Además, cuestionó el peso que adquirieron los canales digitales en la atención del organismo. A su entender, el organismo debe combinarlos con la atención presencial para llegar a quienes tienen dificultades para gestionar sus prestaciones por internet.
En materia de financiamiento de la seguridad social, propone revisar las exoneraciones de los aportes patronales y discutir cambios en la forma de calcular esas contribuciones. “Para que no haya una inequidad contributiva, debería aportarse sobre la ganancia y no sobre la masa salarial”, ya que una empresa que sustituye trabajadores por tecnología puede aumentar sus ganancias y reducir lo que aporta al sistema, explicó. También plantea reforzar los controles sobre el uso del seguro de desempleo y discutir alternativas para financiar prestaciones más amplias.
Clavijo tiene una sola contrincante. La escribana coloniense Lorena Roqueta encabeza la lista 15, bajo el lema “Hay otro camino”, es impulsada por el actual representante de los empresarios en el BPS, José Pereyra, y reúne a trabajadores y referentes vinculados a organizaciones sindicales y sociales del interior del país. Entre otras cosas, Roqueta propone reforzar la presencia del organismo fuera de Montevideo y modificar criterios que, a su juicio, perjudican a quienes buscan acceder a las prestaciones que generaron con sus aportes.
Entre sus prioridades, mencionó acortar los plazos de respuesta del BPS para que “las prestaciones lleguen cuando deben ser”.
Además, plantea que quienes tienen derecho a más de una prestación puedan acumularlas, en lugar de verse obligados a elegir entre ellas. También propone que una persona que pierde su empleo no quede excluida del seguro de desempleo por haber iniciado una actividad independiente, incluso si su emprendimiento todavía no le permite sostenerse económicamente. “Al trabajador el BPS tiene que darle políticas de crecimiento y no de disminución”, afirmó.
En materia de discapacidad, propone simplificar los controles que deben realizar las familias para mantener determinadas prestaciones y que los hijos con discapacidad puedan seguir percibiendo durante toda su vida una prestación derivada de los aportes jubilatorios de sus padres fallecidos. Además, plantea que se reconozca de oficio las deudas prescriptas, en lugar de exigir a los usuarios que las hagan valer cuando solicitan una prestación.
Empresas
Son cuatro los candidatos que disputan el puesto de director por las empresas en el BPS.
La actual gerenta del sector Sumarios del BPS y dueña de Licores Grazie, Graciela Álvarez, encabeza la lista 21, que se presenta bajo el lema “Diálogo, experiencia y compromiso”. Su candidatura cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, la Comisión Nacional de Fomento Rural, el Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles, la Unión de Comerciantes de Maldonado y la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios. Se apoya en una trayectoria que combina más de 20 años como empresaria y más de cuatro décadas como funcionaria del organismo.
En agosto, Álvarez contó a Búsqueda que mantuvo conversaciones con la Confederación de Cámaras Empresariales para intentar integrar ese espacio y que el acercamiento no prosperó.
En su plataforma, plantea que el BPS tenga una relación más cercana con las empresas y que se contemple las diferencias entre los distintos sectores y tamaños de negocio. Propone ampliar la posibilidad de exonerar multas y recargos a las empresas que cumplen regularmente con sus obligaciones ante la seguridad social, algo que actualmente solo se puede hacer una vez al año.
Otro de los ejes de su plataforma es el control de las certificaciones médicas. Propone realizar “auditorías médicas en tiempo real, coordinación interinstitucional entre los distintos actores involucrados, difusión y dinamización de canales de evaluación médica a solicitud de las empresas en base a criterios definidos”.
También impulsa que el BPS tenga oficinas de atención directa que permitan resolver problemas en plazos más acotados, así como encuentros periódicos con empresarios en distintos puntos del país para trasladar sus planteos al directorio.
Con el respaldo de las principales cámaras empresariales del país se encuentra el expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta Daniel Añon, encabezando la lista 30. En agosto dijo a Búsqueda que, desde el cargo de director en el BPS, pretende reducir los costos de funcionamiento del Estado mediante el uso de las declaraciones juradas, para disminuir los controles previos y agilizar los procedimientos.
Las certificaciones médicas también forman parte de sus preocupaciones. Añón plantea promover el derecho de los empleadores a solicitar evaluaciones clínicas, para las licencias de más de seis meses propone impulsar la coordinación entre los médicos del BPS y los prestadores de salud para conocer la evolución del trabajador y evaluar sus posibilidades de recuperación o una eventual prejubilación o jubilación. Según sostuvo, estas situaciones generan costos para el sistema previsional y las empresas, que en ocasiones deben contratar a otra persona para cubrir el puesto.
Otra de sus líneas de trabajo apunta a facilitar la formalización de pequeños emprendimientos y buscar alternativas para las empresas que acumularon deudas con el organismo y tienen dificultades para regularizarse. El candidato señaló que las multas y los intereses, cuya capitalización cada cuatro meses puede agravar la deuda, vuelven difícil el cumplimiento de algunas obligaciones, por lo que propone estudiar posibles mecanismos de refinanciación o reducción de recargos. A su vez, busca incorporar al sistema a trabajadores independientes que hoy desarrollan su actividad fuera de la formalidad, como albañiles, sanitarios y herreros. Afirmó que, si resulta electo, pretende mantener reuniones bimensuales con representantes empresariales para recibir planteos e iniciativas de distintos sectores.
El dueño de Café Jurado, Bernardo Aldabalde, es candidato por las empresas con la lista 27. Señaló que uno de sus principales objetivos es revisar el régimen de multas y recargos que aplica el BPS, porque, a su juicio, puede empujar a los pequeños negocios a la informalidad. “No pensemos en las grandes empresas, pensemos en el almacén de la esquina, en la unipersonal, el chofer de Uber, el rider de PedidosYa. A esa gente, cuando vos le cobrás una multa del 20%, la estás matando en vida”, afirmó. Como alternativa, propuso que los saldos pendientes puedan ajustarse por unidades reajustables o indexadas cuando el contribuyente realiza el pago mínimo.
Otro de los puntos que planteó son las certificaciones médicas prolongadas y las demoras del BPS para convocar juntas médicas, una situación que, según sostuvo, provoca dificultades a las empresas por la incertidumbre sobre el reintegro de los trabajadores y la acumulación de licencias. También propuso establecer incentivos para la contratación de mayores de 50 años y cuestionó que el organismo destine recursos a actividades que, a su entender, corresponden a otros ministerios, como la construcción de viviendas o el turismo social. “El Estado tiene que cumplir su rol de controlador y no solamente el control de la empresa, sino también el trabajador”, sostuvo.
Su lista está integrada por pequeños y medianos empresarios de distintos rubros, entre ellos comerciantes del interior y productores agropecuarios. “El 85% son pymes. Afiliarme a defender los intereses de las grandes cámaras no es defender los intereses de la mayoría de los empresarios”, afirmó. Con el respaldo del director Pereyra, comenzó a recorrer el país este año para conocer las demandas del sector, aunque en octubre lanzó su campaña de forma independiente.
Aldabalde había sido inicialmente el elegido para integrar un espacio promovido por Pereyra que buscaba dar continuidad a la línea de trabajo desarrollada durante los últimos cinco años y que reunió candidaturas de los tres órdenes sociales, pero finalmente resolvió presentar su propia candidatura —según dijo a Búsqueda— al verse impedido de elegir a los integrantes de la lista que encabezaría. En su lugar, el actual director por los empresarios anunció la candidatura de la contadora especializada en derecho Patricia Pertman, aunque el martes 27 el equipo de “Hay otro camino” informó que, “ante la interpretación del reglamento electoral” surgidas en torno a esa postulación, se resolvió que quien encabezará la lista 25 será el director de Cutcsa Jorge Fernández.
Pasivos
La lista 1 para representar a los jubilados y pensionistas es encabezada por Estela Ovelar, actual secretaria de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y la primera mujer postulada por esa organización para ocupar el cargo. Su plataforma incluye asegurar los aumentos de las jubilaciones mínimas y mantener para ese colectivo las partidas y los aguinaldos que se pagan en junio y diciembre.
La exprofesora de Historia María Ángela Pereira encabeza la lista 2, impulsada por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (CJPU). Entre sus principales propuestas están eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), suprimir el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y restituir el aguinaldo a los jubilados.
Renaldo Borriero es quien se enfrenta a ellas con la lista 5. Al igual que Roqueta y Fernández en los otros órdenes, la candidatura es impulsada por Pereyra bajo el lema “Hay otro camino”.
En diálogo con Búsqueda, Borriero propone recorrer los 136 municipios del país para presentarse ante las autoridades locales y quedar a disposición de los pasivos, especialmente en localidades donde no hay oficinas del BPS. A su juicio, las personas deben recibir atención cerca de donde viven y no tener que trasladarse a Montevideo para plantear sus problemas. Aseguró que buscará que la representación social funcione como “una caja de resonancia” de los reclamos de los pasivos.
Entre sus principales preocupaciones a atender, mencionó las bajas jubilaciones, la reinstalación del aguinaldo para los pasivos y la revisión de las prestaciones que reciben los jubilados. En ese sentido, cuestionó que algunas ayudas que el BPS brinda a los trabajadores activos para acceder a lentes, audífonos o prótesis sean sustituidas por préstamos cuando se jubilan. “Hay que tratar de que el trabajador, el día que se va a jubilar, no pierda derechos. Por lo menos que se mantengan, porque la lógica sería que mejoraran”, sostuvo. También plantea discutir el IASS y la situación de los “cincuentones”, aunque reconoció que varios de esos cambios requieren iniciativas del Poder Ejecutivo o trámites parlamentarios.
Borriero, que proviene de la actividad privada en el sector de industria y comercio y se jubiló hace dos años, afirmó que busca que la representación social tenga mayor presencia en el territorio y funcione como “una caja de resonancia” de los reclamos de los pasivos. Además, llamó a los pasivos a no dejarse llevar por el voto histórico y sostuvo que su lista reúne a personas independientes dispuestas a recorrer el país y trabajar para resolver los problemas de jubilados y pensionistas.
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