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Las reuniones, primero del grupo de coordinación con el Ministerio de Economía y luego del Comité de Política Monetaria (Copom) del miércoles 10 tuvieron clima de despedida y transición. Quien se va esta semana para lanzarse a la campaña electoral es Mario Bergara, presidente del Banco Central (BCU).
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El cargo quedará en manos de Alberto Graña, gerente de Política Económica y Mercados del BCU, quien ya presidió el organismo por unos meses entre el final del gobierno de José Mujica y el inicio de la actual administración. Ese economista participa habitualmente en las reuniones trimestrales del Copom.
El comité del miércoles 10 analizó el contexto económico —incorporando los datos del Producto Bruto Interno del segundo trimestre, así como los últimos en materia de empleo e inflación— y ratificó los objetivos y lineamientos asociados con la política monetaria, que conduce el BCU.
Junto con Economía se ratificó la meta de llevar la inflación a niveles de 3%-7% anual (hoy está en 8,3%) para los próximos 24 meses. Y tomando en consideración el contexto internacional —caracterizado por un “elevado nivel de incertidumbre”— y la evolución esperada de la demanda de dinero, el Copom fijó como pauta indicativa un aumento de entre 7% y 9% del agregado monetario M1’ para el cuarto trimestre de este año.
En abril-junio el M1’ creció 8,6%, “levemente” por debajo de la referencia definida en el Copom de julio (9%-11%), debido a un crecimiento de la economía algo menor al esperado y a una demanda de dinero más débil de lo previsto, asociada a la depreciación cambiaria, señaló en un comunicado. “En este marco, el BCU entiende necesario mantener la instancia contractiva de la política monetaria a fin de incidir sobre los canales de transmisión relevantes para la evolución futura de la inflación”.
La política monetaria vigente en Uruguay es un esquema de metas de inflación basado en el manejo de la cantidad de medios de pago en la economía. Toma como herramienta instrumental el agregado M1’ (o ampliado), que incluye la emisión de dinero en poder del público, los depósitos a la vista y las cajas de ahorro. La política busca que ese agregado crezca en forma consistente con el objetivo de inflación y la demanda de dinero; un aumento relativamente moderado —que el BCU expresa como un “sesgo contractivo”— actúa, por diversas vías, restringiendo el gasto privado en los mercados de bienes y servicios, lo que debería mitigar las presiones sobre la suba generalizada de precios (inflación).