Para el equipo económico de gobierno, el crédito, lejos de ser una “mala palabra”, debería ser un instrumento de desarrollo que, en Uruguay, está subutilizado. Pero el mercado, en particular a familias, registra varios problemas, tanto a nivel de los topes de usura como de sobreendeudamiento de sectores socioeconómicos vulnerables de la población. Además, está “latente” el riesgo de que los canales informales de financiamiento, como los préstamos “gota a gota” y sus “mecanismos de cobro bastante poco ortodoxos”, alcancen un tamaño más preocupante.
“Reconociendo que acá tenemos un problema, tanto a nivel de los topes de tasa de usura como de los problemas de endeudamiento, debemos tratar de evitar el riesgo de los atajos o las soluciones voluntaristas”, afirmó el jerarca, aunque sin referirse a esta iniciativa en particular. El tema ya estuvo en debate en anteriores períodos de gobierno, a través de proyectos de ley y también de planes de refinanciación habilitados por los bancos y las financieras que, sin embargo, dieron solución a aproximadamente un tercio de las 800.000 personas que en … estaban en incumplimiento de pago.
Gotas y delitos
Vallcorba expuso como una de las razones para actuar ahora es frenar el avance a modalidades de crédito ilegales. “Quiero poner arriba de la mesa una realidad que, por suerte, en nuestro país todavía está relativamente poco desarrollada (…). Me refiero a los denominados préstamos gota a gota, que se mueven en el mundo informal, pero que se mueven, además, en el mundo del delito, muy vinculados al narcotráfico, y que son una tendencia que ha estado presente y creciente en la mayoría de los países latinoamericanos y que en Uruguay todavía es incipiente. Yo creo que es una referencia que debemos tener presente, porque este es el peor desarrollo del mercado de crédito que podemos tener: un mercado de crédito que se desarrolla o que da espacios a que estas actividades crezcan”, afirmó, surge de la versión taquigráfica de la sesión parlamentaria.
“Todavía estamos muy lejos de la realidad que existe en otros países. Ese es el énfasis. Además, me parece que eso es algo muy saludable, que tenemos que preservar y tratar de mejorar, en el sentido de achicar el espacio que este tipo de operaciones tiene y sabiendo la complejidad que implica. Lo digo porque hay un negocio del mundo del delito por detrás y también, una forma de penetración del delito más allá del negocio financiero. Creo que todavía estamos a tiempo de generar condiciones que nos permitan no seguir el camino que han transitado otros países en América Latina”.
Puso algunos ejemplos de “ofertas de crédito real de estos créditos gota a gota” que son, préstamos de pago diario, y que “muchas veces tienen un diseño que es el más adecuado para la necesidad” de quienes pueden precisar obtener rápidamente un capital de poca cantidad de plata.
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“Les dice: '$ 15.000 en 30 cuotas de $ 600. Son 30 cuotas diarias, o sea, en un mes lo devuelvo; son $ 600 por día. Si yo puedo seguir trabajando de repente eso yo lo puedo pagar y me resuelve el problema'. Ahora, $ 15.000 en 30 cuotas de $ 600, con un costo total del crédito de $ 18.000 son $ 3.000; uno dice: 'En definitiva, no es tanto tampoco lo que le están cobrando de intereses', pero tiene una tasa efectiva anual implícita de 8.232%. ¡Y tenemos casos peores!”, donde el interés alcanza a 67.906%, señaló.
“Entonces, esta es una realidad que todavía, por suerte, en Uruguay no se ha expandido, pero que tenemos latente, y que da respuesta a sectores que no acceden a créditos. Uno puede decir: 'Si yo le estoy cobrando una tasa de interés anual del 68.000%' —redondeando— el mercado formal debería tener muchísimas oportunidades de poder dar respuesta a esto”, razonó, para enseguida sugerir a los legisladores que, al regular las tasas, se “debería dar espacio a que operativas de este tipo en el mercado formal existieran y se pudieran desarrollar para evitar estas modalidades, que no solo se mueven en la informalidad, sino que no respetan ninguna tasa de usura y además tienen mecanismos de cobro bastante poco ortodoxos. Eso genera dificultades en la convivencia social y en el entramado de convivencia en los barrios”.
La propuesta ministerial
El subsecretario consideró “bienvenido” el proyecto que discute la Comisión de Hacienda porque “es un tema que está presente desde hace mucho tiempo” y al que el sistema político no logró darle “una respuesta satisfactoria”.
Para el MEF, la clasificación actual de los tipos de crédito al consumo para familias —con o sin autorización de descuento de la cuota— o para vivienda, el plazo y los montos, “no logra tener una adecuada segmentación”. La cartera entiende que deberían considerarse aspectos “vinculados al riesgo, temas vinculados a los costos operativos de otorgar esos créditos y estos que inciden en el plazo y el monto del crédito en la determinación de las tasas’.
Según Vallcorba, hoy hay topes de tasa “extraordinariamente elevados para deudores de muy bajo riesgo”. Para deudores de alto riesgo, esos topes son “mucho más razonables porque, en definitiva, el riesgo de incobrabilidad y de que no se pueda recuperar el crédito es importante. Entonces, si nosotros metemos todo en una misma bolsa no estamos discriminando adecuadamente”.
La propuesta del MEF y el BCU supone “definir un criterio sobre qué entendemos por un crédito de bajo riesgo” basado en dos criterios, se explayó. En primer lugar, que durante un período de tiempo “relativamente extenso” no se haya tenido mala calificación como deudor, por ejemplo que en los últimos dos años nunca haya sido categoría 4 o 5 y que, además, tenga un período reciente de cumplimiento sistemático de las obligaciones de crédito, como que en los últimos seis meses haya sido siempre categoría 1 y 2.
Con esa base, habría créditos con retención de haberes; créditos de bajo riesgo, por otro, y el resto de los créditos de riesgo normal o alto, como una “primera aproximación de tres grandes grupos”.
Un segundo criterio implica complementar ese tope de usura con otro que se vincule con el monto del préstamo y el período de repago. El jerarca puso un ejemplo, poniéndose en lugar de la institución financiera: “Doy un crédito de $ 1.000 y, si es de 10%, el máximo que cobro es $ 1.100. Esto hace que si el crédito es a 10 días va a tener una tasa determinada; si es a 15 días tendrá otra. Definimos una tasa que va variando en función del plazo del crédito, hasta que converja con el tope general. Entonces, de alguna manera logramos generar un criterio que dé flexibilidad para operaciones de muy corto plazo y algo similar para operaciones de bajo monto”.
Vallcorba reforzó la idea de que este diseño contribuye a evitar que se esté “empujando determinado tipo de operaciones al mercado informal”.
Interés moratorio, una “bola de nieve”
Otro planteo del MEF refiere al interés moratorio, que se cobra como castigo al deudor cuando no paga su crédito. Pero, según dijo, al extenderse esa penalización en el tiempo, termina generando “una bola de nieve absolutamente imposible de pagar”.
Consideró que el proyecto en discusión “avanza” en la medida en que baja “un poco el tope del interés moratorio, aumenta el capital y elimina la excepción de la acción judicial”. El MEF comparte esa orientación pero entiende que “se puede ir un poco más allá. En particular, respecto al plazo, pensamos que 24 meses (para aplicar los intereses de mora) puede seguir siendo excesivo; si lo pensamos como una penalización y si hay un sobrecosto importante, eventualmente 12 o 18 meses podría ser un plazo de penalización suficiente”, comentó.
Reestructuración de deudas
También respaldó, conceptualmente, la intención contenida en el proyecto de genere un mecanismo que habilite la negociación con los acreedores y que permita la reestructuración de las deudas.
Sin embargo, Vallcorba llamó a buscar caminos para “simplificar el trámite (…) para que sea posible concretar, facilitar y promover esas instancias de negociación y acuerdo entre las partes”. En concreto, propuso que se establezca una etapa de negociación entre las partes “de índole administrativa” y, si se alcanzan determinadas mayorías, que se haga “obligatorio para todos”, en una segunda instancia judicial.
