La Universidad de la República y la IMM crean consultorios jurídicos especializados en violencia de género y vivienda

Con el fin de ampliar el espectro de los servicios que se ofrecen, con énfasis en algunas necesidades específicas, la comuna y la facultad firmarán un nuevo convenio que suma la creación de otro consultorio jurídico en el barrio Casavalle, según el borrador de la resolución de la IMM, a la que accedió Búsqueda.

“Junto a la Asesoría para la Igualdad de Género de la IMM analizamos cómo podíamos mejorar el tratamiento que se da de las situaciones de violencia basada en género, algo que nos preocupa especialmente en la zona de Casavalle”, explicó a Búsqueda la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche.

Según la jerarca, detectaron dos necesidades que se retroalimentaban. Cuando el servicio de las Comuna Mujer atiende una situación de violencia, esta generalmente deriva en otros aspectos civiles que no corresponden a un Juzgado Especializado en Violencia Basada en Género, tales como casos de tenencia, visitas, desalojos.

Esos aspectos son tratados por la vía civil común, no por la IMM. Por tanto, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar el servicio, se busca que estas trabajen en coordinación con los consultorios jurídicos de la Udelar.

Paralelamente, se prevé que cuando lleguen a los consultorios situaciones de violencia basada en género y no se les pueda brindar la inmediatez necesaria, los casos sean transferidos a las sedes de Comuna Mujer, que sí cuentan con la especificidad para trabajarlos.

En ese sentido, se determinó que la Asesoría para la Igualdad de Género de la IMM colabore en la capacitación y orientación de los estudiantes que realizan sus prácticas, explicó Goyeneche, ya que dentro de la formación en Derecho todavía no se ha profundizado demasiado en la perspectiva de género —aunque en el último año de la carrera existe una cátedra optativa sobre el tema.

“El propósito es que sea una más de las tantas formas en las que la IMM promueve la formación de los estudiantes, al tiempo que las prácticas se den en lugares estratégicos del territorio donde es especialmente necesario acercar el acceso a la Justicia a las personas más vulnerables”, sostuvo Goyeneche.

Acceso a la vivienda.

Otra de las novedades que incorpora el nuevo convenio es la creación de tres clínicas de litigios estratégicos totalmente gratuitas, que dependerán del Departamento de Desarrollo Urbano de la IMM y brindarán asesoramiento exclusivo en asuntos vinculados a vivienda. Estas también serán parte de las prácticas de los estudiantes, pero con una orientación específica.

La iniciativa, comentó Goyeneche, surgió a raíz de que las situaciones que se suelen trabajar en materia de vivienda (desde procesos de realojo, ocupaciones, prescripciones de terrenos o fraccionamientos), derivan en varios aspectos que terminan “judicializándose”.

Las personas que atraviesan este tipo de conflictos generalmente no pueden costear una asesoría jurídica privada, sostuvo, por lo que se determinó que sería un buen aspecto a abarcar por los consultorios jurídicos barriales.

“Definimos que incluso al menos una de las nuevas clínicas sea móvil, rotativa. Que no esté en un barrio fijo, de forma de establecer las tácticas según las zonas en las que se generen las necesidades”, comentó la directora.

El objetivo de que estas clínicas trabajen específicamente en el acceso a la vivienda, se debe a que es un derecho al que todavía le faltan muchas garantías, tanto en Montevideo como en Uruguay, afirmó Goyeneche.

“Nos parecía bueno que la intendencia se comprometiera, ya que si bien muchos planteos que nos llegan no deben necesariamente ser resueltos por la comuna dentro de su competencias, sí se encuentran en la órbita de nuestras áreas de trabajo”, indicó.

Goyeneche aseguró que dentro de la misión de Desarrollo Social se encuentra la promoción y el acceso a los derechos, por lo que entiende que está en “su deber” ayudar a la ciudadanía de nivel socioeconómico bajo a resolver este tipo de situaciones.

Los criterios para acceder a las nuevas clínicas serán los mismos que rigen hoy para los consultorios jurídicos barriales de la Udelar. Según el reglamento de funcionamiento, las personas solteras, viudas o divorciadas que pueden ser atendidas son aquellas cuyos ingresos mensuales líquidos no superen el equivalente a 30 Unidades Reajustables (UR). En el caso de las personas casadas, sus ingresos no podrán superar las 40 UR.

El convenio está en proceso de aprobación, pero se espera que entre en vigencia en marzo junto con el inicio de las clases universitarias.