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El presidente Orsi expresa su “total respaldo político” a Jorge Díaz ante pedido de sanción de la oposición
El mandatario respondió a los senadores Andrés Ojeda y Javier García que el prosecretario de Presidencia no cometió ninguna falta al divulgar parte de un informe jurídico sobre Cardama porque la reserva de su contenido ya había caído
Presidente Yamandú Orsi y prosecretario Jorge Díaz durante el anuncio de la rescisión del contrato con Cardama.
Tras un pedido de la oposición de sancionar al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, por una presunta difusión de datos reservados, el presidente Yamandú Orsi respondió que el jerarca cuenta con su “total respaldo político e institucional” y que no cometió ninguna falta.
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Los senadores Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Javier García (Partido Nacional) le habían enviado una carta a Orsi en la que cuestionaron la conducta de Díaz. Los legisladores sostuvieron que el prosecretario difundió en la red social X fragmentos de un informe que había sido clasificado como reservado, razón por la cual el Ministerio de Defensa les había negado el acceso a su contenido.
La publicación de Díaz que motivó el reclamo citaba un informe de la experta en derecho administrativo Cristina Vázquez solicitado por el gobierno cuando analizaba interrumpir el contrato con el astillero Cardama. El prosecretario compartió fragmentos del texto el 26 de febrero con el fin de defender la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero por 82 millones de euros para construir dos patrullas oceánicas.
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Sobre la constatación de incumplimiento en el extinto contrato ROU - Cardama, cito informe de la Profesora Cristina Vázquez: "De optarse por este curso de acción (la rescisión), corresponde verificar la configuración del incumplimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo…
“Esta conducta resulta institucionalmente inadmisible”, dice la nota de los senadores de la oposición dirigida al presidente. “No es compatible con el principio republicano ni con el deber de lealtad institucional que una información sea negada a los representantes del pueblo y, simultáneamente, utilizada de manera fragmentaria y antojadiza por un asesor del Poder Ejecutivo para intervenir en el debate público”.
Los legisladores habían solicitado acceso al informe de Vázquez, pero el 9 de febrero el Ministerio de Defensa lo declaró reservado. Argumentó que era un “insumo relevante” para el proceso de discusión que desarrollaba el gobierno sobre el contrato con Cardama y su difusión “impactaría negativamente en las posibilidades de éxito de las estrategias en marcha”.
Ojeda y García sostuvieron que la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 18.381) establece que es una “falta administrativa grave” divulgar información clasificada como reservada o confidencial. Agregaron que el artículo 302 del Código Penal establece una pena de multa sobre quien “revelare secretos”, mientras que el 177 castiga con entre tres y 18 meses de prisión al funcionario que “omitiere o retardare formular la denuncia” de un delito.
“Si la información es verdaderamente reservada por razones estratégicas, entonces no puede ser utilizada públicamente, ni parcial ni selectivamente. Y si puede ser utilizada públicamente, entonces no existió jamás fundamento válido para negarla al Parlamento”, decía la nota. Al cierre, los senadores reclamaban a Orsi que aplicara una “sanción administrativa” sobre Díaz.
La reserva “habría precluido”
El 27 de febrero la Secretaría de Presidencia solicitó un informe “urgente” a su servicio jurídico. El dictamen elaborado a partir de ese pedido sostiene que la reserva del informe de la profesora Vázquez se mantuvo vigente “hasta la adopción” de la decisión de rescindir el contrato.
Defensa declaró reservado el informe amparándose en el literal C del artículo 9 de la ley de acceso. Ese literal autoriza a clasificar como reservada aquella información cuya difusión pueda “afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada”.
El área jurídica de Presidencia entendió que la “decisión respectiva” en el caso analizado fue la rescisión del contrato, resuelta el 13 de febrero. A partir de esa fecha, “la clasificación de reserva habría precluido”, concluyó. De todos modos, recomendó pasar el tema a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la norma.
La UAIP compartió el razonamiento de Jurídica. Expresó que la resolución de rescindir el contrato con Cardama “constituye un acto administrativo fundado que pone fin a la reserva de la información solicitada, dado que indica que ha concluido el proceso deliberativo que motivaba dicha reserva”.
Para esa unidad, “corresponde considerar también que la información vinculada al proceso deliberativo pasó a ser de conocimiento o dominio público”. El presidente Orsi encabezó el 13 de febrero una conferencia de prensa, con la presencia también de Díaz y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la que comunicaron la decisión de rescindir el contrato y dieron sus fundamentos.
“En definitiva —concluye la UAIP—, la reserva de la información y su cese se realizaron según lo previsto en el artículo 9 literal G”.
“Total respaldo”
El presidente Orsi envió una nota a García y Ojeda después de recibir esos informes. “Valoro y respeto el ejercicio de los cometidos constitucionales del Poder Legislativo en su rol de control y fiscalización”, dice al comienzo la carta fechada el 2 de marzo.
El mandatario explicó que había pedido asesoramiento en “resguardo de la institucionalidad y la transparencia” y que los dictámenes que recibió como respuesta eran concluyentes: la reserva del informe citado por Díaz había cesado el 13 de febrero.
Tras citar parte de su contenido, escribió en su carta que “no existió violación de la reseva ni afectación alguna a la seriedad institucional del Estado uruguayo”.
Al cierre de la nota, Orsi agregó: “Deseo expresar de forma clara que el señor prosecretario de la Presidencia de la República cuenta con mi total respaldo político e institucional, así como con mi plena confianza en la responsabilidad y seriedad con la que ejerce su función pública”.
El presidente aseguró que su gobierno continuará “velando por la transparencia y el acceso a la información pública como pilares esenciales de la democracia en apego a la legalidad y respeto irrestricto a la institucionalidad republicana”.
