Caggiani definió la negociación parlamentaria como “una prueba de fuego”. Dijo que el acuerdo representa “un punto medio” entre la propuesta inicial del gobierno y el Frente Amplio y el planteo realizado por legisladores blancos, colorados y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. La oposición se había resistido en la primera votación en Diputados a aprobar un aumento de la contribución de los activos y exigir un aporte a los pasivos, por lo que la iniciativa del Ejecutivo había naufragado parcialmente en la Cámara Baja, donde el Frente Amplio no tiene mayoría.
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez expresó en la sesión de ayer miércoles que finalmente se alcanzó un “acuerdo bicameral”, del que participaron diputados y senadores, y celebró la actitud del gobierno y la oposición por haber dejado de lado “las mezquindades”.
Por su parte, el presidente de la “caja de profesionales”, Daniel Alza, informó a Búsqueda que si desde el Ministerio de Economía y Finanzas le transfieren los fondos antes del 27 de julio, el 31 la caja podrá pagar la totalidad de las jubilaciones y pasividades sin necesidad de fraccionar los pagos en dos cuotas.
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Daniel Alza, presidente de la “caja de profesionales”
Javier Calvelo / AdhocFotos
El reparto del costo
El proyecto aprobado prevé aportes a la caja por US$ 160 millones al año en promedio: el 34% proveniente de activos, el 16% de pasivos y el 50% de “la sociedad”, como lo presentó el oficialismo. En cuanto a los activos, la tasa de aportes implica US$ 31 millones y la convergencia con el sistema previsional general, que postergó la edad jubilatoria, se estima que brindará US$ 23 millones. De los pasivos se recaudará US$ 25 millones al año. Rentas Generales aportará US$ 62 millones (el proyecto que envió el Ejecutivo establecía un aporte de casi la mitad, US$ 32 millones) y la recaudación por timbres profesionales se calcula en US$ 19 millones.
La iniciativa mantiene el aporte de los activos en 18,5 de su salario ficto en 2025, y faculta al Poder Ejecutivo a aprobar sucesivos aumentos a partir del año que viene: a 20,5% en el año 2026, a 21,5% en 2027 y a 22,5% en 2028. En un lapso de 90 días después de aprobado el aumento, los afiliados podrán manifestar su intención de “aportar en base a un sueldo ficto menor”. Sotelo dijo que esta suba de la tasa de aporte a los activos es “una invitación a que baje la cantidad de aportantes y el dinero que se recaude”, por lo que configura “una solución posible” y ”transitoria”, ”inestable” y ”con futuro acotado”.
La contribución de los pasivos se estructura en tres franjas: un monto no imponible hasta seis Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que equivale a $ 39.456; de seis a 10 BPC, es decir, pensiones y jubilaciones de hasta $ 65.760, el aporte será de 2%, y desde ese monto en adelante, de 5%. La iniciativa enviada por el Ejecutivo establecía aportes progresivos de los jubilados de hasta 12%.
Debido a que disminuye el aporte de los beneficiarios de la caja en relación con el proyecto inicial, aumentó el del Estado. “La mitad de la solución la va a pagar toda la sociedad”, dijo la senadora oficialista Constanza Moreira en la Cámara Alta, quien evaluó que “se llegó a un pacto salomónico”.
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Senadores del Frente Amplio
Mauricio Zina / AdhocFotos
El último punto acordado, el que demoró la concreción del acuerdo, fue la convergencia del subsistema con el nuevo sistema previsional común aprobado en el año 2023. La ley que lo creó estableció que los sistemas convergieran en 2043, mientras que el proyecto aprobado en las últimas horas adelanta la convergencia de la “caja de profesionales” a 2039. Los profesionales comprendidos por la ley que nacieron en 1969 o antes podrán jubilarse con 60 años, mientras que los nacidos en 1970 podrán hacerlo a los 61 años, quienes nacieron en 1971, desde los 62 años, y así progresivamente hasta llegar a los nacidos en 1974, quienes podrán jubilarse al llegar a los 65 años. El proyecto del Ejecutivo aceleraba aún más este proceso y preveía un ingreso promedial anual de US$ 32 millones por este concepto, mientras que el aprobado estima que será de US$ 23 millones al año en promedio.
A su vez, Rentas Generales verterá a la caja $ 218 millones (US$ 5,5 millones) por mes en 2025, comenzando en julio, y además aportará este año $ 665 millones (US$ 16,6 millones), mismo monto en 2026 y la mitad en 2027. Además, desde 2026, habrá otros aportes estatales calculados a partir del aporte de los jubilados y pensionistas de la caja. “El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la caja a compensar estos fondos con otros tributos o recursos que la caja recauda en nombre del Estado, los que incluirán la recaudación correspondiente al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)”, agrega el artículo 10.
Por otra parte, los timbres, que se ajustaban por Índice de Precios del Consumo (IPC), pasarán a ajustarse por Índice Medio de Salarios (IMS), lo que permitirá una mayor recaudación. El proyecto habilita una quinta fuente de financiamiento: la caja, si se cumplen ciertas condiciones, podría tomar deuda por unos US$ 318 millones con garantía soberana, para lo que necesita el aval del Poder Ejecutivo.
“El mal menor”
Legisladores del oficialismo y la oposición repitieron como un mantra que este es un proyecto que nadie hubiera querido aprobar. “No estamos votando una solución buena. Es una solución que uno preferiría no estar votando”, dijo el senador blanco Javier García. “¿Estamos contentos, felices con votar esto? No”, se preguntó y respondió el colorado Tabaré Viera, quien acotó que no se logró encontrar “fuentes genuinas de financiamiento” y que “sumar nuevos aportantes es una de las claves de la solución de fondo”. Este también fue un reclamo recurrente de otros senadores, como el blanco Sergio Botana.
A su turno, el diputado blanco Pablo Abdala dijo que se aprobó “el mal menor”, pidió “humildad” al gobierno y remarcó que su bancada contribuyó a que la solución implique un “costo para los profesionales mucho menor del que pudo haber sido”. Abdala reiteró sus “dudas” sobre “la constitucionalidad” de “la aportación pecunaria de los pasivos”.
El diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana, dijo que gravar a los jubilados es inconstitucional y expresó que “es grave” que haya “una violación” de la Constitución “con conciencia”, en alusión a la referencia de Abdala.
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Los senadores blancos Sergio Botana y Luis Alberto Heber
Mauricio Zina / AdhocFotos
Aunque coincidieron en el sabor amargo que implicó aprobar el proyecto, oficialistas y opositores difirieron sobre “la responsabilidad” que les cabe a cada uno en este proceso. Blancos y colorados reprocharon al Frente Amplio por no aprobar la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en 2023, similar a la que propuso el actual gobierno, aunque “menos gravosa”. Para el senador blanco Luis Alberto Heber, “la madurez” por la que se llegó al acuerdo no es del sistema político, sino de la actual oposición, que cedió para encontrar una salida, a diferencia de lo que hizo el Frente Amplio hace dos años.
El senador colorado Andrés Ojeda había dicho el 26 de mayo en conferencia de prensa que la oposición iba a “bloquear un aumento de impuestos” para salvar la “caja de profesionales”, pero también cedió y su suplente en el Senado, Elsa Capillera, terminó votando los aportes de activos y pasivos. Ojeda dijo a Búsqueda que se alcanzó “un acuerdo dentro de lo posible” y que fue “un gran triunfo de la oposición”, porque “logró cambiar sustantivamente el proyecto que venía del Ejecutivo”.
El único senador que no votó la iniciativa fue el colorado Gustavo Zubía, quien, antes de retirarse de sala, sentenció que “el sistema político fracasó” porque al acuerdo debió haberse llegado “hace varios años”. Dijo que hubo una “extorsión del sistema parlamentario” ante “la amenaza” de “cese de pagos”, en alusión al anunciado fraccionamiento de las pasividades y jubilaciones de julio. Zubía cuestionó particularmente “un nuevo impuesto a los jubilados”, que se suma al IASS, al que considera “abusivo” e “inconstitucional”.
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Los senadores nacionalistas Sebastián Andújar y Graciela Bianchi
Javier Calvelo / AdhocFotos
El séptimo y ultimo cuarto intermedio del Senado fue solicitado por Caggiani a la hora 18, cuando informó que estaba esperando un mensaje complementario del Poder Ejecutivo para aumentar el aporte de Rentas Generales. “¿Llegó el mensaje?”, le preguntó 25 minutos después el senador blanco Sebastián Andújar al verlo entrar al pleno con una hoja. “Llegó la plata”, respondió el frentista levantando el papel.
Unos minutos más tarde, durante el mismo cuarto intermedio, entró el diputado cabildante Álvaro Perrone al plenario del Senado y consultó a los senadores colorados por qué no lo habían invitado a las reuniones para la negociación por la “caja de profesionales”. Robert Silva le respondió que fueron convocados los coalicionistas que votaron en conjunto ciertos artículos en la Cámara Baja y que él no lo había hecho. “Me dejaron afuera”, le retrucó Perrone, mientras que los colorados lo negaron y defendieron el criterio.
A su turno en la Cámara Baja, antes de la medianoche, el cabildante dijo que no tiene “ni idea“ del proyecto porque lo recibió un rato antes de que se votara. Vinculó el apoyo de blancos y colorados a los cargos que les dio la Intendencia de Canelones a dirigentes de estos partidos. Agregó que le cambiaría el nombre a la cámara para llamarla “empleados del Senado“, recordó que los diputados de la coalición habían dicho que “no iban a votar impuestos“ y lo hicieron, y reclamó buscar fondos en las AFAP para el salvataje. En respuesta, el diputado colorado Adrián Juri lo llamó “servil del gobierno”.
Antes de estos cruces y tras la aprobación de la iniciativa en el Senado, Caggiani aseguró en rueda de prensa que el aumento del aporte de Rentas Generales tendrá “un impacto en el espacio fiscal y seguramente en algunas decisiones para dejar de financiar” otros asuntos. Ejemplificó que los recursos “que no estén” para combatir “la pobreza extrema infantil” son los que están para financiar la “caja de profesionales”.
