Quienes ya reciben transferencias por asignaciones familiares o a través de la Tarjeta Uruguay Social vinculadas con la presencia de niños pasarán de forma automática al nuevo régimen.
El funcionamiento de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia tendrá más novedades en las próximas semanas, ya que el artículo 276 de la Rendición de Cuentas encomienda al Poder Ejecutivo a reglamentar el nuevo sistema en los 60 días siguientes a la aprobación de la ley. La Rendición de Cuentas otorga para la asignación única $ 1.256 millones en 2027, $ 1.711 millones en 2028 y $ 1.887 millones en 2029.
La implementación del sistema será progresiva. Todos los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027 van a estar comprendidos en el nuevo régimen.
A través de reasignaciones de recursos, el Mides también fortalecerá con $ 200 millones los dispositivos de atención para personas en situación de calle, de acuerdo con el artículo 286 de la Rendición de Cuentas.
Por otro lado, el artículo 279 busca limitar la pérdida de recursos humanos que enfrenta la cartera, tal como había publicado Búsqueda. Allí se establece que el Mides “no podrá tener más de 60 funcionarios prestando tareas en régimen de pase en comisión en otras dependencias u organismos públicos”. Para que esto se cumpla, exige a los organismos solicitantes de un pase en comisión verificar el cumplimiento del límite antes de formular el pedido. También plantea que habrá un control de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Seguridad, vehículos sin matrícula y cocaína
En materia de seguridad, la Rendición presenta medidas que van “en línea con los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Pública“ presentado este año por el Ministerio del Interior, según dice la fundamentación del articulado.
Entre las novedades, se incluye la incorporación de comisarías móviles a través de la adquisición de 12 tráileres especialmente equipados; la instalación de “salas de monitoreo focalizado” para procesar la información de cámaras de videovigilancia y de comunicaciones policiales; la ampliación del sistema ShotSpotter para detectar disparos en Montevideo en “zonas críticas que hoy no están cubiertas”, y el “uso de inteligencia artificial” para apoyar la “gestión de casos de violencia de género”.
Además, la norma le da carácter legal a la Dirección General de Operaciones Especiales, una unidad de élite de la Policía Nacional que ya había sido creada por resolución el período pasado.
También modifica la ley de faltas e incorpora delitos nuevos, como conducir vehículos “sin matrícula, con matrículas adulteradas o con matrículas que no correspondan al vehículo”, y establece el “retiro preventivo de la licencia de conducir” si se registra que los conductores están bajo los efectos del consumo de cocaína. En la justificación del articulado, se argumenta que existe un "vacío regulatorio" cuando hay una detección positiva de esta sustancia, ya que a diferencia de otras, la normativa vigente "no establece expresamente para estos casos la aplicación de medidas de inhabilitación ni el retiro preventivo del permiso de conducir".
Finalmente, tal como adelantó Búsqueda, se transforma el Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado, bajo el nombre de Instituto Nacional de Reinserción. Se trata de una reforma que ya había sido anunciada por el gobierno y oficialismo, y en la oposición esperaban desde hace meses su envío al Parlamento. La nueva institución será responsable de la administración de las cárceles y de las medidas alternativas a la prisión dispuestas por la Justicia.
Por otra parte, el texto no prevé grandes modificaciones presupuestales para el sistema de justicia. En el caso del Poder Judicial, se establece que a partir de la vigencia de la ley no podrá autorizarse el pase en comisión de funcionarios con cargos técnicos, particularmente actuarios, defensores públicos, peritos y asesores. Además, determina que se reintegrarán de forma automática al Poder Judicial quienes estén cumpliendo un pase en comisión una vez finalizado.
En la fundamentación del articulado, el gobierno señala que los haberes de cargos de profesionales judiciales que se encuentran en comisión en otros organismos ascienden a $ 36 millones anuales.
En relación con la Fiscalía General de la Nación, se extiende la imposibilidad de pases en comisión para los escalafones técnicos, especializados, administrativos y de servicios —hasta ahora solo era para fiscales y profesionales— y se aumenta de 10 a 20 la cantidad de personas que pueden ingresar por pases en comisión. También se añaden nuevas faltas administrativas para los fiscales, como el incumplimiento del deber de residencia, de resoluciones, circulares o de instrucciones generales.
La educación, el presupuesto de la ANEP y el reclamo de Fenapes
El proyecto estipula reasignar $ 407 millones en 2027 para organismos de la educación: $ 300 millones extra irán para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), $ 100 millones para becas de la Universidad de la República y $ 7 millones para la Universidad Tecnológica. Estos montos se sostienen en 2028 y 2029, salvo para ANEP, cuya partida se reducirá a $ 200 millones esos años.
El gobierno destacó en la exposición de motivos del proyecto que estos incrementos se suman a los ya aprobados en el Presupuesto Nacional para 2027, que amplían el alcance del bono escolar de 170.000 a 230.000 niños, y de las becas en Educación Media, que duplicarán las de 2025.
Por otra parte, la Rendición fija un nuevo régimen de condiciones para recibir la “Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia”. Como adelantó Búsqueda, la iniciativa establece que la asignación no se le suspenderá a los menores que no concurran a la escuela, sino que se reducirá. Según el texto, “agotadas las instancias que prevea la reglamentación para obtener la vinculación o revinculación de las personas beneficiarias con los respectivos servicios de enseñanza y de salud, se suspenderá el pago del 20% de la prestación”.
El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP estimó en mayo que se requiere para 2027 un refuerzo presupuestal de $ 6.000 millones y aprobó por mayoría de sus consejeros una solicitud de refuerzo presupuestal de $ 3.100 millones. El secretario general de la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, dijo a Búsqueda que “se va a asignar un 10% del último pedido de la Administración Nacional de Educación Pública”, por lo que opinó que la iniciativa está “muy lejos” de lo necesario.
Nueva organización antidopaje, flexibilidad para contratar en emergencias y recortes en Cancillería
El gobierno propone crear la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (Onadu) como persona de derecho público no estatal, que sustituirá a la actual estructura encargada del control antidopaje en el deporte nacional. Según el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Ejecutivo, será “un órgano independiente encargado de la prevención, control, educación y lucha contra la práctica del dopaje en el deporte” y contará con “autonomía funcional e independencia plena en sus funciones operativas y administrativas”. La iniciativa dispone, además, que la Onadu “seguirá los lineamientos” de la Agencia Mundial Antidopaje y que “aplicará e implementará el Código Mundial Antidopaje y los Estándares Internacionales”.
A su vez, uno de los artículos referidos al Ministerio de Ambiente establece que OSE podrá realizar contrataciones directas sin certificación previa del Ministerio de Economía ante eventos de alto impacto sanitario, ambiental, de seguridad hídrica o salud pública que puedan afectar la “continuidad, regularidad o seguridad de los servicios públicos”. Posterior a la contratación, OSE tendrá cinco días hábiles para notificar al MEF sobre las contrataciones realizadas de forma detallada a efectos de su control ulterior.
En el Ministerio de Salud Pública, el artículo 244 prevé la reasignación de $ 6,5 millones, más aguinaldo y cargas legales, para paliar “la baja sostenida de funcionarios del inciso”, con la intención de incorporar a “al menos 110 funcionarios” para 2030. El artículo 250 obliga a los laboratorios y empresas fabricantes de productos sanitarios a informar al MSP antes de cada fin de año “los montos pagados y demás transferencias de valor” a “médicos, otros profesionales de la salud, instituciones asistenciales y hospitales universitarios”. Con este detalle se busca “prevenir conflictos de interés” y “garantizar que las decisiones médicas prioricen el bienestar del paciente” y no las influencias empresariales.
Mientras tanto, en Cancillería el proyecto despertó preocupación entre los diplomáticos y funcionarios. Es que esa secretaría de Estado tendrá un recorte de presupuesto que puede afectar gastos de funcionamiento en el exterior, dijeron a Búsqueda fuentes del ministerio.
“Cada inciso realizó una optimización de sus créditos presupuestales de gastos de funcionamiento, a fin de incrementar las asignaciones en las áreas prioritarias del gobierno, que alcanzaron los $ 430 millones para 2027. Adicionalmente, se realizó una disminución del 50% de los créditos de misiones oficiales y gastos de protocolo, cifra que alcanza los $ 82 millones para 2027 y $ 84 millones para el 2028 y 2029”, dice la exposición de motivos.
En el caso de Cancillería, se apunta a una reducción de gastos en 2027 de $ 21 millones para funcionamiento y $ 36 millones en “protocolo y misiones oficiales”. En 2028 y 2029 la disminución proyectada para el segundo rubro es de $ 37 millones cada año.
La bancada oficialista comenzó a la par reuniones con los ministerios y tuvo el martes 30 un encuentro en la Huella de Seregni con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Ayer miércoles 1, siguieron reuniones con autoridades de los ministerios de Interior, Defensa y Educación. Además de la prioridades establecidas por el Ejecutivo, se conversó sobre otros artículos que serán claves para la bancada, entre ellos, modificaciones a la ley de medios aprobada por el gobierno anterior, que, por ejemplo, buscan evitar la evasión a los límites previstos a la concentración de medios.
El oficialismo también considera de destaque la decisión de exonerar el IVA a los materiales de construcción para las cooperativas de viviendas (que estaba incluido entre los 63 compromisos de gobierno), y la creación de un fideicomiso ferroviario.
