Cambio de criterio en la distribución de recursos del BID genera controversia entre los intendentes y demora el comienzo de obras

Entre los intendentes de los departamentos afectados hay quienes sostienen que se perjudicó a los “más pobres” y pretenden discutir un cambio en la próxima reunión del Congreso de Intendentes, mientras que otros quieren que el programa se ponga en marcha para empezar a usar el dinero mientras corre el plazo.

Desarrollo y gestión.

En febrero el gobierno nacional y el BID firmaron el contrato del nuevo Programa de Desarrollo Sub Nacional, que ya se había puesto en práctica en quinquenios anteriores. El programa consiste en un préstamo por U$S 85 millones, 70 de los cuales los aporta el BID y 15 el gobierno. El dinero tiene como objetivo realizar obras de infraestructura y modernizar la gestión de las intendencias. Unos U$S 5,7 millones se destinarán a la gestión y unos U$S 11,2 millones a un fondo concursable para inversiones.

Enrique Cabrera, director de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), explicó a Búsqueda que “cambiaron los índices” según los cuales se repartía el dinero del programa del BID.

“Las diferencias que están planteando algunas intendencias, es un tema entre las intendencias. Nosotros no tenemos nada que ver porque la cantidad de dinero es la misma. La diferencia está planteada en que antes se repartía de una manera y ahora se reparte de otra manera. Antes se repartía en función de un acuerdo que había antes del 2005. Del 2005 para acá los acuerdos de reparto de dinero están dados por los acuerdos que se dan en el Congreso de Intendentes”, afirmó.

A raíz de ese cambio, agregó, “algunos cobran más y algunos cobran menos” y “lo que perdió una lo recibe la otra”.

“Si el Congreso de Intendentes lo quiere variar, que lo varíe”, opinó.

Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, dijo a Búsqueda que “hay departamentos, como Canelones, que pierden U$S 3 millones, Cerro Largo, que pierde un millón de dólares. Pierden Salto, Rivera y Tacuarembó también”.

“Somos varios los departamentos que perdemos. Y perdemos mucho los más pobres además, porque somos los que estamos en zonas más complicadas. Lo injusto de esto es que además de no cumplir la ley es el único indicador de gestión que recoge criterios de equidad. Contempla la pobreza. Entonces ahora lo que se hace con esta medida es una redistribución negativa”, agregó.

La próxima sesión del Congreso de Intendentes será el jueves 24 y varios departamentos tienen apuro por firmar el contrato con el BID lo antes posible.

“Todos tenemos apuro pero yo no estoy en condiciones de dejar tranquilamente que se le quite un millón de dólares a un departamento que no tiene de dónde sacar recursos. Supongo que Tacuarembó, Canelones y Rivera no están en condiciones tampoco de hacer eso”, afirmó Botana.

Coutinho, cuyo departamento también recibirá menos dinero, tiene otra opinión. “Yo firmé porque quiero ejecutar —afirmó—. A Salto le corresponderían U$S 5 millones que yo los transformo en infraestructura en varios barrios. Y ya tenemos el proyecto pronto. Me parece que podemos ingresar en una discusión sin fin porque el monto es uno solo. Si mañana se cambian los montos que se presentaron, para que yo tenga más le van a tener que sacar a alguien. Yo quiero que se ejecute. Si no firmamos todos no empieza a ejecutarse”.

Poca “rigurosidad”.

Uno de los componentes del programa es un plan para contratar una entidad que gestione el cobro de la morosidad en tributos. También hay dinero destinado a hacer un diagnóstico de inversiones y a optimizar los sistemas de gestión financiera. Además una parte tiene como objetivo mejorar la gestión territorial.

Del monto total, U$S 61 millones es la asignación inicial para los gobiernos departamentales, y se distribuyen de acuerdo a un coeficiente que, como el que determina el reparto de los fondos del gobierno central, se basa en los índices de población, superficie, pobreza y PBI territorial de cada departamento.

El dinero que le toque a cada intendencia debe ser ejecutado en los próximos dos años. De lo contrario, lo que haya quedado sin asignar en obras irá a un pozo que tendrá otro destino, según lo acordado en el convenio.

Si los intendentes convienen en cambiar los criterios de distribución, la propuesta debe viajar a Washington para ser aprobada. Esa posibilidad no es del agrado de varios intendentes, que sostienen que en ese caso podría atrasarse demasiado el comienzo del programa.

Durante la sesión del Congreso de Intendentes en Nueva Helvecia, el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, dijo que cuando se celebró una reunión con los representantes del BID “no hubo todo un trabajo técnico de soporte”, confiaron fuentes que participaron en el encuentro. “Cuando a veces tenemos las cosas sobre la mesa no las seguimos con la rigurosidad que deberíamos”, opinó.

Coutinho consideró que la distribución de los fondos del BID hay que aprobarla para no “atrasar al resto” de los departamentos. “Esto ya está —sostuvo—. Lo que tenemos que hacer acá es prever algo hacia el futuro”.