Foto: Nicolás Der Agopián.

Hay zonas del país donde “hay que encarar” políticas sociales y educativas “de forma muy especial”, porque se manejan hasta códigos de comunicación diferentes al del resto de la sociedad; “si no” se cambia “vamos a seguir incomunicados hasta en el uso de las palabras”, afirmó Bonomi

El nuevo Código del Proceso Penal provocó un aumento de los delitos

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Nº1956 - al de Febrero de 2018
entrevista de Guillermo Draper

Cuando el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a bajar 30% las rapiñas, las autoridades de la Policía, por lo bajo, expresaban escepticismo. Pocos creían que fuera posible un descenso tan pronunciado en ese delito, que no había dejado de crecer en las últimas dos décadas. Hasta octubre del 2017, sin embargo, los números del Ministerio del Interior indicaban que el objetivo no era descabellado.

Pero algo sucedió en el último trimestre del año que revirtió la tendencia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, opina que el crecimiento de las rapiñas y los hurtos registrado entre octubre y enero de este año tiene una explicación central: la puesta en marcha, el 1º de noviembre, del Código del Proceso Penal (CPP).

En una entrevista con Búsqueda, Bonomi dijo que el CPP supone un “paso adelante” porque es más garantista, pero que hay que “ajustar” su “funcionamiento”. Argumentó que la Policía tiene problemas para conseguir órdenes de allanamiento, que en delitos menores los fiscales a veces optan por dejar en libertad a los detenidos y que redujo la cantidad de procesados y de personas en prisión. Y añadió que sus subalternos también tienen parte de responsabilidad, porque hay un “mito” entre los policías, quienes se equivocan cuando creen que no pueden investigar nada sin antes conseguir una autorización de un fiscal. La coordinación entre el ministerio y la Fiscalía General, según el ministro, resultó insuficiente para evitar esos problemas.

Bonomi, que ocupa el cargo desde 2010, aspira a revertir el aumento de las rapiñas con la puesta en funcionamiento de las 3.300 cámaras de videovigilancia y modificaciones al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), sistema de patrullaje policial implementado en 2016.

En cuanto al incremento de los “ajustes de cuentas” entre criminales, el ministro dijo que hubo una disminución del mercado de pasta base como consecuencia de las políticas de seguridad y del “ aumento de la capacidad de consumo de los uruguayos, que pasan de la pasta base a la cocaína de nuevo”. Insistió con que se necesita un “shock de políticas sociales y urbanas” para solucionar el problema de fondo, que a su juicio es el quiebre del entramado social.

—En los últimos meses hubo un aumento de las rapiñas y de los hurtos. ¿A qué lo atribuye?

—Teníamos una baja continua de las rapiñas en un ritmo que llevó, en setiembre, a un 13,5% de baja con respecto al 2015. Y nosotros planteábamos que teníamos que llegar, aproximadamente, a un 15% entre setiembre y marzo. Veníamos bien hasta octubre. Ese mes ocurre una visita de cárceles que libera a una cantidad de personas privadas de libertad y empieza a revertir la baja levemente. Y en noviembre y diciembre, a partir del funcionamiento del CPP, empiezan a crecer los delitos. Ya nos habían dicho que iba a tener dificultades al principio, nosotros decíamos que nos habíamos preparado juntos, fiscales y policías, pero hay algunas situaciones que se produjeron y generaron ese efecto. Por ejemplo, se redujeron las personas privadas de libertad y los procesamientos cayeron. En noviembre y diciembre se produjo una disminución de la baja de las rapiñas y terminamos el año con una disminución del 8,5%. Nos llevó a que ese 13,5% previsto se transformara en un 8,5%. No es un problema del CPP sino de su funcionamiento, que se tiene que ajustar.

Pero hay más cosas. Hasta setiembre había un predominio altísimo del robo de dinero, pero a partir de octubre empieza a crecer el robo de objetos: celulares, championes, ropa. No deja de ser mayoritario el robo de dinero, pero no en los porcentajes que estaban planteados antes. Sigue siendo mayor el robo con arma de fuego, pero aumenta muchísimo el robo con arma blanca. Entendemos que eso se produce porque el que comete este tipo de robos va a canjear el objeto por droga en una boca. Había una jueza en Artigas que decía: “Acá, después de las 12 de la noche, todo vale 100 pesos”. Porque todo iba a la boca a cambio de drogas. Ese fenómeno se produce a partir de un aumento del delito fuera del área del PADO.

—Usted hablaba de ajustar el CPP, pero hay cuestiones del nuevo sistema que llegaron para quedarse, como el hecho de que la prisión preventiva debe ser una excepción.

—Con el nuevo Código se le dio otra dimensión al trabajo de los fiscales por ley, pero por Constitución no. Entonces, los que siguen con poder de resolución son los jueces. Lo que se hizo con esto es agregarles un intermediario más a los pedidos de allanamiento: antes la Policía se lo pedía directo al juez, pero ahora se lo tiene que pedir al fiscal, interviene el abogado en el proceso y el juez le exige al fiscal quizás más cosas que a la Policía. Ahí hay un problema de ajuste.

A su vez, hay un mito que se ha difundido y que, a veces, la Policía lo toma como cierto y no lo es. Ese mito es que la Policía no puede investigar si no lo ordena un fiscal. Cuando a uno le roban el auto y hace la denuncia a la Policía, la Policía no puede comunicarle al fiscal a ver si puede investigar, sino que inmediatamente después de recibir la denuncia tiene que empezar a intervenir. Ahí hay una incomprensión de parte de la Policía, ese es un problema nuestro.

Pero también puede existir el problema de que cuando el delito no es un delito grande, se deje en libertad al que lo cometió, y muchas veces quien lo cometió, cometió otros antes. Ahí hay que ajustar. Cuando aprobaron el proyecto, los legisladores sabían que había que ajustarlo después. Hace dos años veníamos coordinando, pero no fue suficiente. Hay que seguir coordinando. El Código es un salto adelante para el país y, por el momento, ofrece algunas dificultades.

—¿Esto no es aplicar “mano blanda”?

—No, no tiene nada que ver con mano blanda. Es dar más garantías a todos, incluidas las víctimas. La víctima, cuando era robada, después que empezaba el proceso quedaba afuera. Ahora la víctima puede participar, dar elementos y razones, y generalmente no va por la mano blanda. Entonces, no es apostar a la mano blanda, sino a las garantías. Uruguay era uno de los pocos países donde la Justicia funcionaba con un juez que investiga, instruye, juzga, hace el seguimiento de la situación del preso. Hay que ajustar para que funcione. Además, hay países que tienen este sistema y son de mano dura.

—¿Este aumento de los delitos pone en riesgo la promesa electoral de bajar 30% las rapiñas?

—Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque…

—Usted dijo recién que aspiraba a llegar a 15% de descenso en marzo, pero quedaron, por ahora, casi a mitad de camino.

—Eso estaba calculado solo con el funcionamiento del PADO. Nosotros ahora tenemos el PADO, las cámaras y otros instrumentos más que no estaban. Entonces, en esos meses se produjo un retroceso, en enero también, pero ahora espero que se revierta otra vez. Y la videovigilancia va a pesar también. A partir de febrero entran el número de visualizadores que necesitan esas 3.300 cámaras, que son 160 o 170 nuevos visualizadores. ¿Cuál era la estrategia? Hay una zona que controla el PADO y lo que está por fuera lo controla la videovigilancia, la participación de otros organismos policiales y lo que estaban haciendo con el patrullaje de los alumnos de la Escuela de Policía. Aumentamos los controles de motos, algo que se hacía antes, y al mismo tiempo que se controlan motos, se controlan transeúntes. Porque la otra tendencia de cambio es que, junto al crecimiento del robo de objetos y el robo con arma blanca, aumentó el de gente que lo hace a pie.

—Usted dio una explicación sobre el aumento de los hurtos y las rapiñas. ¿A qué atribuye la ola de homicidios registrada en la última semana?

—En la última semana y la anterior. Y ya venía también aumentando en los últimos meses. Hubo 38 en enero. Creo que tiene una explicación clarísima, que puede gustar o no, pero la explicación clarísima es el conflicto entre delincuentes. La inmensa mayoría de estos homicidios son conflictos entre delincuentes. Y al cierre del 2017, los conflictos entre delincuentes explican 45% de los homicidios. Ese porcentaje, cuatro años atrás, era muchísimo menor.

—Dice que hace cuatro años había menos ajustes de cuentas. ¿No se podía detener ese proceso desde las políticas públicas?

—¿Los conflictos entre los delincuentes?

—Sí. Este incremento parece una escalada en la violencia.

—La principal forma de resolver esto no es decir: “Voy a resolver los homicidios particulares”. Es actuar sobre el crimen organizado y, dentro de eso, la guerra entre delincuentes.

—¿Se ha hecho?

—Se ha hecho.

—¿Y ha dado resultados?

—Creo que sí.

—Pero la guerra parece que aumenta.

—Hay que fijarse… yo sé que después me toman el pelo y dicen: “Bonomi se dedica a explicar más que a actuar sobre los hechos”, pero si uno no se explica los hechos, no actúa. Acá lo que se ha visto es que el crecimiento de determinados grupos de crimen organizado se dio sobre la base del crecimiento del tráfico de pasta base. A partir de 2008, fundamentalmente, empezó a disminuir el consumo de pasta base, y en este momento debemos estar en el punto más bajo de su consumo. Por el contrario, hubo un aumento del consumo de cocaína y éxtasis. Y acá —insisto en que pueden agarrarlo para el lado que quieran— el consumo de pasta base produjo un cambio en la forma de distribución de la droga. Antes no había boca de venta de cocaína, sino que esa droga la distribuían en fiestas, en bailes, en determinados lugares. Cuando cambia el consumo de cocaína a pasta base, se empieza a comprar en la boca y existen los grupos que la manejan. Hoy vuelve a aumentar el consumo de cocaína y de éxtasis, cuyo volumen de consumo es nuevo, y disminuye la pasta base. Entonces, los grupos que se consolidaron alrededor de la venta de pasta base ven cómo pierden mercado y salen a disputarlo, y lo hacen de esta manera. De alguna forma, es consecuencia del trabajo que se ha hecho a nivel policial y es consecuencia, quiéranlo o no, del aumento de la capacidad de consumo de los uruguayos, que pasan de la pasta base a la cocaína de nuevo. Eso lleva a un enfrentamiento y eso produce estas cosas. Cuando eso aumenta, es dificilísimo investigarlo. Ahora, la Policía investiga de otra forma, no se dedica a los casos individuales, investiga situaciones globales. Lo está haciendo y está dando resultados.

Hay que tener en cuenta, además, que se han desarticulado bandas y los que quedan a cargo son chiquilines, que incluso quedan a cargo de los homicidios. Cada vez más se ha golpeado a los que dirigen bandas o son de primera línea, pero inmediatamente los sustituyen. Por lo tanto, esto tiene que ver con otra cosa distinta a la relación Policía-delincuente; tiene que ver con la relación delincuente-sociedad. Hay cosas que no se van a arreglar si no se hace un trabajo de otro tipo, más allá de la Policía, en determinadas zonas.

—¿En el Ministerio del Interior están haciendo todo lo que se puede hacer para enfrentarlas?

—Lo que vamos a hacer no te lo puedo decir. Lo que sí digo, es que el cambio de fondo no lo va a hacer el Ministerio del Interior. El cambio tiene que venir de un cambio en la sociedad, tiene que haber un shock de políticas sociales y urbanas, políticas educativas. Esto lo ves en el Inisa y en las cárceles: hay una dificultad enorme para comunicarse con el que ingresa como internado, no con todos, pero sí con un sector. Es difícil porque hay un nivel de comunicación que no se produce, porque hay una dificultad que para mí surge de lo educativo. Y hay lugares donde creo que hay que encarar lo educativo de forma muy especial, si no, vamos a seguir incomunicados hasta en el uso de las palabras. Los que quieren decir que esto es una excusa, díganlo, pero esto es lo que sucede.

—La falla del sistema educativo…

—…No digo fallas del sistema educativo.

—El sistema educativo expulsa a muchos jóvenes de esos sectores.

—No es solo que expulse. Es que hay jóvenes que son hijos de delincuentes, hermanos de delincuentes, nietos de delincuentes, y que tienen valores que en la escuela no los cambian. Eso hay que detectarlo, pero es muy difícil. Creo que hay gente que está trabajando ahora en determinadas zonas, desde el punto de vista educativo, que empieza a ver esto.

—¿El shock de políticas sociales y urbanas que reclama tiene que hacerse ya o hay que esperar al próximo gobierno?

—¿Vos viste cuál es el reclamo de la sociedad en cuanto a la reforma del Estado? Estas políticas públicas requieren un gasto mucho mayor y no es posible cuando entrás en el cuarto año de gobierno, con un presupuesto votado y la última Rendición de Cuentas. Y, ojo, lo que digo se empezó a hacer, pero cuando avanzás, la utopía se aleja, como decía Galeano. Avanzaste hacia esto, hiciste políticas de viviendas, realojos, construiste escuelas, y te das cuenta que falta. Entonces, el shock es absolutamente indispensable, pero no lo podés hacer en el cuarto año de gobierno. Ahora tenés que hacer lo que le corresponde al Ministerio del Interior, que es avanzar en el control de esto.

—En el período pasado se aplicó el Plan 7 Zonas que iba en ese sentido.

—Y se avanzó.

—En este gobierno se dejó de lado, porque supuestamente se iba a incluir en el Presupuesto Nacional, pero no pasó.

—Sí, pero se utilizó el presupuesto de cada uno de los ministerios. Muchas de las escuelas de tiempo completo que se han hecho, creo que la ministra de Educación preguntó tanto a nosotros como al Mides, dónde existía la necesidad de construirlas. Y, si se fijan, van a ver que se han construido escuelas de tiempo completo en las zonas más complicadas. El Mides se ha metido en estos lugares.

—Pero recién ahora usted habla de shock.

—Ahora me parece que tenemos que ir mucho más lejos de lo que se intervino hasta ahora. Creo que es importante plantearlo en términos de shock, porque la gente que opina sobre esto desde una perspectiva distinta, lo único que plantea es aumentar las penas, la represión y que se pudran en la cárcel. ¡Y ese es el peor camino!

—¿Es un error del Frente Amplio no haber desarrollado esas políticas que usted reclama ahora?

—No es un error. ¿Vos sabés lo que son procesos? En los procesos llegan momentos en que vos tenés que profundizar. Se han hecho cosas, pero los procesos conducen a eso, a que en determinado momento tenés que hacer cosas que antes no podías hacer. En Montevideo no son menos de 20 zonas y no alcanza el tiempo ni en qué instancia estamos de ejecución del presupuesto, pero lo tenés que plantear mirando hacia el futuro. El Ministerio del Interior tiene un papel de contener con medidas policiales, de investigación, de patrullaje, de detención, de llevar ante la Justicia, de administrar las cárceles con políticas de rehabilitación; lo estamos haciendo y vamos a poner todo el esfuerzo en eso.

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