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Que el Ejército realice tareas de vigilancia y seguridad interna es un tema que pone incómodo a más de un dirigente del Frente Amplio. Pese a eso, el martes 9 el oficialismo y la oposición dieron sus votos para aprobar un proyecto de ley que habilita a las Fuerzas Armadas a que realicen tareas de vigilancia y apoyo en zonas fronterizas.
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Es un “cambio radical” en seguridad y defensa, afirmó Javier García (Partido Nacional). Desde el Frente Amplio, Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) admitió que es un “paso imprescindible”. Pero también hubo una voz que mostró su discrepancia con la iniciativa. Constanza Moreira (Casa Grande) dijo que votaba por “disciplina partidaria” y “respeto” a sus compañeros, pero aseguró que no puede estar “más que en contra de la militarización de la seguridad pública”.
El proyecto encomienda a las Fuerzas Armadas la “vigilancia” de la zona fronteriza. Delimita esa zona como una franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales.
Las tareas de los efectivos militares serán el patrullaje, la identificación de personas y control de vehículos y la detención en caso de flagrante delito. “En caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos”, dice el texto que fue enviado a la Cámara de Diputados.
El proyecto agrega que en caso de que el personal militar deba utilizar “medidas materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso”.
El proyecto encomienda a las Fuerzas Armadas la “vigilancia” de la zona fronteriza. Delimita esa zona como una franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales.
Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609) dijo que uno de los principales debates que generó el texto tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas como “auxiliares” de la Justicia. Señaló como clave una intervención en comisión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien señaló que esa será una de sus tareas, ya que tendrá la facultad de detener personas.
Martínez Huelmo destacó que abogados de las Fuerzas Armadas trabajaron en la redacción del proyecto de ley.
Este punto fue retomado por el senador blanco García. “En este proyecto participó de la discusión el Ejército. Colegislaron sin que hubiera un erizo de piel”, dijo y recordó que esta no fue la actitud de la bancada oficialista cuando se discutió el proyecto de ley que reforma la seguridad social de los retirados militares.
De aprobarse la iniciativa, agregó, se dará un “cambio de 180 grados sobre la concepción de seguridad interna” por parte del Frente Amplio.
Aseguró que es necesario aprobar este texto, ya que hay problemas de seguridad en la frontera. Por allí, dijo, “pasan de largo con la droga, la plata sucia y corrupta”. Además, se “liberan recursos de la Policía y se refuerza su capacidad”.
“Susceptible”.
Constanza Moreira fue la legisladora más crítica con el proyecto. Dijo que de no haber hecho el cambio respecto a quién debían responder las Fuerzas Armadas cuando detuvieran a alguien, se estaban violando “principios constitucionales”.
“La adjudicación de funciones tiene que ser completamente específica”, afirmó. “El Uruguay tiene una historia horrible respecto a esto, tiene una horrible historia en relación con la militarización de la seguridad pública y tiene una horrible historia en relación con la actuación de sus cuerpos armados respecto a los civiles indefensos. Así que perdónenme que sea absolutamente susceptible respecto de este vínculo entre los cuerpos armados y los ciudadanos”, agregó.
También se refirió al hecho de que Jair Bolsonaro haya sido el político más votado en las elecciones de Brasil el domingo pasado. “No es casual que tengamos un militar candidato a presidente con un militar candidato a vice en el país que, después de Colombia, es el que más militarizada tiene su seguridad pública. La militarización avanza en América Latina ante la demanda de seguridad de las sociedades. Avanza la seguridad en relación con la libertad”.
La senadora aseguró que la redacción original del proyecto elaborado por el gobierno era “terrible”. Agregó que entiende que con estas medidas se está “innovando y colocando a las Fuerzas Armadas en el rol de auxiliares de la Justicia”.
Las tareas de los efectivos militares serán el patrullaje, la identificación de personas y control de vehículos y la detención en caso de flagrante delito.
Recordó asimismo que en el programa del Frente Amplio la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, la tiene a su cargo el Ministerio del Interior.
Moreira evaluó que “hay una tendencia en América Latina a la militarización de la seguridad pública” y que por eso no le parece “coherente votar” el proyecto. “Lo hago por disciplina partidaria y porque la modificación deja algún resguardo garantista con respecto a estas funciones y, además, por respeto a mis compañeros. Sin embargo, no puedo estar más que absolutamente en contra de la militarización de la seguridad pública”.
Jorge Larrañaga (Partido Nacional) dijo que no comparte la idea de que la “militarización lleva la pérdida de la libertad”.
“Bienvenidos al club”, dijo mirando a la bancada oficialista. Larrañaga afirmó que de no enfrentar la “realidad” que vive hoy Uruguay en materia de delincuencia, este problema “se va a llevar la convivencia y la paz del país”.
Carlos Baráibar dijo que el proyecto es necesario y afirmó que hoy no se está en la “realidad” de 1972 o de 1984.