El anuncio lo hizo el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el 27 de diciembre, confirmando así lo publicado el día anterior por Búsqueda. La notificación despertó expectativa entre los trabajadores de Aratirí que aguardan en el seguro de paro y los representantes de la empresa. Por otro lado, quienes rechazan el proyecto minero, entre ellos algunos políticos de la oposición, decidieron actuar.
El martes 7, durante la sesión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, el senador colorado Ope Pasquet reclamó que el gobierno haga público el contrato que firmará con Aratirí. “Tenemos que saber en qué términos se obliga el Estado uruguayo” en este tema, dijo el legislador.
“No se puede utilizar el argumento de la cláusula de confidencialidad porque no vale para cláusulas de protección del medioambiente y lo referido a los aspectos fiscales”, afirmó Pasquet, y agregó que en un momento en que se juntan firmas contra la minería es cuando el gobierno debe actuar “con la mayor transparencia”.
Las empresas.
El senador Pedro Bordaberry realizó un pedido de informes solicitando la nómina de permisos de prospección, exploración y explotación concedidos o solicitados entre 2009 y 2012.
En el listado, al que accedió Búsqueda, figuran Minera Aratirí SA y varias de las once restantes empresas que integran el conjunto económico Minera Aratirí, al cual el Poder Ejecutivo —con la firma del presidente José Mujica y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman— calificó como proyecto de minería de gran porte.
Pasquet dijo durante su intervención del martes 7 que en esos documentos Aratirí solo aparece como titular de permisos en Florida, pero “el proyecto se extiende por otros departamentos”.
“Las otras empresas que aparecen, ¿conforman una unidad económica? ¿Quién va a comparecer en la firma del contrato? ¿Solo Aratirí? Nos gustaría saber si en todo esto se tuvo en cuenta que no se haya vulnerado el tope para que un mismo sujeto tenga varios permisos de explotación”, cuestionó el legislador.
También el senador Sergio Abreu, precandidato del Partido Nacional, cuestionó en los últimos días el acuerdo que firmará el gobierno con la empresa minera: “Con Aratirí comienza una nueva Pluna. Con Pluna dejamos un agujero en el cielo; con Aratirí vamos a dejar varios agujeros en la tierra”, auguró en declaraciones a “El País” el domingo 5.
Abreu opinó en un texto que publicó en Internet que el emprendimiento se hace contraviniendo normas, que no ha terminado la evaluación de la Dinama, que habrá un impacto “ambiental” en el país y que el proceso adolece de “falta de transparencia”.
Pluna.
El mismo razonamiento hicieron los militantes del Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre), organización social contraria a este tipo de emprendimientos. Los activistas advirtieron la similitud que presenta la llegada de Aratirí con las consecuencias de la asociación de Pluna.
“Al igual que Leadgate, Aratirí es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de Valentines puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional”, denunció la organización mediante un comunicado divulgado el martes 7.
En el documento dicen que el anuncio de la firma del contrato de inversión evidencia “que el gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los procedimientos y opiniones técnicas de Dinama y, en última instancia, careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una decisión de esa envergadura”.
El representante de Uruguay Libre, Víctor Baccheta, recordó el martes 7 que ya existe un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería de gran porte presentado por el fiscal Enrique Viana y advirtió sobre exigencias que restan ser definidas en la normativa actual antes de firmar un contrato.
“La firma ahora de un contrato se haría sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como las mejores prácticas mineras del artículo 5º o el plan de cierre del artículo 13º. Además, previo a la firma y de acuerdo con el artículo 27º, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por U$S 160 millones”, indicó Bacchetta.
“El miedo”.
Desde el oficialismo, en cambio, varios dirigentes salieron a defender el proyecto. “Están apareciendo iniciativas en varios departamentos, algunas desinformadas y manejadas en función del miedo, otras con ingredientes de oposición a las iniciativas del gobierno nacional para el desarrollo sostenible, otras por intereses económicos directos, que debemos enfrentar decididamente, con la información jurídica que corresponde, y con la firmeza política de defender el desempeño del gobierno frenteamplista”.
Así empieza el “documento de orientación” fechado el 18 de diciembre que el senador Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) difundió por las redes sociales con un análisis que incluye “elementos técnicos y jurídicos” para que “la militancia” frenteamplista pueda “defender el desempeño del gobierno”.
Una cuestión en la que se centra su informe es la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto que aprobó la Junta Departamental de Lavalleja semanas atrás.
Aunque el departamento de Lavalleja prohibió la minería de gran porte en su territorio, según el legislador, esa actividad “parece encontrarse excluida de su regulación a nivel departamental”. En caso de que haya conflicto entre normas al respecto, “la ley especial prima sobre la general de igual rango” y la ley nacional sobre la departamental.
Por otro lado, Agazzi sostuvo que “el uso del suelo con destino extractivo, propio del suelo rural, se encuentra en principio admitido” por la ley de ordenamiento territorial “como uno de los usos típicos de esta categoría de suelo”.
En tanto el diputado Julio Battistoni, que también integra el MPP, cuestionó que “la prensa y medios en general están preocupados por las explotaciones mineras, la regasificadora, el puerto de aguas profundas”, lo que a su juicio es promovido “desde una rara alianza entre ambientalistas y oposición política”, según escribió el 27 de diciembre en “La República”.
El legislador sostuvo que “es falsa” la imagen de que “el país quedará como un queso” por la actividad minera, ya que esos emprendimientos “podrían llegar a ocupar un área no superior al 0,6% del suelo productivo del país, mientras que el cultivo de soja y la forestación ocupan, cada uno, aproximadamente un 8%”.
Battistoni atribuyó estos “argumentos tan absurdos” a que “a la derecha le conviene que le vaya mal a la izquierda”, que los terratenientes “no podrán disponer de mano de obra barata en la zona” y que “es bien conocido el dominio a través del miedo”.
Jorge Surraco, gerente de Comunicación de Aratirí, dijo a Búsqueda que la empresa “no va a formular declaraciones”
Desarrollo
2014-01-09T00:00:00
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