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En una decisión histórica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló ayer miércoles un Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que buscará esclarecer el caso del equipo periodístico del diario El Comercio que fuera secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia.
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El lunes 26 de marzo, el fotógrafo Paúl Rivas Bravo, el periodista Javier Ortega Reyes y el conductor Efraín Segarra Abril, de El Comercio de Quito fueron secuestrados en Mataje, provincia de Esmeraldas, en la frontera ecuatoriana con Colombia.
El equipo se encontraba realizando tareas periodísticas en esa zona, que recientemente estuvo inmersa en varios hechos de violencia originados por grupos armados disidentes del original comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El 12 de abril se conocieron las peores noticias: los tres fueron asesinados por sus captores.
A partir de ese momento se inició una investigación binacional que ha derivado en algunas detenciones, pero aún sin resultados concretos.
El caso tuvo tal impacto en la región y generó una movilización social de tal magnitud que la CIDH solicitó autorización a ambos Estados para instalar el ESE. Es la primera vez en la historia del organismo que un mecanismo de este estilo se promueve con el consentimiento de los países y antes de agotar todas las vías legales locales.
La delegación que visitará el país hasta el 27 de julio estará integrada por Esmeralda Arosemena, primera vicepresidenta de la CIDH y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante los tres días de su visita, tienen diez actividades programadas en su agenda oficial. Luego habrá un cronograma de al menos seis meses de investigaciones.
Para Lanza, la instalación del ESE representa una “señal simbólica muy fuerte” porque “da un mensaje de que este tipo de crímenes atroces contra periodistas se pueden investigar en tiempo real y con el objetivo de encontrar a los responsables y llevarlos a la Justicia”.
“Es un hecho sabido que los ataques a periodistas en la región buscan más que la muerte de la persona. Es enviar un mensaje de terror y generar autocensura, cercenar la libertad de expresión en todo sentido. Es también sabido que en la región los índices de impunidad en este tipo de crímenes superan el 95%”, dijo Lanza a Búsqueda.
Para el relator, este tipo de herramientas “pretenden acabar” en parte con esos comportamientos, en particular con las demoras de hasta decenas de años en resarcir a las víctimas. La CIDH pretende llevar su conocimiento técnico y sus estándares a esta investigación “también para garantizarles a las familias y a todos los involucrados la imparcialidad en estos procesos”.
Indignación.
La misión no inició su tarea con buen pie. Ayer miércoles se abrieron los sobres con información clasificada que el gobierno de Ecuador entregó a los familiares de las víctimas en mayo y que serían abiertos con la llegada del ESE.
“Vergüenza e indignación” fueron los comentarios de los familiares al abrir los sobres, ya que los documentos allí presentados “no tenían nada de clasificados”, según consigna El Comercio.
“Encontraron cartas de pesar de otros países, una bitácora que mostraría solo que pasaron por el puesto militar de Mataje, fotografías de las credenciales de los tres comunicadores y otros papeles que mostrarían una supuesta negociación de la Policía con los disidentes”, informa el artículo.
Christian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra, fue más crítico y señaló que las autoridades les ocultan información.
Ahora, los miembros de la CIDH deberán analizar la documentación y emitir un juicio sobre las responsabilidades y manejo del caso por parte del gobierno del presidente Lenin Moreno.
