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En los primeros días de noviembre, el gobierno culminó el proceso de data room para avanzar en los análisis para la construcción del puerto de aguas profundas. En el acta de la reunión que mantuvo con técnicos de la Comisión Interministerial para el Puerto de Aguas Profundas (Cipap), y a la que accedió Búsqueda, una de las empresas privadas que participaron de la instancia reveló detalles del emprendimiento.
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La compañía asegura, en uno de los puntos del documento, que “si bien el proyecto se pretende desarrollar en el marco de la ley de participación público-privada (PPP), no está previsto que el Estado pague al exportador para el recupero de la inversión”.
La reunión que resume el acta se realizó en los últimos días de setiembre y participaron por el Poder Ejecutivo cuatro técnicos del Ministerio de Transporte y su Dirección Nacional de Hidrografía. En el marco del data room, el gobierno mantuvo encuentros con otras 41 empresas provenientes de Uruguay, Brasil, Países Bajos, Bélgica, España, Venezuela, China, Argentina, Italia, EEUU, Holanda, Chile y Corea.
Según figura en el acta, las autoridades creen que “constructores internacionales de proyectos similares”, “operadores de graneles en gran escala” o “dueños de cargas que aseguren un volumen mínimo de operaciones” pueden ser potenciales candidatos a asumir la inversión necesaria para la construcción del puerto como explotadores. Luego, esa empresa “podrá operar por sí el PAP o realizar contratos de operación con empresas interesadas” en distintas áreas.
Así como no prevé pagos regulares al privado que asuma el riesgo, el Estado tampoco planifica recaudar a través de una “tasa, canon o tarifa por el uso del puerto” y “solo tendrá recaudación indirecta vinculada al proyecto”. Los representantes de la Cipap sí le manifestaron al privado que el Estado debería “comprometerse a realizar las obras de infraestructura necesarias para vincular al puerto a la región” como “ferrocarril, carreteras, energía eléctrica, agua potable, etc.”.
Para recuperar su inversión, “el explotador cobrará por los servicios que brinde y podrá aplicar una tasa a la mercadería, similar a la que aplica la Administración Nacional de Puertos (ANP) en el puerto de Montevideo”, según figura en el acta. Los precios de esa tasa, a su vez, “estarán sujetos al control de un organismo que se constituya para esa función”.
“El plazo máximo previsto de gestión del proyecto es de 35 años, con ampliaciones incluidas”, afirma otro de los puntos.
Consultado por Búsqueda, un informante de una empresa que participó del data room, y que prefirió mantener su nombre en reserva, confirmó que también a su empresa le fueron transmitidos los datos que figuran en el acta.
Sobre la postura del gobierno de no prever un pago regular al explotador, la fuente dijo: “Tiene que haber una de dos: alguien que garantice un pago o alguien que garantice un volumen. Si no, no lo podés financiar”.
Demanda.
La minera Aratirí es una de las principales interesadas en la construcción de un puerto de aguas profundas que facilite la salida de su futura producción. De hecho, la empresa planificaba instalar su propio puerto en la zona de La Angostura, en la costa rochense, antes de que el gobierno definiera que El Palenque será el lugar de la instalación.
De los 55,8 millones de toneladas de cargas regionales que la Cipap presume captables por el emprendimiento, 16 responden a la producción de la minera. De todos modos, los representantes de la Cipap expresaron al privado que “el proyecto es viable, aun cuando el proyecto de Aratirí no se concrete”.
“La verdad de la milanesa es que hoy lo único concreto que puede llegar a haber como para darle el puntapié inicial al puerto es Aratirí”, replicó la fuente que participó del data room, y cuestionó que la Comisión “habla de volúmenes que no son comprobables”.
El lunes 10, cuando el ministro de Transporte, Enrique Pintado, concurrió a la Cámara de Diputados a informar sobre el puerto de aguas profundas, las previsiones de demanda también fueron cuestionadas.
El representante blanco Luis Lacalle Pou sostuvo que “Aratirí es un gran signo de interrogación” y por eso “no se puede poner en un informe profesional que asesora sobre la construcción de un puerto”. Señaló también que se toman en cuenta 3 millones de toneladas de hierro de Bolivia, pero la empresa Jindal Steel Bolivia, que es la que explota el mineral, “rompió su contrato con el gobierno”.
De los 17 millones de toneladas de hierro de Brasil, afirmó que la empresa Vale SA “todavía no está autorizada a explotar esa cantidad” y que saca actualmente solo 5 millones de toneladas y lo hace por el puerto de Rosario.
Por último dijo que le “llama la atención” la inclusión de 18 millones de toneladas de granos de Argentina por los costos de los fletes para traer esas mercaderías hasta Uruguay. “Seguirán utilizando Rosario o el puerto de Bahía Blanca”, pronosticó.
“Nada que ver”.
La ANP es el organismo estatal que se encarga de administrar los puertos comerciales del país. Bajo su órbita están, por ejemplo, el puerto de Montevideo y el de Nueva Palmira. Sin embargo, la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte conserva algunos puertos comerciales menores, como La Paloma o Carmelo.
Uno de los puntos del acta del data room al que accedió Búsqueda, refleja que los representantes de la Cipap informaron a la empresa que “la ANP no tendrá nada que ver con el proyecto, no entra en su órbita, permaneciendo en el ámbito del Ministerio de Transporte a través de la Dirección Nacional de Hidrografía”.
El director de la ANP por el Partido Nacional, Pedro Pollak (Aire Fresco), cuestionó que el organismo que integra no haya tenido participación en la Cipap. “La ANP es el único organismo que tiene el Estado con experiencia en la gestión de puertos comerciales”, explicó a Búsqueda.
Lacalle Pou fue más allá, y en la sesión del 10 de diciembre afirmó que al no darle participación a la ANP fue incumplida la normativa. El diputado citó el artículo 2º de la ley 18.540, aprobada para la instalación de la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo.
“Cométese y autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Hidrografía y en coordinación con la Administración Nacional de Puertos, a realizar los estudios, gestiones y trámites convenientes o necesarios para establecer la factibilidad jurídica, técnica y económica de la instalación de un futuro puerto comercial de aguas profundas en el departamento de Rocha”, establece.
