay vende estabilidad, seguridad jurídica, que permite generar clima de negocios, inversión que el país necesita para crecer. ¿Por qué digo esto? Porque dos por tres aparecen comentarios que ponen eso en duda. Hay que transmitir la certeza de que Uruguay tiene y tendrá ese valor agregado que es estabilidad y seguridad jurídica. Eso no se va a perder, no se va a retroceder ni un milímetro.
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—¿Cree viable que se apruebe durante este período el Ministerio de Justicia?
—El Ministerio de Justicia está en el programa de gobierno del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Si cumplimos con los programas de gobierno, se debe crear en este período. Es absolutamente imprescindible. No sé si en el primer año, en la ley de Presupuesto, o el segundo año. Requiere también de procesos de consenso.
—¿Está previsto que usted lidere ese ministerio, en caso de que logren su creación?
—No está conversado previamente.
—¿Van a dar prioridad a la designación de un nuevo fiscal general?
—Hay que resolverlo. Es la institución encargada de la persecución criminal y hoy está en manos de una persona que nadie votó para estar ahí. Mantener un subrogante en un organismo tan importante durante mucho tiempo es un problema. La situación actual es insostenible. Es necesario que la institución encargada de la persecución criminal tenga al frente a alguien con respaldo político. Después se puede discutir si, como propone Conrado Rodríguez, hay que acortar el período de 10 a seis años. Me pareció razonable, en lo personal, no lo he hablado con el presidente. Ese tipo de negociaciones hay que entablarlas. Cuanto más consenso tenga, mejor. Hay que hacer eso y hay que modificar el Consejo de Instrucciones Generales, y hay que dictar instrucciones generales. La política criminal se marca a través de la ley, pero también a través de las instrucciones. Durante los últimos cuatro años no se dictó ninguna. Seguimos con las que se dictaron en la época de Díaz. Me parece gracioso porque estaban todos esperando el día de gloria cuando el anticristo se iba de la Fiscalía. Y resulta que el día que el anticristo se fue no se designó fiscal, no sé convocó nunca más el Consejo y el equipo que está trabajando hoy en la Fiscalía sigue siendo más o menos el mismo que estaba con el anticristo.
—¿Qué nombres tienen en mente para la Fiscalía?
—No tengo nombre. Es un tema del presidente. Si me pide que le proponga, lo haré. Le propondremos nombres. Pero depende del consenso. Lo que no va a pasar es que durante tres años el Poder Ejecutivo no mande ningún nombre. Eso no puede pasar. Porque la responsabilidad es nuestra. Somos mano. Tenemos un problema demasiado serio en materia de seguridad y es demasiado importante el tema de la Fiscalía como institución encargada de la persecución como para dejarlo como que no pasa nada.
—Ha insistido mucho en el tema seguridad. ¿Cuán preocupada tiene que estar la población? El exdirector de Policía Mario Layera dijo años atrás que Uruguay estaba en camino a ser un país centroamericano.
—No me gusta hacer ese tipo de comparaciones, pero hay un dato de la realidad. En 2009 dije que en Uruguay no había sicariato porque la oferta no se había encontrado con la demanda. Y que había una barrera o un dique cultural que impedía que la oferta se juntara con la demanda. Me dijeron de todo, porque siempre la frase es “en el Uruguay eso no va a pasar”. Hoy el sicariato está instalado en Uruguay con una fuerza impresionante y muchos de los homicidios son homicidios por encargo. La tasa de homicidio, la media histórica de Uruguay, es cinco o seis cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en una tasa del 11, casi 12 cada 100.000. Se duplicó. No estoy hablando de este gobierno. Yo ahí no lo divido en procesos de cinco años. Tenemos que quebrar eso. No puede ser que ahora tenés dos departamentos, que son Montevideo y Riviera, que tienen tasas de más de 15 cada 100.000. Y tenés tres departamentos, Artigas, Durazno y Rocha, que están por arriba de la media. Tenés tres seccionales policiales en Montevideo —datos cerrados a 2023— que tienen 37, 35 y 32 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso es Centroamérica en Montevideo. Tenemos un problema grave y hay que afrontarlo. Por algo es el tema que más preocupa a los uruguayos. Estoy harto de la discusión política de “mis muertos, tus muertos”. Harto. ¿Sabés por qué? Porque entre los muertos está la madre de mis hijas. Yamandú ha dicho que hay que convocar a todos los partidos, hablar con todos y buscar soluciones, tiene que ser una orquesta que toque afinadamente. Es un problema grave y estamos cada vez peor.
—Habla de mejorar la coordinación en materia de seguridad desde la Presidencia de la República. Organismos internacionales han cuestionado, por ejemplo, que la secretaría antilavado dependa de la Presidencia. ¿Acumular poder en Presidencia, que tiene escaso control parlamentario, es la mejor solución de diseño institucional?
—Habrá que estudiarlo y analizarlo. Hoy la realidad es esa. Pienso, por ejemplo, que la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) no debería estar dentro del Banco Central, o si está, debería tener el mismo rango o una carrera independiente. Lo que tenemos que evitar es la rotación de funcionarios, porque hoy son pases en comisión. ¿Qué acumulación positiva tenés si un funcionario va a trabajar cinco años, cambia el gobierno y se va porque es un pase en comisión? Gastamos plata inútilmente en la formación de gente que después la usamos para otra cosa. Lo mismo pasa en la Policía. Ahora, evidentemente el diseño institucional uruguayo no es el adecuado, eso lo marcan los organismos internacionales, pero nosotros no lo hemos discutido en la interna. Dependerá de lo que resuelva el presidente o de alguna modificación legislativa.
—¿Pero es deseable una acumulación de poder en un tema tan sensible en Presidencia?
—La situación de hoy es un proceso de acumulación de muchos años y evidentemente habrá que analizar cuál es el estado de situación. No te puedo contestar esa pregunta de qué es lo que vamos a hacer porque no depende de mí. Quizás sea hora de que en algunas cosas escuchemos recomendaciones de los organismos internacionales, pero eso hay que analizarlo y debatirlo. Sé que es una crítica, pero también sé que pese a esa críticas se siguen acumulando cosas. Es un dato de la realidad. Me parece que la creación del Ministerio de Justicia puede ayudar a descentralizar un montón de cosas, a reordenar organismos dentro del Poder Ejecutivo, a transversalizar, a no despilfarrar tantos recursos.
—¿Cree que el directorio de la “junta anticorrupción”, que participa en el combate al lavado, debe estar integrado por representantes de los partidos políticos, como hasta ahora?
—Esa es una decisión que va a tomar el presidente. Mi recomendación se la voy a dar a él, no a través de la prensa. No lo hemos hablado todavía.
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Javier Calvelo / adhocFOTOS
—¿Este gobierno debería revisar el Código del Proceso Penal y el Código Penal?
—Creo que sí. Es un rol clásico del ministerio de justicia, la revisión permanente de normas. Evidentemente en la Ley de Urgente Consideración se hicieron algunos cambios que creo que hay que revisar, y hay que ver qué otras modificaciones hacer. Hay que ir a una profundización del modelo acusatorio, que es absolutamente imprescindible, y reinstalar algunos institutos que fueron derogados. Pero no solo, creo que incluso una revisión técnica, porque el propio proceso de acumulación de reformas quizá hoy requiera una revisión integral. Eso se puede hacer desde el Poder Ejecutivo, y enviar un proyecto al Parlamento. No es que esté definido, pero podría ser una posibilidad.
Y el Código Penal es la asignatura pendiente. Hay que entrarle, y el Poder Ejecutivo va a tener que jugar un rol importante en la iniciativa.
—¿Hay que modificar la LUC entonces?
—En lo que es mi especialidad, me parece que sí. No sé si hay que hacer una revisión integral de la LUC. Hay cosas que naturalmente, en la medida que vayas modificando algunas cosas, vas a ir modificando la LUC. Hay temas puntuales de esa y otras leyes que hay que revisar.
—El gobierno actual tiene que seguir tomando decisiones hasta el 28 de febrero. ¿Tienen acordado algún intercambio previo cuando esas decisiones involucren cuestiones que se implementarán en el próximo período?
—Si el presidente entiende que hay que consultar, discutir, dialogar, pedirá opinión, y hay otros temas que los dejará para el gobierno siguiente. Pero ese orden de prioridades lo define el gobierno actual. Hay un clima de colaboración importante, hasta ahora de máxima colaboración. Estamos haciendo una transición a la uruguaya, vamos a decir, sin ruidos en la línea hasta ahora de ningún tipo.
—Durante la campaña se discutió mucho sobre la palabra desprisionalización, que estaba en el programa del Frente Amplio. ¿Será un tema prioritario intentar reducir la cantidad de presos?
—La situación carcelaria es una preocupación muy grande y es parte del problema de seguridad. Tenemos una tasa de prisionización altísima, un conjunto de gente condenada a penas cortas que terminan siendo un problema, porque en realidad los mandás a hacer un curso intensivo a la escuela de crimen. Hay que trabajar en infraestructura, en adicciones, porque la enorme mayoría de los privados de libertad son jóvenes, analfabetos, pobres y adictos. La población carcelaria aumentará o disminuirá como consecuencia directa de las normas penales que tenga el país, y de acuerdo a si disminuyen o aumentan los delitos. Creo que no hay que ser naif en esto.
—¿No está prevista una ley de humanización del sistema carcelario como la que se aprobó en el primer gobierno del Frente Amplio?
—No, no está en el horizonte.
—El Frente Amplio ha sido muy crítico con cómo investigó la fiscal Gabriela Fossati presuntos delitos cometidos en la Torre Ejecutiva. ¿Cree que el próximo gobierno debe revisar lo que pasó en Presidencia en este período?
—A mí, el presidente de la República no me va a contratar para ser fiscal, para salir a investigar las cosas que pasaron, me contrata para ayudarlo a gobernar, y un gobierno debe mirar hacia adelante. Obviamente, si encontrás situaciones irregulares, sí, se van a investigar, no se va a tirar bajo la alfombra. La Justicia está interviniendo, hay un expediente abierto con un conjunto importante de denuncias. Si la Fiscalía está actuando, la apoyaremos, nos pondremos a disposición; no es el gobierno el que tiene que salir a investigar, porque si no, empezamos a subvertir roles y lo más importante es la institucionalidad.
—Casos como el de Fossati, que pasó a la actividad política, ¿generan desconfianza en la imparcialidad de la Fiscalía?
—Sobre la actuación de la doctora Fossati prefiero no opinar. Primero porque desconozco el expediente o la carpeta de investigación. He leído un recurso que presentó la doctora Sabrina Flores, donde cuestiona la actuación de su colega fuertemente. Veremos qué es lo que resuelve el Tribunal de Apelaciones y veremos qué es lo que resuelve la jerarca que está a cargo de la Fiscalía. Lo que no está bueno es que alguien que investiga al gobierno en funciones renuncia, se jubila y, menos de un mes después o dos meses después, ingresa al partido político del presidente y empieza a militar a favor. Creo que es fácil sacar las conclusiones sobre eso, ¿no? Evidentemente, no le hace bien a la administración de justicia.
Carolina Ache se retira de Fiscalía tras declarar. Foto: captura VTV Noticias
Jorge Díaz, abogado de Carolina Ache.
Captura VTV Noticias
Carolina Ache tomó todas las decisiones
—¿Su designación no le da la razón a aquellos que argumentaban que como abogado de Carolina Ache estaba operando para el Frente Amplio?
—Como abogado de Ache defendía a la ciudadana Carolina Ache y sigo siendo su abogado. Y lo voy a seguir siendo por lo menos hasta el 28 de febrero. Creo que esa afirmación es agraviante, no solo conmigo, sino agraviante con mi cliente, porque las decisiones las tomó mi cliente. El abogado asesora o aconseja, plantea un menú de opciones, las decisiones las toma el cliente. En este caso, las decisiones las tomó siempre Carolina Ache. No creo que Carolina Ache haya tenido intención de favorecer el triunfo del Frente Amplio. Puedo tener muchos sombreros, pero separo los sombreros cuando actúo como abogado.
