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El Ministerio de Defensa prepara un proyecto de ley de urgente consideración con el cual intentará crear “Industrias Navales del Estado”, una entidad que operará fuera de la Armada y que participará en construcciones navales con la posibilidad de asociarse con privados. Además, el proyecto incluirá la obligación de que todos los especialistas de las Fuerzas Armadas que abandonen sus filas antes de determinado plazo paguen al Estado un resarcimiento equivalente al dinero que invirtió en su formación.
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Si bien falta la definición de algunos aspectos, el Ministerio de Defensa ya tiene resueltos los ejes del futuro proyecto de ley, adelantaron a Búsqueda fuentes de ese organismo.
Los dos grandes proyectos apuntan a problemas cuya resolución es desde hace meses considerada como una necesidad urgente por las autoridades de Defensa. El primero de ellos tiene como fin dotar de un marco legal a la participación del Estado en la industria naval, una actividad que ha tenido un crecimiento explosivo en la última década, y que por lo tanto implica un potencial negocio multimillonario. En la actualidad, quien se encarga de esa actividad es el Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada (SCRA), pero lo hace con dos limitantes: inversión insuficiente y falta de amparo jurídico para relacionarse con el sector privado (Búsqueda Nº 1.606).
El nuevo proyecto prevé la creación de las Industrias Navales del Estado, con lo cual separará esta actividad de la órbita de la Armada. El Ministerio pretende que esa entidad se integre al cluster de la industria naval, que funciona desde 2007; es una asociación entre más de 50 organizaciones públicas, empresas privadas y sindicatos de trabajadores.
Durante la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados del lunes 9, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro explicó su deseo de “dar forma jurídica y herramientas legales a los diques nacionales a fin de que puedan seguir trabajando, asociarse con privados y otras cosas que hoy no pueden hacer”, según consta en la versión taquigráfica.
“Hay gran interés de muchos inversores privados para llevar a cabo las reparaciones y desarrollar las construcciones navales. Brasil es una especie de imán: está llevando adelante una formidable y colosal campaña y un plan de construcciones navales para sus plataformas petroleras. (...) Brasil nos daría participación en esas construcciones, lo que despertaría el interés de muchos inversores privados. Para ello necesitamos que ese instrumento legal sea considerado de manera urgente y aprobado; en ese sentido, clamamos por vuestra ayuda ya que sin ese instrumento el Uruguay puede perder muchos puestos de trabajo y hermosas posibilidades”, añadió el ministro de Defensa.
La fuga.
El otro gran aspecto del proyecto de ley para Defensa es un intento por frenar la fuga de expertos de las Fuerzas Armadas, o al menos por reparar sus perjuicios para el Estado.
“Estamos perdiendo personal especializado, pues las empresas privadas se lo están llevando. Me estoy refiriendo tanto a choferes de camiones y autos, que tienen libreta profesional, como a mecánicos, mecánicos especializados, hasta llegar a pilotos de la Fuerza Aérea, y especialistas de la Armada y del Ejército en varias disciplinas”, comentó Fernández Huidobro.
El eje del futuro proyecto de ley es el establecimiento de un mecanismo obligatorio de resarcimiento para el Estado por el dinero que invirtió en la formación del especialista que lo abandona. Para ello, lo primero es la fijación de una cantidad mínima de años que el especialista deberá prestar servicio en la fuerza en la cual se formó. Luego de ese período podrá dejar la institución.
Sin embargo, si lo hace antes tendrá que reintegrar al Estado un monto de dinero por su formación, cuya cantidad aún está a estudio, indicaron las fuentes que consultó Búsqueda.
Los bajos sueldos en sus instituciones, sumados a la escasas oportunidades de ejercitación (en la Fuerza Aérea, por ejemplo, hay baja disponibilidad de horas de vuelo por falta de aviones o poco combustible), inciden desde hace ya varios años para generar una pérdida constante de personal altamente calificado.
