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En Uruguay, el sector de las tecnologías aplicadas a los servicios financieros —conocidas como fintech— pasó de una etapa de “cierto florecimiento” a una actual de repliegue. Según afirmó el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Fernando Brum, eso obedeció a dos recientes decisiones adoptadas por el Banco Central (BCU).
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Brum reflexionó sobre ello al disertar el lunes 3 en el foro titulado Algoritmolandia: la inteligencia artificial para el desarrollo inclusivo en América Latina, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Astur en la Torre Ejecutiva.
“Está claro que cuando todos hablamos de tecnología todos hablamos que tenemos que tener un área de juego regulatoria para que los modelos de negocios y la tecnología se desarrollen y podemos aprovechar del Uruguay características de pequeño país para hacer eso y después aportar. Pero después tenés un sistema regulatorio que no nos deja hacer prácticamente nada. Tenemos discursos que dicen una cosa y prácticas que complican bastante esas mismas cosas que estamos diciendo. Y eso pasa en muchos ámbitos y no tenemos una discusión profunda y transversal de las implicancias de cada una de las cosas”, afirmó el titular de la ANII.
El moderador del panel, el empresario del software Nicolás Jodal, le preguntó a qué áreas estaba haciendo referencia. “Nosotros teníamos un cierto florecimiento de la industria de fintech, que está cerrando y se están yendo del país uno a uno. Ahora cerraron dos la semana pasada porque salió una nueva reglamentación que prohíbe los préstamos peer to peer y eso, con el fallo sobre (el caso de) Paganza contra Itaú, va a terminar haciendo que se vayan también”, contestó. “Hoy hay segmentos de una industria innovadora, que podría llegar a ser muy competitiva, que están cerrando”, sentenció.
La actividad de las empresas que ofrecen plataformas digitales para peer to peer —conectando a una persona que ofrece dinero y a otras que lo toman— acaba de ser reglamentada por el BCU. En una circular emitida el 23 de noviembre, estableció que esos agentes deberán inscribirse en un registro que llevará la Superintendencia de Servicios Financieros de dicho organismo y tendrán que mantener un depósito a la vista no inferior a 50.000 unidades indexadas en el BCU.
Entre otras disposiciones, limita el endeudamiento total dentro de cada plataforma para personas físicas o jurídicas o por préstamos garantizados con hipotecas, así como topes por prestamista.
El presidente de la Cámara de Fintech, Martín Naor, dijo en El País del lunes 3 que “lo más probable” es que las plataformas “no quieran operar y tengan que dedicarse a otra cosa”. Opinó que la circular del BCU “si no impide o elimina del todo el negocio, lo complejiza a un nivel tal que las empresas deberán hacer alguna acrobacia en su modelo operativo para tratar de entrar en la regulación y funcionar de manera hiperrestringida”. Uno de los reparos refiere a los límites al endeudamiento y a la prohibición de que, por ejemplo, fondos de inversión puedan ser socios en estas plataformas.
