Artigas: investigación administrativa por pago de horas extras irregulares derivó en 12 sumarios

Así, en agosto del año pasado, la exintendenta de Artigas Elita Volpi resolvió abrir una investigación administrativa en la que se citó a declarar a 68 funcionarios, una cifra mayor a la consignada por el TCR porque incluía tanto a quienes cobraron las horas extras observadas como a otros empleados con participación en la autorización o el registro de esos pagos.

Además de los 12 sumarios sugeridos, las conclusiones de la investigación plantean la necesidad en otros casos de “cotejar” de forma más específica algunas liquidaciones de horas extras. “Lo que sugiere es un trámite interno, hacer un análisis más profundo en alguna situación, en algún día que no hubo marca o que se marcaba solo la entrada y no la salida. Pero no porque implique falta administrativa, sino para ver si no hay que hacer alguna reliquidación”, comentó Soravilla, quien destacó que la intendencia está cumpliendo “tal cual” con las recomendaciones.

Sobre los 12 funcionarios sumariados, el intendente informó que la medida se tomó “sin separación de cargo”, por lo que estas personas siguen cumpliendo sus tareas habituales mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario. A partir de este momento, también tendrán la oportunidad de presentar una estrategia de defensa junto con sus abogados, en caso de considerarlo apropiado, con el objetivo de contrarrestar o contradecir las conclusiones de la investigación, indicó.

“Como toda investigación administrativa (lo mismo que una auditoría) detecta obviamente algún incumplimiento de normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ejemplo, la OIT establece que los funcionarios no pueden trabajar más de 10 horas por día, y en algunos casos ese límite se sobrepasa. Pero eso es algo bastante habitual, no hablamos de que hay ilegalidades absurdas”, dijo Soravilla.

El caso de Stefani Severo

Un caso sobresale entre los sumariados. Es el mismo que disparó la polémica a principios de 2023 por superar más de 200 horas extras en un mes. Se trata de la funcionaria Stefani Severo, pareja del entonces secretario general de la intendencia, Rodolfo Caram, primo del exintendente Pablo Caram.

Pablo Caram fue condenado por el delito de omisión de denuncia como funcionario público junto con la exdiputada Valentina dos Santos por usurpación de funciones. También Severo firmó un acuerdo abreviado de condena.

El caso de Severo, detalló Soravilla, es el único en el que el departamento jurídico indicó que corresponde dar “pase a la Justicia” porque se trata de un delito probado. Sin embargo, sostuvo que como ya hubo un expediente judicial al respecto que terminó en condena no hay por qué hacer la derivación nuevamente. Severo ya no desempeña tareas en la Intendencia de Artigas.

Esa situación es, según el intendente, la única que “sale de los límites”. Las otras irregularidades, señaló, son “faltas administrativas que en principio no implican una connotación penal ni pasar a la órbita judicial”, como algunas “inconsistencias e incumplimientos”. Se trata por ejemplo de incumplimientos vinculados a los topes de horario o funcionarios que no marcaban reloj, aspectos que impiden acreditar que realmente los trabajadores cumplían con las horas que se les pagó, entre otras problemáticas detectadas.

En cuanto a la postura del gobierno departamental, el intendente dijo que cumplirá con lo que disponga el departamento jurídico, también con el resultado de los sumarios dispuestos. “Nuestro criterio, como ha sido siempre, es no apartarnos de lo que Jurídica nos sugiera. Y en el caso de la sanción, también se ejecutará como indique Jurídica”, mencionó. Ahora lo que se buscará es graduar la sanción a aplicar en cada caso, que puede ir desde una anotación en el legajo hasta la destitución del funcionario, proceso que, entiende, no llevará mucho tiempo.

En julio, Soravilla anunció el cese del contrato de 51 funcionarios municipales no presupuestados que trabajaban en Artigas, Bella Unión y Baltasar Brum, en una decisión que, aclaró públicamente, no estaba vinculada a la investigación sobre el pago de horas extras irregulares en la administración anterior.