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El Frente Amplio (FA) parece haber quedado en una posición inmejorable para competir por la Intendencia de Soriano. Pese a ser un departamento esquivo para la izquierda, el FA se impuso en las elecciones nacionales de octubre. Y en la segunda vuelta, si bien fue derrotado, estuvo a menos de 1.800 votos de ganarle a toda la coalición sumada.
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Ahora, a menos de cuatro meses de aquella contienda, el principal aspirante a ganar las elecciones departamentales, el tres veces intendente Guillermo Besozzi, fue imputado por varios delitos de corrupción y su campaña se verá fuertemente limitada, ya que deberá cumplir arresto domiciliario. Al jerarca del Partido Nacional, que renunció a la intendencia para hacer campaña por su reelección, se le imputaron reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones.
La noticia de la formalización y la detención de Besozzi provocó la reacción defensiva de dirigentes del Partido Nacional, que acusaron al actual oficialismo y a la Fiscalía de una maniobra política. El senador Sebastián da Silva dijo el lunes 17 que se trata de un “operativo político tenebroso, realizado por una fiscal probadamente antiblanca”. Su colega Javier García aseguró un día después, en el programa Doble click de FM Del Sol, que todo el mundo sabe que “en la Fiscalía existe un grupo de personas que son de directo cobijo y protección del doctor (Jorge) Díaz, que estuvo 10 años en la Fiscalía de Corte” y que ahora es prosecretario de Presidencia.
El Frente Amplio, por su parte, tomó postura a nivel nacional el lunes, tras una reunión de su Secretariado Ejecutivo que se dedicó de manera casi exclusiva a analizar la situación del exintendente de Soriano.
El análisis del hecho también implicó una discusión puertas adentro sobre cuál debía ser el tono de la declaración que difundirían públicamente. En el debate se ponderaron varios factores. Por un lado, que ahora la victoria del FA en Soriano estaba más cerca y que se suceden hechos irregulares en gobiernos departamentales del Partido Nacional. Por otro, que el gobierno no puede volar puentes con los blancos, dado que no tiene mayoría en la Cámara de Representantes, y que además la figura de Besozzi cosecha cierta simpatía en la izquierda.
La diputada Ana Olivera recordó en el Secretariado su buena relación con Besozzi cuando fue intendenta de Montevideo (2010-2015). Y otros participantes de la discusión también destacaron que era un líder accesible para todo el espectro político. “No solamente era un tipo bien visto. Todos ubicaban que las gauchadas que hacía no eran solo para los propios, sino para todos. Cometía errores, pero es un caso muy distinto que el de Artigas”, dijo un dirigente.
La propuesta de declaración original, redactada por el equipo de Presidencia del Frente Amplio, contenía una frase que luego sería retirada del texto: “Las prácticas que se adjudican al gobierno de Soriano se repiten de forma sistemática en gestiones departamentales del Partido Nacional”.
Cuando comenzó a discutirse la declaración, los representantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Encuentro Federal Artiguista (el sector del exintendente Andrés Lima), Heber Bousses y Rúben Villaverde, propusieron cambiar esa oración por otra más concreta.
Finalmente, la declaración hizo una mención al accionar de gobiernos nacionalistas en casos específicos: “Irregularidades de este tipo ya han sido constatadas en otras gestiones del Partido Nacional”, dice el texto, que enumera los hechos en Artigas que culminaron con la formalización del exintendente Pablo Caram y la exdiputada Valentina Dos Santos, y “los antecedentes en la propia Intendencia de Soriano y la condena al alcalde de Florencio Sánchez en Colonia”. Estos hechos, se sostiene, “forman parte de una lista de situaciones que concluyeron con la constatación de delitos, ante lo cual entendemos imprescindible que el Partido Nacional tome distancia de dichas prácticas”.
Bousses también propuso agregar un párrafo que no estaba previsto en la declaración inicial. En el añadido, los integrantes de la fuerza política se comprometen “a ser prudentes para evitar que el manejo de esta situación compleja contribuya a promover divisiones en la población del departamento”. Además, este dirigente del MPP propuso que la fuerza política vuelva a discutir el delito del abuso innominado de funciones, que la fuerza política ya intentó derogar sin éxito durante el último gobierno de Tabaré Vázquez.
En el Frente Amplio hay varias opiniones a favor de derogar el abuso de funciones, uno de los delitos que se le imputaron a Besozzi. Entre ellas, la del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, quien en noviembre del año pasado, en la previa del balotaje, consideró en una entrevista a Búsqueda que ese delito “ya se tendría que haber derogado” y que “cualquier gobernante que hoy esté gobernando puede haber cometido un abuso de función”. No obstante, el exdirigente sindical sostuvo en ese entonces que no creía que el tema fuera una prioridad en el próximo gobierno.
En su declaración, la izquierda terminó enfocando la mira más en las declaraciones de algunos dirigentes del Partido Nacional que en el propio Besozzi. Se dedican cuatro párrafos a estos ataques, a la defensa de las instituciones y a algunos dirigentes nacionalistas, quienes le atribuyen a la Fiscalía “irresponsablemente intencionalidades políticas para favorecer al Frente Amplio”. Así, se rechaza “el ataque furibundo hacia el sistema de Justicia que se viene realizando sistemáticamente desde que se hizo pública la formalización del exintendente”. Esa ofensiva, se sostiene, “no es solo a la fiscal actuante en el caso, sino a toda la Fiscalía”, y esto “no debe ser tolerado pasivamente por parte del sistema político, sino que debe ser condenado en su totalidad”.
