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En los últimos años, en particular de 2005 a la fecha, México se ha transformado en uno de los países más riesgosos para el ejercicio de la profesión periodística. Decenas de asesinatos, cientos de secuestros y torturas, y constantes amenazas a los medios de comunicación hicieron que el periodismo fuera, al principio una dificultad, luego una odisea y hoy una utopía en grandes zonas del país norteamericano.
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Los principales causantes de este estado de situación son los cárteles del narcotráfico que pululan en el país, en particular en la zona norte, fronteriza con Estados Unidos, y por donde hay rutas por las que la droga es llevada a Estados Unidos. Esos territorios son extremadamente preciados para las bandas de narcotraficantes, que regularmente se enfrentan a tiros por esos “dominios”.
La corrupción gubernamental y la incapacidad judicial para encarcelar a los responsables son otros aspectos clave de la situación mexicana, país en el cual desde 2006 fueron asesinados más de 50 periodistas.
Las organizaciones que defienden la libertad de expresión en el mundo y las asociaciones de periodistas comenzaron a alertar sobre la “agonía” del periodismo en México, y varios organismos comprobaron con estudios independientes que el proceso de autocensura en los medios se había extendido de manera generalizada en todo el país para evitar más represalias. Hay zonas donde apenas 1% de los hechos de violencia que suceden son informados, incluso en localidades donde promedialmente asesinan a una persona por día.
La autocensura fue la decisión “desesperada” a la que los medios recurrieron para evitar más ataques. Muchos lo hicieron públicamente y concertado con varias organizaciones de noticias, otros de manera más sutil, pero todos con el mismo propósito.
Sin embargo, esta situación no ha cambiado el panorama mexicano. Por el contrario, sigue empeorando: en el primer semestre del 2013 las agresiones contra los periodistas aumentaron 46%, según la ONG mexicana Article 19, dedicada a defender la libertad de expresión.
Según su informe trimestral, “aunque la cobertura de la violencia en México ha bajado con el cambio de gobierno, las agresiones a la libertad expresión en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se incrementaron en poco más del 46% en los dos primeros trimestres de 2013, comparado con el mismo período de 2012. Aunado a ello parece haber en los hechos y en el discurso una intención deliberada de reprimir la protesta”.
Cubrir o no cubrir.
Citando un informe del organismo oficial sobre cobertura de violencia, la ONG señala que la cobertura de violencia en los últimos meses se redujo hasta 50% en medios escritos.
El período analizado por Article 19 coincide con el comienzo de la presidencia de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras seis años de mandato de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN). Es precisamente este cambio de signo político una de las causas para reducir aún más la cobertura sobre violencia.
“De ser esa la única explicación, los medios se encuentran ante un importante dilema ético, pues la violencia no ha bajado. En algunos rubros como la violencia contra la prensa ha subido de manera alarmante, cubrir o no cubrir, ese es el dilema”, sostiene la organización.
Según Article 19, el total de agresiones contra los medios de comunicación y los periodistas en el primer semestre del 2013 fueron 151. En el mismo período de 2012 las agresiones fueron 103.
En el segundo trimestre de este año, la organización documentó “32 agresiones físicas contra periodistas; 1 asesinato; 1 ataque con granada; 16 amenazas verbales, 2 de ellas de muerte; 5 privaciones ilegales de la libertad; 6 intimidaciones y 6 sanciones judiciales. Además, 12 personas fueron sancionadas por autoridades luego de hacer uso de su derecho a manifestarse. Las entidades más violentas para la libertad de expresión fueron: Tlaxcala 17, Veracruz 12, Guerrero 12, Chiapas 10 y Coahuila 8. La información recabada por la ONG revela que los principales perpetradores de las agresiones fueron servidores públicos y policías de los tres niveles de gobierno. A ellos se les vincula con 32 agresiones”.
La revelación de la organización demuestra que varios de los ataques y agresiones no provienen del narcotráfico, sino del propio funcionariado público.
“Los funcionarios públicos, y los miembros de los partidos políticos, han realizado diversas declaraciones con la finalidad de amedrentar el ejercicio de los periodistas. Carlos Montiel Saeb, candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró: “Dejen de estar chingando. Si yo quiero, muevo mis influencias y me chingo al Mañana”, refiriéndose al diario “El Mañana”.
Según la organización, en la mayoría de las ocasiones el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y castigar a los agresores, fomentando la impunidad y que las agresiones vayan en incremento.
Amenazas y asesinatos.
“México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado —incluso de las autoridades corruptas— son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”, comienza un informe sobre ese país publicado este mes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
“La elección de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012 —que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y puso fin a la ofensiva federal emprendida bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)— no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país”, prosigue el texto.
De hecho, RSF coincide en la visión de Article 19 al señalar que “México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”.
“¿Quiénes están detrás de estas intimidaciones? Los cárteles de la droga, que se preocupan por hacer callar a los periodistas y blogueros que informan sobre las actividades del crimen organizado y la violencia ligada a ellas. Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales”, añadió la organización.
