Defensa de Caramés pidió citar a Astori y Bergara por “caso Armada”

A fines del año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 3er turno confirmó los procesamientos, que habían sido dispuestos por la jueza Beatriz Larrieu a pedido del fiscal Carlos Negro. Caramés decidió seguir dando la pelea y presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, pero en una sentencia del 26 de julio —a la que accedió Búsqueda— el planteo fue desestimado por razones formales.

El objetivo es que los tres sean interrogados sobre las razones que motivaron determinadas decisiones apresuradas, en particular, en relación con la construcción de barcazas para transportar la producción de la ex-Botnia. Caramés asegura que solo cumplió con lo acordado por los jerarcas de gobierno.

En la actual instancia del proceso —luego de que se dispone el procesamiento y comienza el juicio—los involucrados tienen la posibilidad de solicitar pruebas para demostrar su inocencia y conseguir una absolución, aunque en la gran mayoría de los casos los procesamientos derivan en condenas.

La defensa de Caramés estaba a cargo del prestigioso penalista Miguel Langón, quien falleció en marzo de este año. Su defensa ahora está en manos de dos abogados que no quisieron hacer declaraciones sobre el tema. De todos modos, poco después de la consulta de Búsqueda sobre las razones para citar a los jerarcas del gobierno, fuentes cercanas al militar se comunicaron para informar que sus abogados estaban reevaluando la estrategia ya que quieren evitar que las comparecencias se transformen en un “hecho político”.

Indicaron que lo que se busca alegar puede ser demostrado con otras pruebas, como declaraciones públicas y videos institucionales. Los abogados “entienden que no es necesario agregar prueba testimonial a esto. Así que se va a desistir del pedido”, dijo uno de los informantes.

De todos modos, en el expediente, que está ahora en manos del fiscal Luis Pacheco, por el momento solo figura el pedido de citar a Astori, Bergara y Bayardi, precisaron fuentes judiciales. En esta instancia la Fiscalía también puede pedir más pruebas para demostrar la responsabilidad de los involucrados. Finalmente será el juez Benítez quien resuelva qué pruebas autoriza.

Según informaron las fuentes a Búsqueda, los demás procesados optaron por no pedir nuevas evidencias.

Apariencia delictiva.

El expediente sobre el presunto abuso de funciones de los excomandantes en jefe de la Marina es uno de los tantos que se iniciaron a raíz del “caso Armada”, uno de los episodios de corrupción más grandes detectados en el país. Las irregularidades, investigadas a partir de denuncias anónimas, derivaron en decenas de procesamientos y generaron un gran impacto en las Fuerzas Armadas y a nivel político.

Algunos de esos expedientes continúan abiertos a la espera de que se concluyan los procesos. El juez Benítez ordenó días atrás que las causas vinculadas al caso de la Armada se unifiquen en un solo expediente, indicaron fuentes judiciales.

Caramés asumió como comandante en jefe el 1º de setiembre de 2010, cuando la institución ya enfrentaba una situación muy complicada por la caída de dos comandantes en jefe y la apertura de una causa judicial por compras irregulares. Cuando un año y medio después la fiscal Mónica Ferrero pidió el procesamiento de varios oficiales de la Armada por la misma causa, la situación de Caramés se complicó y terminó renunciando antes de que la Fiscalía se pronunciara sobre su responsabilidad en los hechos.

Años después, el fiscal Negro entendió que existían suficientes elementos de convicción para atribuir responsabilidad a Caramés, Debali y Fernández Maggio­ en ocho compras efectuadas en la Armada que tenían “apariencia delictiva”. De acuerdo a la investigación, si bien los objetos adquiridos (motores y equipos) nunca ingresaron a la Armada, de todos modos se abonó el precio de cada uno de ellos. Según el fiscal, las compras “ficticias” en algunos casos tenían por finalidad “obtener fondos frescos que permitieran cubrir distintas necesidades de la Fuerza”.

Según el fallo de la jueza Larrieu, los procesados cometieron “actos arbitrarios que excedieron las potestades que les conferían los respectivos cargos”, lo que constituyó, “cuando menos, un manejo irregular del dinero público, en perjuicio de la administración”.