Gobierno dice que fallo del TCA sobre acuerdo con Katoen Natie “despeja” restricciones para el puerto

La jerarca entiende que el Tribunal echa luz en cuanto a que el acuerdo “modificó las reglas de juego de la actividad portuaria”. “No estoy haciendo ningún juicio de valor, es un dato objetivo y el TCA, en lo sustantivo, le está dejando en claro al gobierno que en su momento impuso las condiciones recurridas especialmente, y al Estado, que esto no se ajustó a derecho”.

Consultada sobre si el fallo abre espacio para renegociar algún punto del contrato firmado en 2021, la jerarca apuntó que se está “analizando si hay otras derivaciones y eventuales consideraciones en una sentencia que tiene 90 páginas, con muchísimas normas de diferente jerarquía referidas”.

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Cruces triunfalistas

El exministro de Transporte Luis Alberto Heber dijo el miércoles 4 en una conferencia de prensa que el fallo, fechado el 17 de diciembre y dado a conocer por El Observador el martes 3, ratifica la política portuaria promovida por el gobierno de la Coalición Republicana.

Apuntó que “quedó probado que Montecon no tenía una terminal especializada”, que la prórroga de la concesión hasta el 2081 “es legitima” y que TCP “no tiene exclusividad en la operativa de contenedores, sino una prioridad”.

Además, aseguró que quedó “firme” el reglamento de atraque establecido “porque no genera un monopolio”, uno de los principales temas de discrepancia y polémica en la opinión pública con los representantes del Frente Amplio, que llegaron a impulsar acciones en la Justicia Penal.

En la conferencia de prensa, el expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, aseguró que el alcanzado con Katoen Natie “fue un gran acuerdo” para Uruguay y señaló que en los últimos años se dijeron “muchas mentiras” e “inexactitudes” afirmando que la administración de Luis Lacalle Pou había “entregado el puerto”.

En tanto, el exsecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, catalogó como “muy importante” el fallo del Tribunal porque da “certeza jurídica”.

“El TCA fue contundente, el acuerdo con Katoen Natie es legal. (...) La actuación de nuestro gobierno queda reivindicada”, publicó en la red X el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Katoen-Natie

Con la misma convicción, pero desde la vereda política contraria, el exsenador frenteamplista Charles Carrera señaló en la misma red social que el pronunciamiento del TCA, al anular parte de un decreto dictado por el gobierno anterior, “confirma” que “mediante un acuerdo ilegal e inconstitucional se alteró el paradigma de la Ley de Puertos, con consecuencias graves para el país”.

Carrera añadió en la publicación con un estilo triunfante: “Hoy, se recuperan facultades regulatorias que nunca debieron cederse, pero también quedan a la vista los daños y perjuicios provocados a los trabajadores, empresas e interés nacional. (...) El Estado no puede renunciar a potestades constitucionales por contratos con privados. Este fallo es un paso en la dirección correcta, reafirma la libre competencia”.

El comentario fue republicado por el actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jorge Polgar, con la afirmación “Confirmado: la entrega del Puerto es ilegal. Se abre el camino para recuperar soberanía y competitividad”.

Mientras se da este cruce político, el Poder Ejecutivo trabaja en torno a la definición de un “esquema tarifario claro” en los puertos y en aclarar superposición de roles de la ANP, según declaró la semana pasada a Búsqueda el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

“Tenemos que avanzar en definir un esquema tarifario claro, tenemos un esquema tarifario antiguo, definido por la tarifa de mercadería y tenemos un esquema de gobernanza, de organización institucional del puerto, difuso”, declaró. Y agregó: “La ANP hoy es socia de un operador portuario, la gestora y dueña del espacio portuario y a su vez es el regulador portuario”. Oddone alegó que sobre esos temas se está trabajando con el Ministerio de Transporte, con la ANP y el Instituto Nacional de Logística.

Puerto-Montevideo

Lo que anula el fallo

Tras el acuerdo firmado en febrero de 2021 con Katoen Natie —accionista mayoritario en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), una sociedad en la que la ANP tiene una participación minoritaria—, Montecon, el competidor principal que opera contenedores en los muelles públicos, impugnó ante el TCA los dos decretos (114 y 115) que instrumentaron y llevaron a la práctica aquel contrato.

Ahora, el TCA anuló una cláusula —la 3.5.4— del decreto 114, confirmó el resto de las disposiciones de ese acto administrativo y ratificó el 115, que estableció un nuevo Reglamento General de Atraque de Buques en el Puerto de Montevideo.

En cuanto a la única cláusula que se anula, el texto alega que “impide, salvo excepciones, el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada” durante el lapso de concesión que hasta 2081 se le adjudicó a TCP, “por lo que asegura un monopolio de terminal especializada” hasta entonces.

Aclara que la configuración del monopolio no se da por la concentración de la operación de contenedores en la terminal especializada, sino que “queda consagrado en la cláusula 3.5.4. en la medida que solamente una empresa podrá obtener esa concesión hasta 2081, vetando la posibilidad de que otras empresas se postulen a dichos efectos y ejerzan la libre competencia entre entidades con la misma calidad —concesionarias—, salvo excepción vinculada a la ocupación”.

Sobre este asunto, Ferrés dijo que tiene algunas “diferencias jurídicas”, pero que son “absolutamente respetables”.

La decisión del TCA fue celebrada por TCP el martes 3. En un comunicado público, la empresa valoró que confirma la “legalidad y legitimidad” de los decretos recurridos, lo cual “representa una confirmación de la vigencia del acuerdo” y un “saludable respaldo al marco jurídico vigente para la operación de contenedores”.

A mediados de enero, los accionistas de Montecon —la chilena Neltume Ports y la canadiense Atco— y el gobierno acordaron extender por 90 días el plazo de negociación que se habían dado y que dejó en stand by el arbitraje internacional que se había iniciado contra el Estado uruguayo, en el que reclamaban más de US$ 600 millones.