Una iniciativa a estudio del Parlamento propone simplificar y acelerar el trámite de divorcio para los casos en que la pareja está de acuerdo con la separación. Impulsada por el diputado del Partido Nacional Alejo Umpiérrez, con el apoyo de legisladores de todos los partidos, recibió en los medios el nombre de “divorcio express”, porque habilitaría que se tramite en 60 días ante las oficinas del Registro Civil.
Pero al Colegio de Abogados la propuesta no lo convenció, y se apuró a advertir los riesgos que tendría aprobar una vía rápida que deje de lado la intervención del Poder Judicial.
Los abogados comparten el objetivo de acelerar un procedimiento que puede resultar engorroso, sobre todo cuando no hay conflictos que compliquen la separación. Aunque insisten en que no se puede sustituir una sentencia judicial con un mero acto administrativo, porque la disolución de un matrimonio tiene consecuencias sobre, por ejemplo, el patrimonio y los hijos.
Por eso, decidieron presentar un proyecto alternativo, que modifica el Código Civil para que se reduzcan los tiempos, pero que mantiene la intervención del juez.
Los abogados comparten el objetivo de acelerar un procedimiento que puede resultar engorroso, sobre todo cuando no hay conflictos que compliquen la separación. Aunque insisten en que no se puede sustituir una sentencia judicial con un mero acto administrativo.
El objetivo del nuevo proyecto, dijo a Búsqueda el presidente del colegio, Diego Pescadere, es adecuar la norma a lo que ocurre en la realidad. Es que, según explicó, es habitual que muchas parejas que están de acuerdo en divorciarse utilicen la causal de “riñas y disputas”, debido a que el proceso es más corto (puede resolverse en un par de meses), cuando el “consentimiento mutuo” demora entre seis y ocho meses.
“Hay cierta hipocresía en eso y por eso nos parece acertado darle al código un baño de realidad”, señaló. Con las modificaciones que proponen, el divorcio por mutuo consentimiento sería “más competitivo” con el de riñas y disputas, “que muchas veces no es cierto”.
El proyecto, que fue enviado ayer miércoles al Parlamento y al que accedió Búsqueda, modifica el artículo 187 del Código Civil y, si bien mantiene las tres instancias del proceso, reduce de tres meses a 30 días el tiempo entre las dos audiencias finales. “Se busca que la voluntad se sostenga en el tiempo (aunque este sea menor)”, para evitar que la decisión esté motivada por “un simple arrebato”, explica.
Opción light
La iniciativa impulsada por Umpiérrez, que se presentó en noviembre de 2015, lleva la firma de diputados nacionalistas, colorados, frenteamplistas y del Partido Independiente, y propone que los divorcios en los que existe consentimiento de los cónyuges puedan tramitarse ante el Registro Civil y no en un Juzgado de Familia.
El proceso vigente hoy es “en exceso formalista y complejo”, dice la exposición de motivos del proyecto, que plantea que con el divorcio administrativo “el mismo organismo que celebra el matrimonio podrá disolverlo”. Destaca a su vez que aliviará considerablemente la carga de trabajo del Poder Judicial.
El jueves 29 el Colegio de Abogados organizó una mesa redonda para debatir sobre el proyecto a estudio del Parlamento.
El especialista en Derecho Procesal Gabriel Valentín, uno de los disertantes en la mesa, planteó el problema de que el acto administrativo puede ser revocado, ya que no posee la condición de “cosa juzgada” que tiene una sentencia judicial, que deviene en un acto “absolutamente inalterable”.
El proyecto de ley “regula un procedimiento que es esencialmente administrativo por un razonamiento básico que puede parecer razonable: ‘si el matrimonio se constituye por la sola voluntad de los cónyuges manifestada ante un funcionario, ¿por qué no disolverlo de la misma manera?’”, planteó Valentín. Sin embargo, explicó, “cuando se va a disolver el matrimonio, “la decisión tiene que tener un grado de estabilidad que no es el propio de la decisión adoptada en un procedimiento administrativo”.
El abogado de Derecho Administrativo Miguel Pezzutti también se refirió a ese punto y añadió que podría incluso ser cuestionada la constitucionalidad de la solución que propone la vía administrativa.
Es habitual que muchas parejas que están de acuerdo en divorciarse utilicen la causal de “riñas y disputas”, debido a que el proceso es más corto (puede resolverse en un par de meses), cuando el “consentimiento mutuo” demora entre seis y ocho meses.
Plantear “que el mismo órgano que celebra el matrimonio sea el más adecuado para resolver la disolución, evidentemente es desconocer absolutamente la implicancia de una situación y otra. Es casi lo mismo que decir que así como la partera nos trajo al mundo, que se encargue de nuestra sepultura”, cuestionó por su parte Horacio Bagnasco, especializado en Derecho de Familia.
“Es obviar una realidad clara”, prosiguió. “Con el matrimonio lo que surge es un estado civil que tiene reflejos personales y patrimoniales de alta complejidad, y que en realidad la disolución del vínculo cuando llegamos al problema concreto de familia es lo de menor importancia, es todo lo demás lo que es relevante. Es qué pasó con los bienes, quién se va a quedar con la casa, quién no, quién sale del hogar, con quién quedan los hijos, cómo funciona el régimen de visitas, quién paga la pensión alimenticia, de qué forma”, ejemplificó.
Desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, intervino Laura Capalbo: “¿Qué sucede con un divorcio que se haga en sede administrativa, y que luego se quiera hacer valer en el exterior?”, planteó. “Se está desconociendo el efecto que puede tener ese divorcio en el extranjero”, añadió, y advirtió que podría no tener validez fuera del país.
En el cierre del evento, Pescadere resumió los planteos de sus colegas: “Sería una opción light, porque sería un divorcio muy rápido que se resolvería en forma administrativa, que sería solo doméstico, no de exportación”.
Tras la comparecencia el 14 de noviembre del Colegio de Abogados a la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de Diputados que estudia el proyecto, los legisladores se mostraron dispuestos a hacer modificaciones, y acordaron convocar a la directora del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho estatal, Luz Calvo, para que lo analice.
