Ahora, sin embargo, los fiscales sumaron tres nuevos cargos contra el uruguayo: “conspiración narcoterrorista”, “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” y “lavado de dinero”.
El documento de los fiscales describe a Maset como el “líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero”, también conocida como el Primer Cartel Uruguayo. Esa organización estaba dedicada a traficar cocaína obtenida en países andinos —Perú, Bolivia y Colombia— y pasarla, sobre todo por puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay, hacia varios destinos.
“Por lo general, la cocaína se enviaba en contenedores de carga a todo el mundo —aunque principalmente a Europa Occidental, y en concreto a Portugal, España, los Países Bajos y Bélgica— para su posterior distribución. Algunos de estos cargamentos contenían diez toneladas de cocaína o más”, indica el documento. “La organización de Marset también transportaba cocaína en embarcaciones sin pabellón; es decir, buques que carecían de bandera o nombre y que no tenían nacionalidad”.
La acusación describe mecanismos de lavado de dinero tradicionales utilizados por Marset y sus cómplices. Había grandes movimientos de euros en efectivo y luego eran ingresados en el mercado financiero internacional mediante la creación de facturas falsas de distintas empresas europeas que permitieran justificar transacciones.
Una de las personas que trabajaba para la organización era el uruguayo Ezequiel Santoro, el año pasado fue sentenciado por Estados Unidos a 15 años de prisión. Fue acusado de usar instituciones de ese país para lavar alrededor de US$ 11 millones en ganancias provenientes del narcotráfico.
La nueva acusación contra el líder narcotraficante sostiene que Santoro y otro cómplice lavaron “cientos de millones de dólares” para Marset. Millones de dólares obtenidos por la venta de cocaína en Europa eran transferidos mediante al uso del sistema financiero internacional, incluyendo bancos corresponsales en Estados Unidos, para terminar sobre todo en Perú o Bolivia, donde eran ser usados en la adquisición de más droga, dice el documento.
Marset también usaba criptomonedas para mover su dinero sucio, en particular USDT, la criptomoneda de Tether.
Los fiscales describen cómo en 2021 un colombiano que supervisaba el tráfico de drogas de Sudamérica a Europa para Marset le debía al uruguayo 17 millones de euros por la venta de cocaína. Entre el 5 de enero y el 9 de febrero de ese año logró mover 7,5 millones que fueron coordinados por Santoro (alias Capitán). Todo quedó registrado en un documento.
Santoro y un cómplice “organizaron el lavado de las ganancias del narcotráfico para devolverlas a Marset”, dice el documento. “Santoro blanqueó su parte de los fondos haciendo que sus cómplices los ingresaran en diversas empresas europeas y ordenando posteriormente su transferencia internacional en dólares estadounidenses. La gran mayoría de estos fondos se movió a través de bancos corresponsales con sede en Estados Unidos que facilitaron las transacciones”.
Los fiscales mencionan que en una ocasión, Santoro mandó transferir US$ 31.800 de ganancias del narco desde un banco portugués a uno en China, mientras que el banco corresponsal era el Bank of América, cuyos servidores están ubicados en Richmond Virginia, donde se procesa el juicio contra Marset.
La acusación también describe un episodio ocurrido en junio de 2024 cerca de la Isla de San Andrés. Sostiene que en esa ocasión Marset conspiró con un miembro del Clan del Golfo y con otros más para enviar casi 1.700 kilos de cocaína en una lancha rápida desde Colombia a Costa Rica.
Las autoridades colombianas detuvieron la embarcación el 16 de junio fuera del mar territorial de ese país y arrestaron a sus ocupantes, según los fiscales. La embarcación no tenía bandera ni nombre y era una embarcación sin nacionalidad.
Esta incautación es la que fundamentaría el cargo de “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.
Un narco peligroso
Uno de los apartados del documento presentado por los fiscales es una descripción de hechos violentos vinculados a Marset, lo que incluye amenazas a autoridades uruguayas y asesinatos de exsocios.
“Estas actividades violentas, que implicaron el uso de armas, artefactos peligrosos, armas de fuego y explosivos, se llevaron a cabo con fines que iban más allá del mero beneficio económico personal de Marset”, dice el texto. “Entre los objetivos figuraban, entre otros, consolidar el control de Marset sobre su organización, garantizar su propia libertad e intimidar a terceros para que se sometieran a su voluntad”.
Los fiscales dicen que Marset instruyó a un cómplice en 2020 tirar una granada en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Ese mismo año, alegan, le ordenó a otra persona mandar amenazas por mensaje a la entonces fiscal de drogas y actual fiscal general subrogante, Mónica Ferrero.
Los fiscales de Estados Unidos aseguran que alrededor de setiembre de 2020, Marset mató a un miembro de su organización porque creía que estaba complotando en su contra. Y agregan que al año siguiente, en Asunción, ordenó matar a otro criminal porque sospechaba que estaba colaborando con las autoridades.
El último hecho listado indica que un agente de la DEA lo contactó en marzo de 2025 y le sugirió que se entregara, pero la respuesta de Marset fue amenazar amenazarlo.
Narcoterrorismo
El primer cargo de la nueva acusación de los fiscales es “conspiración narcoterrorista”. Indica que entre 2018 y el 13 de marzo del 2026, día en el que fue arrestado en Santa Cruz de las Sierras, Marset “se asoció, conspiró, confabuló y acordó, de manera consciente e intencional, con otras personas conocidas y desconocidas”, para cometer delitos “contra los Estados Unidos”.
Marset ABC Color
Sebastián Marset tras su captura en Bolivia.
ABC Color - Paraguay
La organización del uruguayo, a la que nombra como el Primer Cartel de Uruguay, “ha participado y participa en actividades terroristas y en terrorismo”, agrega el texto.
Desde que asumió en Estados Unidos por segunda vez, la administración de Donald Trump designó como terroristas a varias organizaciones internacionales de narcotráfico, una definición que no comparten todos los países de la región.
Para explicar por qué tiene potestad para juzgar a Marset, el dictamen fiscal dice que “la jurisdicción se establece cuando: (1) la actividad ilícita relacionada con drogas y el delito terrorista infringen las leyes penales de los Estados Unidos; (2) el delito, la actividad ilícita relacionada con drogas y el delito terrorista ocurrieron en el ámbito del comercio interestatal y exterior, y afectaron a dicho comercio; y (3) tras la comisión del delito, el infractor fue trasladado a los Estados Unidos y hallado en dicho país”.
En la carta que envió a la jueza de la causa, con fecha 17 de junio, Marset sostuvo que iba a pelear para probar su inocencia. El uruguayo dijo que Aminoff lo había presionado “persistentemente” para que aceptara un acuerdo para declararse culpable de delitos sobre los que Estados Unidos “carece de validez jurídica, porque ninguna de las conductas presuntamente delictivas ocurrieron” en su territorio.
Marset aseguró que dos agentes federales lo intentaron extorsionar y le pidieron las claves de sus billeteras digitales para quedarse con más de 4 millones de USDT, una criptomoneda.
En la acusación de los fiscales, sin embargo, indican que si Marset es declarado culpable de los delitos de “lavado de dinero” o “conspiración para lavar dinero”, esas criptomonedas (que equivalen a cerca de US$ 4 millones) serán decomisadas.
