Uruguay tiene 714 kilómetros de costa. El 42% del litoral del Río de la Plata y el 32% de la costa atlántica sufren algún proceso de erosión. El costo económico de ese deterioro supera los US$ 45 millones anuales, una cifra que, según las proyecciones del Plan Nacional de Adaptación para la zona costera del Ministerio de Ambiente, crecerá un 25% antes de que termine el siglo.
En ese contexto, el Ministerio de Ambiente presentó el 7 de abril en la Torre de las Telecomunicaciones el proyecto Reacc Costas —Resiliencia y Adaptación de la Zona Costera ante la Variabilidad y el Cambio Climático—, una iniciativa para proteger la franja litoral. Se trata de un proyecto que movilizará US$ 10 millones en fondos no reembolsables del Fondo de Adaptación, el mecanismo financiero del Protocolo de Kioto orientado a países en desarrollo.
La directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Souza, dijo a Búsqueda que “la erosión costera y las inundaciones costeras” son hoy “dos de los principales impactos que enfrenta la costa uruguaya”, en un escenario marcado además por “aumento del nivel del mar” y una “mayor frecuencia de eventos extremos”. La iniciativa presentada constituye “una expresión concreta” de la capacidad del país para acceder a financiamiento climático internacional, incluso en un contexto en el que Uruguay “ya no accede a buena parte de la ayuda oficial al desarrollo en los términos tradicionales”.
Según la propuesta del proyecto, a la que accedió Búsqueda, el dinero será canalizado a través de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina— como entidad implementadora regional, y la ejecución operativa quedará a cargo de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). En tanto, la conducción técnica y la articulación con las políticas nacionales corresponderán al Ministerio de Ambiente, a través de su Dirección Nacional de Cambio Climático.
Acciones proyectadas
Del monto total previsto, US$ 5,7 millones se destinarán a obras de infraestructura verde e híbrida en los sitios priorizados; US$ 2,2 millones al fortalecimiento de la planificación costera, sistemas de monitoreo e instalación de un sistema de alerta temprana, y US$ 500.000 a capacitación y comunicación con actores locales, de acuerdo con el documento de CAF. El resto será utilizado para cubrir costos de gestión.
El proyecto se implementará en los seis departamentos costeros del país: Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.
La propuesta “no parte de una lógica abstracta ni de una formulación general sobre cambio climático, sino de la identificación de problemas localizados y de respuestas específicas para atenderlos”, afirmó Souza, al explicar que en la primera etapa, cada intendencia podrá acceder a hasta US$ 800.000 para el desarrollo de acciones, estudios y definiciones prioritarias en su tramo costero en coordinación con el Ministerio de Ambiente.
Los sitios de intervención ya fueron definidos. En Rocha, se incluirá a La Aguada, Punta del Diablo y Los Botes–La Serena; en Maldonado, Piriápolis, Playa Verde y Playa Hermosa; en Canelones, Atlántida y la desembocadura del arroyo Solís Chico; en Montevideo, playa del Cerro y playa Carrasco; en San José, Kiyú y playa Penino, y en Colonia, Colonia del Sacramento y Juan Lacaze.
Las medidas previstas varían según el diagnóstico de cada sitio, pero se repiten ciertos ejes. Por ejemplo, se prevé impulsar la recuperación de la cresta dunar mediante cercos de arena, revegetación con especies nativas, mejora de los sistemas de drenaje pluvial, biorretención y lagunas de laminación; adecuación de los desagües en la playa; reposición de arena. En los casos de Juan Lacaze y playa Penino, está proyectada la construcción de parques inundables que cumplan, además, una función recreativa y disuadan la ocupación de zonas de alto riesgo. El documento propositivo reconoce que muchas de estas intervenciones “no generan retornos inmediatos ni presentan condiciones para sostenerse bajo esquemas convencionales de financiamiento privado”, ya que se trata de obras sobre “activos de interés público”, como playas, dunas o humedales.
Para las viviendas y locales comerciales en zonas de riesgo medio de inundación, el proyecto creará un fondo rotatorio administrado por la Dirección Nacional de Vivienda, al replicar el modelo que ya funciona en Paysandú en el marco del proyecto del río Uruguay.
Una red entre gobierno nacional e intendencias
El mismo día de la presentación del proyecto también se lanzó formalmente la Red de Acción Climática Local (RACUy), un espacio de trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y los gobiernos departamentales para coordinar acciones y llevar soluciones concretas a cada territorio. Souza remarcó que el proyecto fue concebido como “una herramienta de articulación entre nivel nacional, gobiernos departamentales, banca de desarrollo y población de los territorios costeros”.
Consultada por Búsqueda, la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, señaló que el departamento ya venía avanzando en varias de las líneas que ahora impulsa el programa y aseguró que Reacc Costas permite profundizar ese trabajo. “Venimos haciendo lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza”, explicó, al mencionar entre ellas “la instalación de cercas captoras con podas” y “plantaciones de especies nativas” para regenerar el cordón dunar.
Lo que buscarán a partir del proyecto nacional será enfocarse en nuevas intervenciones, como “la restauración ecológica de humedales”, “la readecuación de pluviales” —para evitar que el agua descargue con fuerza y arrastre arena— y la incorporación de “tutelas hidrobiológicas” en cursos de agua costeros, que implican estudios específicos para definir áreas de protección.
La jerarca sostuvo que el programa presentado “potencia” el trabajo e implica “un aumento de recursos económicos”. Además, opinó que “permite seguir articulando con el nivel nacional de gobierno, estar alineados, compartir una visión de la importancia que tienen las medidas de adaptación costera”.
El encargado del Área de Ambiente de la Intendencia de Colonia, Mariano Barolín, dijo a Búsqueda que el principal proyecto a canalizar será en ese departamento un sistema de alerta temprana para inundaciones costeras con piloto en Juan Lacaze, uno de los componentes más novedosos introducidos en la propuesta del Reacc.
Barolín subrayó que la iniciativa responde a una problemática histórica de la ciudad. “Juan Lacaze es una ciudad que se inunda, creció en un lugar que no tenía que crecer”, por lo que contar con herramientas de anticipación resulta clave para la toma de decisiones. Además, sostuvo que acceder a financiamiento internacional “es fundamental” y que el tema ambiental es hoy “prioridad” tanto para gobiernos nacionales como departamentales.
Canelones, otro de los departamentos seleccionados para la implementación de este fondo de adaptación, también celebró su puesta en marcha. Según dijo a Búsqueda Josefina Villarmarzo, directora de Ecosistemas dentro de la Dirección General de Gestión Ambiental de la comuna canaria, el proyecto implicó “un gran recorrido de análisis, diseño y trabajo en territorio” y afirmó que la desembocadura del arroyo Solís Chico, el sitio seleccionado para utilizar el fondo, “es prioridad por unir balnearios icónicos de la costa canaria”, como Parque del Plata, Las Vegas y La Floresta.
“Esta zona presenta gran desarrollo urbanístico y de infraestructura, asociado a una creciente densidad poblacional. Ambientalmente la desembocadura es clave por su rol respecto a biodiversidad, poblaciones de fauna que viven, se refugian, se alimentan y reproducen en su entorno; y cuenta con variados ecosistemas, como la costa del Río de la Plata con sus playas, dunas y barrancos, el arroyo Solís Chico y su desembocadura, los ecosistemas de cangrejales, humedales y los corredores biológicos”, detalló.
La jerarca contó que como propuesta se implementará un parque lineal asociado a la costa del arroyo, “en conversación con una propuesta vecinal, miradores, plantación de vegetación nativa, restauración dunar y colocación de cartelería asociada”. También incluye una primera etapa de drenajes urbanos sustentables para la readecuación de los pluviales, que hoy día desembocan en barrancas, con el fin de seguir trabajando en la “mitigación de la erosión costera, la revalorización ecológica y la protección socioecosistémica”.
El proyecto tiene previsto una revisión a mediano plazo en setiembre de 2026 y el cierre en agosto de 2028 y estima alcanzar “521.544 beneficiarios directos e indirectos” y contribuir a la conservación y rehabilitación de “96,75 hectáreas en la zona costera uruguaya”, señala la propuesta formal.
