Para evaluar qué tan democráticos son los parlamentos, la UIP mide, entre otros indicadores, la representatividad de su composición: “Un parlamento que no sea representativo de su sociedad dejará a algunos grupos sociales y comunidades sintiéndose en desventaja o incluso excluidos del proceso político”, explica. En ese indicador incluye dimensiones como la participación de grupos subrepresentados, entre los que considera, según el contexto de cada país, minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, pueblos indígenas y otros grupos sociales en situaciones vulnerables.
En un estudio sobre brechas de género en la participación política realizado en 2016 para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia, la politóloga Niki Johnson explica que la representación tiene una dimensión descriptiva, que refiere a las características sociodemográficas de la persona que ocupa el cargo: “se considera una parte integral de la representación que la composición de los órganos representativos de gobierno refleje no solamente la diversidad de colectividades ideológicas (partidos políticos), sino también las diversidades sociales presentes en la ciudadanía”. Por otra parte existe la dimensión sustantiva, que considera hasta qué punto el accionar de los representantes refleja diversas perspectivas y responde a los diferentes intereses y necesidades de la ciudadanía. Y, finalmente, la dimensión simbólica, que refiere al grado de legitimidad que tienen las instituciones a los ojos de la ciudadanía, y en este aspecto se considera importante que los distintos grupos sociales vean a personas con sus mismas características en los órganos políticos.
También hay estudios que plantean que el aumento de la participación en los poderes legislativos de representantes de grupos “marginalizados” —como mujeres, afrodescendientes y jóvenes— no tiene un impacto en los posicionamientos ideológicos de los partidos que representan. Una reciente investigación de los uruguayos Iris E. Acquarone y Gonzalo Di Landro sugiere que, cuando los partidos políticos en América Latina incluyen en sus listas a personas de grupos marginalizados, “suelen elegir a aquellas que son congruentes con la ideología del propio partido”, por lo que esta inclusión no necesariamente implica un cambio en la agenda legislativa. A la inversa, la ausencia de representantes de ciertos grupos no significa que no haya legisladores que impulsen sus agendas.
Hay grupos que históricamente han quedado fuera del Parlamento uruguayo. Por ejemplo, las personas afrodescendientes, que, de acuerdo al último censo realizado en el país (2023), representan alrededor del 10% de la población: recién en el 2005 fue electo un diputado negro, el actual ministro de ambiente Edgardo Ortuño (en 2000 había sido diputado suplente) y en 2020 la senadora Gloria Rodríguez se convirtió en la primera persona afro en ocupar una banca del Senado. En tanto, en octubre de 2017 la abogada Michelle Suárez se convirtió en la primera persona trans en ser electa senadora y desde su renuncia, dos meses más tarde, no hubo más representantes de esa comunidad en el Legislativo.
La encuesta realizada por Búsqueda permite profundizar en esos indicadores y explorar nuevos. Más allá de la información estadística que se extrajo de la encuesta, algunos legisladores autorizaron a Búsqueda a citar sus respuestas, que serán usadas en algunos casos a modo ilustrativo.
Menos de un quinto de los parlamentarios se identifica como una minoría
Menos de un quinto de los legisladores (16,8%) se identifica como parte de una minoría (entendida como un grupo que enfrenta desigualdades o barreras en el acceso a derechos), aunque varios no especificaron por qué. Entre los que se consideran parte de una minoría y autorizaron a Búsqueda a citar sus respuestas se encuentran Patricia Kramer, Felipe Carballo, Nicolás Viera, Zulimar Ferreira, Estela Pereyra (Frente Amplio), Elianne Castro, Gustavo Zubía (Partido Colorado), José Luis Falero, Sergio Botana, Miriam Britos (Partido Nacional).
Búsqueda preguntó a quienes respondieron afirmativamente qué característica los hace identificarse así: cuestiones étnico-raciales, de identidad de género u orientación sexual, discapacidad u “otras razones”.
Dos parlamentarios indicaron que eran parte de grupos con barreras en el acceso a derechos por tener una discapacidad; otros dos por razones de identidad de género; otros dos por razones étnico-raciales. El resto (13 legisladores) escogió la opción “otras razones”.
Estos datos muestran que solo el 1,7% de los legisladores se identifica como minoría étnica (el senador Carballo y la diputada Britos), mientras que la población uruguaya “afro o negra” es el 10,6%, de acuerdo al censo de 2023. En tanto, el 88% de la población se identifica como blanca y el 6,4% como indígena. El censo también muestra que 23% de la población dice tener al menos una discapacidad leve, mientras que 1% tiene una discapacidad grave.
En cuanto a la identidad de género, no hay personas transgénero o no binarias entre los 113 legisladores que respondieron: todos se identifican como hombre (82) o mujer (31). Sumando a quienes no completaron la encuesta, en total en el Parlamento hay 91 hombres y 39 mujeres; las legisladoras ocupan poco menos de un tercio de las bancas, el mínimo que exige la llamada “ley de cuotas” aprobada en 2009. Así, las mujeres son otro de los grupos subrepresentados en las bancas del Parlamento: en la población uruguaya el 52,9% son mujeres y 46,7% hombres. En tanto, el 0,05% se identifica como varón trans y el 0,04% mujer trans.
La ausencia de personas trans en el Parlamento —a excepción de los dos meses en que Suárez, hoy fallecida, ocupó una banca por el Partido Comunista— no ha impedido que se impulsaran legislaciones en defensa de los derechos de esa comunidad. Por ejemplo, en octubre de 2018 se aprobó, promovida por el Frente Amplio, la Ley Integral para Personas Trans, que generó críticas en la oposición y hasta una campaña de recolección de firmas liderada por los exdiputados nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue para intentar derogarla. La ley habilitó, entre otras cosas, que una persona se identifique con un género distinto al que se le asignó en su nacimiento de acuerdo a sus características biológicas y estableció que una cuota mínima de puestos en el Estado debe ser ocupada por personas transgénero.
Otras leyes también reconocen las dificultades extra que enfrentan ciertos grupos para acceder al mercado laboral y fijan en los organismos públicos cuotas para personas afro y con discapacidad, aunque son muy pocas las dependencias estatales que efectivamente las cumplen. También existe la Ley 18.476, que exige que al menos un tercio de las listas a cargos electivos esté integrado por mujeres.
En cuanto a la orientación sexual, el Parlamento uruguayo es bastante homogéneo: 106 de los 113 legisladores (93,8%) se define heterosexual. Solo siete parlamentarios no se identifican con esa categoría: dos son homosexuales, uno bisexual y otros cuatro no especificaron su orientación.
Existen pocas mediciones en Uruguay sobre la orientación sexual de la población, aunque hay algunos datos. Una encuesta realizada por la consultora Nómade en 2022 indica que el 94% de la población que tiene más de 70 años se considera exclusivamente heterosexual, mientras que entre los centennials (de entre 18 y 28 años) esa cifra baja a 54,6% y 14,8% se declara “mayoritariamente atraído/a” por personas del sexo opuesto. En tanto, mientras que entre las personas mayores de 70 nadie se declara homosexual o bisexual en la encuesta de Nómade, entre los centennials esos porcentajes ascienden a 3,7% y 20,4%, respectivamente.
Desde el punto de vista legislativo, no obstante, Uruguay fue pionero en el reconocimiento de derechos para las personas LGTBI+ con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013. Fue el segundo país de América Latina, después de Argentina, en habilitarlo. La "ley de matrimonio igualitario", junto a la despenalización del aborto en 2012, son consideradas clave en la llamada nueva agenda de derechos.
Nueve de cada diez legisladores acudieron a educación pública y la mayoría se atiende en mutualistas
Aproximadamente la mitad de los legisladores encuestados tiene un título universitario o terciario (51,3%). Además, 19 de ellos tienen título de maestría o posgrado (16,8%). Otros siete empezaron estudios terciarios, pero no culminaron, 14 tienen secundaria completa (14,2%) y otros 14 no la terminaron. Un diputado tiene únicamente primaria completa.
Entre los legisladores con títulos universitarios o terciarios hay 18 abogados, nueve médicos, nueve docentes o educadores, seis economistas, contadores o licenciados en Administración de Empresas, cuatro escribanos, tres ingenieros y dos odontólogos, entre otras profesiones. De los legisladores con título universitario, el 40% declara que es la primera generación de su familia que llega a ese nivel educativo.
Casi el 60% de los legisladores (63) acudió a escuela y liceo público. Mientras, el 34% (30) se formó tanto en instituciones públicas como privadas y el 10% (11) acudió solo a centros de educación privada.
Los datos indican que los parlamentarios tienen, proporcionalmente, un mayor nivel educativo que el resto de la población. De acuerdo a los resultados del censo de 2023, el 27,5% de los uruguayos de 25 años o más tiene solo primaria completa o un nivel inferior. Otro cuarto (24,4%) alcanzó la educación media básica y aproximadamente un 20% completó bachillerato. Otro cuarto (25%) alcanzó la educación terciaria. En tanto, el 81,5% de los escolares uruguayos asiste a instituciones públicas y el 18,5% a privadas, según datos de la Administración Nacional de Educación Pública de 2024. En secundaria la proporción es similar: el 83,6 % va a liceos públicos y el 16,4 % a privados.
El 83,2% (94) de los legisladores encuestados tiene hijos. Dentro de ese grupo, 31 parlamentarios (el 36%) envían o enviaron a sus hijos a instituciones educativas públicas. En tanto, 29 (34%) educan o educaron a sus hijos en instituciones privadas. Otros 26 (30,2%) sostienen que sus hijos fueron a instituciones educativas, tanto privadas como públicas, mientras ocho no respondieron la pregunta.
El 85% (96) de los legisladores encuestados atiende su salud en una mutualista. Solo dos parlamentarios (1,8%) se atienden en los servicios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) —Sebastián Sabini y Estela Pereyra, del Movimiento de Participación Popular—, mientras que 16 contratan seguros de salud privados (14,2%). Entre ellos, Horacio de Brum, Pedro Bordaberry, Rodrigo Blás, Juan Martín Jorge, Sebastián Da Silva, Paula de Armas, Fernando Amado, Mario Colman y Graciela Bianchi.
Esto se aparta de lo que sucede en la población general: más del 30% de los uruguayos asiste a ASSE y aproximadamente el 60% se atiende en mutualistas, mientras solo el 3% contrata seguros privados de salud.
Los legisladores también fueron consultados sobre su uso del transporte público. El 27% afirma que los usa regularmente, al menos una vez a la semana. Casi igual proporción (29%) acude al transporte público esporádicamente, al menos una vez por mes, el 30% dice que “rara vez” lo hace y el 13% no lo usa nunca.
Estos números no difieren demasiado de los patrones de uso de la población general. De acuerdo a la última encuesta sobre movilidad, realizada en 2017, aproximadamente la mitad de los viajes en el área metropolitana (Montevideo, Canelones y San José) se realizan en transporte privado (como auto o moto) y el 35,7 % en ómnibus.
Más de la mitad de los parlamentarios no profesa ninguna religión
De manera similar al resto de la población uruguaya, aproximadamente la mitad de los legisladores (53%) no cree ni practica ninguna religión, mientras que 46% se declara creyente. La mayoría de los religiosos son católicos (69%) y el 17% se declara cristiano, sin especificar una rama. Además, dos son evangélicos y uno adventista (protestante). Cuatro legisladores se declararon creyentes, pero no precisaron de qué religión.
De acuerdo al último informe del Latinobarómetro (2024), el 52% de los uruguayos no tiene religión. En una edición anterior (2023), que aportó cifras sobre los diferentes credos, se reportó que el 36,5% de los uruguayos se declaró católico, 4,6% evangelista “sin especificar”, 2,8% practicante de cultos afroamericanos o umbanda y 0,3% protestante.
Casi la mitad de los legisladores encuestados están casados (55, el 46,6%). A su vez, hay 26 solteros (23%), 13 divorciados (11,5%), 10 en concubinato, cinco viudos, dos separados y uno en trámite de divorcio; otro no respondió la pregunta.
*La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y los senadores Óscar Andrade y Andrés Ojeda no respondieron la encuesta. Tampoco lo hicieron los diputados Yisela Araújo, Cecilia Badín, Matías Duque, Graciela Echenique, María Fajardo, Nicolás Lorenzo, Nino Medina, Nicolás Mesa, María Inés Obaldía, Silvana Pérez Bonavita, Álvaro Perrone, Carlos Reyes, Magela Rinaldi, Amin Niffouri y Gustavo Salle.
