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El 31 de julio y el 1º de agosto de 1997, en Guatemala, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) convocó a una conferencia de amplísimo alcance para abordar un asunto muy grave que estaba aconteciendo en América Latina: el asesinato de periodistas en el cumplimiento de su trabajo y la impunidad generalizada de esos crímenes. Ahora eso está en el foco de todas las organizaciones que promueven la libertad de expresión. Pero entonces ni siquiera había registros de reporteros muertos.
En el curso de los debates, los conferencistas decidieron que había que hacer algo. Y, entonces, aprobaron una serie de recomendaciones para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a efectos de que su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las tuviera en cuenta. Una de esas recomendaciones fue la creación, a nivel de la CIDH, de una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Apenas tres meses después, en noviembre de 1997, la Asamblea General de la OEA recogió el guante y la Relatoría vio la luz.
En aquella iniciativa de 1997, el entonces presidente de la CIDH, el chileno Claudio Grossman, el embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidoff, el director ejecutivo de la CIDH, el argentino Jorge Taiana, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el uruguayo y ex director de Búsqueda, Danilo Arbilla, fueron los padres de la criatura.
Esta semana se están cumpliendo 20 años de funcionamiento de la Relatoría y su labor ha sido muy productiva para los periodistas, así como para la promoción y vigilancia de la libertad de expresión. La sola existencia de la Relatoría ha frenado muchas veces desbordes despóticos de algunos gobernantes.
El relator actual es el uruguayo Edison Lanza, experiodista de Búsqueda. Pero para celebrar el vigésimo aniversario de la Relatoría, Lanza llamó a sus cuatro antecesores: los argentinos Santiago Cantón y Eduardo Bertoni, el venezolano Ignacio Álvarez y la colombiana Catalina Botero.
Los cinco relatores y otros promotores de la libertad de expresión en las Américas se reunieron en Bogotá esta semana para celebrar el 20º aniversario. ¡Y vaya si hay cosas para festejar en estas dos décadas!
La Relatoría ha desempeñado un papel fundamental para denunciar los acosos contra la libertad de expresión y contra los periodistas, para vigilar que las leyes de cada país de las Américas que protegen este derecho humano no sean ignoradas por los gobiernos —como solía suceder antes—, para promover el trabajo de los reporteros y para evitar que las causas penales que involucran asesinatos de periodistas no acaben durmiendo el sueño de los justos.
Los relatores Cantón (1998-2001), Bertoni (2002-2005), Álvarez (2006-2008), Botero (2008-2014) y Lanza (2014 hasta el presente) han conseguido avances significativos a lo largo de estos 20 años. Solo para mencionar algunos:
· Adecuación normativa en cada país a los altos estándares interamericanos en libertad de expresión (Uruguay es un caso claro en esta materia).
· Veintitrés países de las Américas aprobaron leyes de acceso a la información pública.
· La mayoría de las jurisdicciones de la región derogaron las leyes de “desacato”.
· Progresivamente, se han anulado o modificado los delitos de “difamación” e “injurias”, en especial cuando se trata de proteger la libre expresión en asuntos de interés público o sobre funcionarios del Estado.
· Algunos países muy afectados por la violencia contra periodistas adoptaron mecanismos especiales para protegerlos y fiscalías especializadas para investigar los crímenes.
Los relatores, en una declaración conjunta, dijeron que “durante estos años, la labor del periodismo como manifestación primaria de la libertad de expresión ha tenido un impacto fundamental en la lucha contra la corrupción en la región, que pone de presente la necesidad de garantizar la libertad de prensa, promover el periodismo de investigación, fomentar altos estándares de calidad periodística y la autorregulación ética de la profesión”.
Naturalmente, los propios relatores advirtieron que queda mucha carretera por recorrer, porque “la violencia contra periodistas y los elevados índices de impunidad respecto de estos crímenes sigue representando la mayor amenaza al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la región”. Cifras al canto: entre el 1º de enero de 2010 y el 1º de noviembre de 2017, al menos 177 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación habrían sido asesinados por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión.
“En la mayoría de los casos —precisaron los relatores— los periodistas asesinados trabajaban en lugares alejados de los grandes centros urbanos y cubrían noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados con el poder político y económico. En su gran mayoría, estos crímenes permanecen en la más absoluta impunidad”.
También les preocupa que en algunos países se siga criminalizando la crítica, la disidencia política y la participación en manifestaciones sociales. Y más significativo aún: “Causa alarma el debilitamiento de formas de gobierno democráticas y la instalación de regímenes autoritarios en países del hemisferio que vuelven a adoptar la censura, el cierre arbitrario de medios de comunicación y el uso de medios indirectos para interferir o controlar el funcionamiento de los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.
El desarrollo de la tecnología en estos 20 años trajo noticias buenas pero también inquietudes. Los relatores precisaron que hay “desafíos nuevos” por “la escala de la difusión”, “el rol y el tipo de responsabilidad de los intermediarios para el acceso y circulación de información en Internet”, “la manipulación de la información y la viralización de noticias deliberadamente falsas”, “el espionaje ilegal de periodistas”, los discursos de “incitación al odio” y la violencia online.
Permanecen, pues, problemas muy serios. Pero estamos mejor que hace 20 años. Sin la Relatoría, el camino hubiera sido mucho más difícil.
