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El abogado, exsecretario de Presidencia y exfiscal de gobierno Miguel Ángel Toma se integró a un equipo de trabajo de Presidencia de forma “honoraria” que trabaja en el arbitraje internacional iniciado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo, según pudo saber Búsqueda con base en fuentes de Torre Ejecutiva.
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Toma pasará a colaborar con un equipo que es liderado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y que también está integrado por el director general de Presidencia, Diego Pastorín, entre otros abogados. Según dijeron fuentes de Presidencia, el exjerarca “no quiso percibir ningún tipo” de honorario por su colaboración.
En abril, el Estado uruguayo obtuvo un fallo favorable en París, cuando la Corte de Casación de Francia falló que los herederos del dueño de Aratirí, el empresario indio Pramod Agarwal, no tenían “legitimación activa” para iniciar una demanda de más de US$ 3.500 millones contra Uruguay. La decisión revirtió un fallo que le había dado la razón a los herederos.
El dictamen en Francia no cierra todas las vías legales de los reclamantes, quienes consideran que el gobierno uruguayo incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido cuando definió el cierre del proyecto minero de Aratirí.
Con su incorporación al equipo, Toma volvió a las oficinas de la Presidencia de la República después de una salida complicada. En 2021, el exsecretario de Presidencia quedó en medio de la polémica después de que Búsqueda informara que la Junta de Transparencia y Ética Pública había archivado, en una votación dividida, una investigación sobre presuntas irregularidades de Toma en misiones oficiales. Había viajado a Italia y a Estados Unidos para participar en los juicios internacionales de Aratirí y el Plan Cóndor junto con la contadora Giuliana Pérez, funcionaria que logró contratar en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, sin que existiera una justificación clara para su participación.
El gobierno de Luis Lacalle Pou decidió iniciar una investigación administrativa, tras la cual lo sancionó con una suspensión de seis meses del cargo que ocupaba entonces como fiscal de gobierno. Toma recurrió la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que, sin embargo, confirmó por unanimidad la sanción del Poder Ejecutivo.