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Desde que el oficialista Andrés Lima asumió como intendente de Salto, la interna política del Frente Amplio en el departamento ha sido compleja. En dos años, Lima perdió la mayoría en la Junta Departamental y se quedó sin el respaldo de su sector político, que él mismo fundó. Además, varios jerarcas renunciaron en medio de cuestionamientos a su gestión. En ese marco, un nuevo hecho en el departamento salteño volvió a complicar la interna. La intendencia, apremidada con necesidades económicas para hacer frente al pago de un fideicomiso, decidió reducir el salario de unos 30 funcionarios de los escalafones intermedios, que perciben sueldos nominales de entre $ 35.000 y $ 54.000.
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La medida fue cuestionada por ediles opositores y oficialistas, ya que entienden que el ahorro es insuficiente y que se debieron recortar los salarios más altos.
El lunes 21, en la reunión de la Mesa Política departamental del Frente Amplio, varios sectores plantearon crear una “comisión interventora” que tome acciones frente a las políticas aplicadas por Lima. Participantes en la reunión dijeron a Búsqueda que la medida sobre los salarios fue “la gota que colmó el vaso”, y que varias listas entienden que el intendente “está procediendo mal” en su gestión.
Ahorro.
Según informó a Búsqueda el secretario general de la intendencia, Fabián Bochia, en mayo unos 30 funcionarios contratados por designación directa vieron reducido su salario alrededor de 15%. La medida afectó a trabajadores a partir del escalafón 8, y se implementó con la reducción de la extensión horaria y cambios en el grado laboral.
La decisión responde a una necesidad económica de la intendencia, explicó a Búsqueda el director general de Hacienda y Administración de la comuna, Gustavo Chiriff, dado que en febrero de este año abonó la primera cuota por $149 millones del fideicomiso Daymán, una línea de crédito que tiene como objetivo el pago a proveedores adeudados desde la administración anterior.
A esto se suma la decisión del Poder Ejecutivo de reducir en 18% la cuota de contribución inmobiliaria rural a propietarios de padrones menores de 1.000 hectáreas con Índice Coneat 100. A raíz de esa resolución, la intendencia perderá unos $32 millones de pesos, dijo Chiriff.
“Estamos haciendo ajustes en varios rubros, como en la baja de gasto de combustible, de gasto de materiales, de los repuestos. También estamos ajustando el ingreso, sobre todo en los pasivos que se tienen a nivel de contribución”, explicó el director.
“No se va a pagar el fideicomiso rebajando sueldos y sacando grados a 30 personas”, cuestionó el presidente de la Junta Departamental de Salto, el colorado Alberto Villas Boas. Por su parte, Felipe Mutti, integrante de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio y secretario general de la Agrupación Humanista Armando Aguirre lista 888, sector al que pertenecía Lima, opinó que lo correcto hubiera sido “que empezaran por bajarse los salarios más altos”.
Por otra parte, varias fuentes cuestionaron la legalidad de cambiar el grado laboral de los trabajadores: “Una cosa es que quiten horas extra, pero al reducir el grado se está afectando el salario base de los trabajadores”, dijo una fuente.
El secretario general dijo que se hicieron ajustes relacionados con viáticos y viajes de las autoridades, pero que los salarios que perciben el intendendente y los directores no se modificaron porque están establecidos por decreto de la Junta Departamental.
Para Mutti, “sería una actitud importante para la ciudad que empezaran por bajar los sueldos más altos; que el que tiene más, aporte más”. Además, opinó que no hay impedimento para hacerlo porque lo que aprueba la junta es el tope de sueldo que puede tener el intendente.
El dirigente dijo que en su sector consideran que existen otros flancos que atacar “antes de achicar el bolsillo de la gente”. Mencionó, por ejemplo, que se podrían reducir los gastos de publicidad de la intendencia. “No vamos a financiar el fideicomiso rebajando sueldos y bajando de grado a los funcionarios”, cuestionó.
