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Operativos para retirar a la población que habita en la calle causan diferencias en el gobierno, que creará una nueva figura para coordinar la respuesta
El Mides advirtió que los procedimientos bajo la Ley de Faltas liderados por el Ministerio del Interior congestionaron su centro en Casavalle
Gonzalo Civila, Yamandú Orsi y Cristina Lustemberg.
El problema de la población en situación de calle es uno de los más complejos para el gobierno. En el Poder Ejecutivo son conscientes de que existe cierto hartazgo de la población con la situación, que cruza aristas económicas, sociales, de seguridad y hasta ambientales.
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El gobierno hizo una evaluación positiva de la estrategia que aplicó durante el pasado invierno, que involucró a varios ministerios bajo el paraguas de una alerta roja climatológica decretada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Ahora, con el Ministerio del Interior como principal ejecutor, la Policía comenzó a desmantelar campamentos de personas en situación de calle instalados en algunos barrios, a través de la aplicación de la Ley de Faltas.
La cartera empezó la semana pasada a intensificar su abordaje con la aplicación de la ley en Montevideo, en el marco del llamado Operativo Calle, que intenta dar respuesta al creciente descontento social con la situación. Según publicó el diario El País el viernes 23, el operativo es encabezado por la Jefatura de Policía de Montevideo y se focaliza en algunos barrios céntricos donde la situación es más crítica. Las personas son trasladadas al Centro de Referencia de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ubicado en Casavalle, donde se les realiza un seguimiento individualizado.
Persona-Situacion-Calle-Montevideo
Sensación de inseguridad
El Ministerio del Interior trabaja con base en dos “evidencias”, especificaron fuentes de la cartera. En primer lugar, que durante los meses en que se llevó adelante el Operativo Invierno implementado a través de la alerta climatológica del Sinae, la sensación de inseguridad de la población bajó. Y que, ligado a eso, también bajaron algunos delitos como rapiñas y hurtos, así como situaciones de violencia puntuales, especialmente en barrios con mayor concentración de personas en situación de calle, como Centro, Ciudad Vieja o Parque Rodó.
El viernes, los resultados de este operativo fueron discutidos en una reunión llevada a cabo en la Torre Ejecutiva y encabezada por el presidente Yamandú Orsi, con la participación de autoridades del Ministerio del Interior y del Mides, así como de representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de Servicios de Salud del Estado.
Según reconstruyó Búsqueda, las autoridades del Mides expresaron su preocupación porque el procedimiento implementado por el Ministerio del Interior congestionó la entrada de personas al Centro de Referencia de Políticas Sociales de Casavalle, dado que el establecimiento aumentó considerablemente su operativa en los últimos días.
Además, explicó una fuente que participó de la reunión, otra de las dificultades que planteó el Mides es que debe atender a poblaciones de distintos perfiles, algunas con problemas de adicción, otras con afecciones de salud mental y otras con varias vulnerabilidades a la vez. En el encuentro, Orsi pidió que se desarrollara un dispositivo de atención que pudiera atender las diferentes situaciones que se presentan en ese centro de referencia. Pero, además, dijo que es necesario que en Presidencia exista una figura que centralice el tema para coordinar el abordaje, aunque no dio más detalles de cómo se implementaría esa solución.
“El Mides solo no puede”, graficó una fuente, que añadió que existe un problema de “derivación”, porque no todos los perfiles y problemas de las personas que habitan en la calle pueden atenderse únicamente con refugios. Para paliar esta situación, el Ministerio de Salud Pública planteó que podía atender a un importante porcentaje de la población de calle que no accede a refugios a través del desarrollo de dispositivos de atención. Tras la reunión, Civila dijo, durante una rueda de prensa, que el Mides atiende a unas 8.500 personas y que el año pasado llegó a brindar servicios a 13.000. El núcleo duro, sin embargo, se estima que son unas 3.500 personas que se niegan a acceder a los servicios públicos hoy dispuestos por el Estado.
Sede del Mides. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Sede del Mides.
Javier Calvelo/ adhocFOTOS
La repercusión departamental
Mientras tanto, el abordaje de esta problemática trajo repercusiones en la capital. En un video de Instagram, la alcaldesa del Municipio CH, la nacionalista Matilde Antía, celebró que el Mides “después de un año de gestión, se dio cuenta de que la aplicación de la Ley de Faltas es necesaria”, y cuestionó al titular de la cartera porque, cuando la alcaldía inició un plan piloto similar, dijo que estaba para “trabajar” y no para “sacarse el cartel”.
En tanto, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Graciela Villar, compartió en la red X la noticia de que el Ministerio del Interior había comenzado la aplicación de la Ley de Faltas y comentó: “Continuar con la coordinación de políticas sobre esta problemática es fundamental. Vivir en la calle no es una opción de vida y desde el Estado tenemos la responsabilidad de abordarlo. No es digno para quienes viven esa situación y afecta la convivencia en los barrios”. Según dijo, la Intendencia de Montevideo está “trabajando en dispositivos de salida de calle que incorporan alternativas laborales y soluciones habitacionales a los procesos de autonomía de cada una de las personas que viven esta situación”.
Hacia dentro de la intendencia, el debate se reavivó luego de que se viralizara un video en TikTok, filmado la semana pasada en el cantero de la calle Tomás Giribaldi, en Parque Rodó. En el video se exhibía una numerosa presencia de ratas en el cantero, que terminó con un operativo de limpieza llevado adelante por la comuna e incluyó el retiro de personas en situación de calle que estaban instaladas allí. Según algunas fuentes de la comuna, existieron diferencias internas dentro de la intendencia sobre la pertinencia de la aplicación de la Ley de Faltas en este tipo de casos, aunque finalmente se accedió a realizar una intervención.
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Patrulla policial en Montevideo.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Aplicación de la Ley de Faltas
Durante su gestión al frente del Mides y también cuando fue candidato a la intendencia, el ahora senador nacionalista Martín Lema le reclamó en numerosas oportunidades a la intendencia que aplicara la Ley de Faltas para desalojar a las personas que viven en la calle.
Más allá de la situación puntual, fuentes de la comuna consideran que el tema es una responsabilidad principalmente del gobierno nacional y que las intendencias solamente tienen un rol de colaboración, aunque también entienden que el Mides no puede ser la única respuesta para resolver la situación.
