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La administración del presidente estadounidense Barack Obama presta especial atención a las filtraciones a la prensa de información manejada en ámbitos oficiales. En los 52 meses que lleva en el gobierno y a través de su Departamento de Justicia, abrió seis casos (el doble que todos los gobiernos pasados juntos) contra funcionarios estatales que revelaron información a periodistas. Esa es una política duramente criticada por los medios y las asociaciones de defensa de la libertad de expresión y que llevó a que, por primera vez en la historia estadounidense, un oficial del gobierno fuera procesado con prisión por revelar información clasificada a la prensa.
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Los medios critican duramente esta política porque entienden que ataca uno de los pilares de la libertad de prensa, como es la utilización de fuentes anónimas para poder informar sobre temas de extrema importancia y que de otra manera no serían difundidos. Por su parte, el gobierno aduce que los asuntos en los que intervino en estas políticas “afectaban la seguridad nacional”.
Este debate tomó un cariz más preocupante luego que la agencia internacional de noticias The Associated Press (AP) revelara que el departamento de Justicia recopiló los registros de más de 20 líneas telefónicas asignadas a la agencia buscando a una presunta fuente oficial que reveló información confidencial, consignada en una nota de AP publicada el 7 de mayo de 2012.
El artículo referido informaba sobre un operativo de la CIA en Yemen que desmanteló un plan terrorista de Al Qaeda para detonar una bomba en un avión que se dirigía a Estados Unidos. Entre los registros incautados están los números de cinco periodistas y un editor que participaron en la nota. En su momento, por pedido expreso del gobierno y hasta que este le aseguró que los riesgos de seguridad nacional sobre el tema habían pasado, AP aceptó diferir la difusión de la noticia.
Entre las líneas intervenidas se incluyen teléfonos de las oficinas en Nueva York, Washington DC y el teléfono que dispone la agencia noticiosa en la Cámara de Representantes.
Para Al Tompkins, profesor del célebre Instituto Poynter (escuela de periodismo con sede en Florida, Estados Unidos) la decisión del gobierno “apesta”.
“Huele como un castigo” a AP por la publicación de su artículo y “como un castigo de mano dura del gobierno hacia el periodismo”.
Tompkins comparó esta decisión con la que intentó el entonces presidente Richard Nixon contra “The Washington Post” al intentar retirarle las licencias de dos canales de televisión luego de que publicara la historia de “Watergate”.
Dijo que si bien la ley habilitaba a estas acciones desde 1979, “hasta esta decisión los periodistas viviamos bajo una falsa sensación de seguridad y entendimiento” sobre este tema.
Agregó que la “seguridad nacional” ha sido el argumento mas usado por varios gobiernos durante siglos “para restringir la libertad de prensa”.
“Hace poco Reporteros Sin Fronteras nos ranqueó en el puesto 32 de libertad de prensa. Cuando vi que estabamos por debajo de Ghana me pregunté si no habría un error, pero ahora me pregunto si no rankearon nuestra libertad de expresión demasiado alto”, senteció.
“Intromisión masiva y sin precedentes”.
La noticia de la intervención del gobierno en líneas privadas fue revelada el lunes 13 por el presidente de AP, Gary Pruitt, en una carta pública al fiscal general, Eric Holder. En la carta Pruitt sostuvo que investigadores del gobierno federal recopilaron datos durante dos meses enteros, de más de 20 líneas telefónicas de AP por las que hablan cientos de periodistas.
“Escribo esta carta para objetar en los términos más duros posibles una intromisión masiva y sin precedentes por parte del Departamento de Justicia en las actividades de recopilación de noticias de AP”, señaló Pruitt, para agregar que esta acción del gobierno “es una seria interferencia con los derechos constitucionales de AP para recabar y difundir información”.
Además de exigirle que devolvieran los registros, el ejecutivo de AP pidió “una explicación inmediata de por qué se tomó una medida tan extraordinaria y los pasos que dará ese Departamento para mitigar el impacto que tuvo en AP y sus periodistas”.
El martes, el ayudante del fiscal general, James Cole, confirmó que la solicitud de esos registros (algo a lo que el Departamento de Justicia está habilitado) fue debido a la investigación judicial iniciada en mayo del 2012 tras la filtración de la noticia publicada por AP.
“Como es una investigación en curso y confidencial me veo limitado a la información que puedo darle. Tenga en cuenta que no tomamos a la ligera la decisión de solicitar estos registros”, argumentó Cole.
Holder también hizo breves declaraciones el martes defendiendo la decisión: “es la segunda o tercera filtración más seria que vi en mis 35 años de carrera”, dijo el jerarca, para agregar que “puso la vida de mucha gente en riesgo, y eso no es una hipérbole”.
La respuesta no convenció a Pruitt, que en otro comunicado público resaltó sobre “lo desmesurado” de la medida.
Alarma y condena.
La noticia disparó la preocupación y la alarma entre los medios estadounidenses, sus asociaciones y gremios nacionales y las principales organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión.
Así, el editorial de “The New York Times” del martes 14 se tituló “Espiando a la Associated Press”.
“La Administración Obama, que tiene un escalofriante celo para investigar filtraciones y procesar a los filtrantes, falló a ofrecer una justificación creíble para peinar secretamente los registros telefónicos de periodistas y editores de AP en lo que aparenta una expedición de pesca de fuentes y un esfuerzo para asustar a los informantes oficiales”, señala el artículo.
El Comité de Periodistas para la Libertad de Expresión y las 50 organizaciones de noticias más importantes de Estados Unidos firmaron una carta dirigida a Cole rechazando este accionar del gobierno, en la que señalaron que “en los 30 años desde que el Departamento de Justicia emitió líneas guía para su práctica de solicitud de información de registros telefónicos de periodistas, ninguno de nosotros puede recordar una instancia en que dicha acción desmesurada se haya realizado”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la medida como “una grave afrenta a la libertad de información y una violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales”.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y director de Búsqueda, agregó que “la ejecución de esta medida y en gran magnitud en contra de una de las más conocidas y prestigiosas agencias de prensa del mundo, presenta también una seria preocupación y llamado de alerta para quienes no gozan del respaldo de una empresa como esta; es necesario estar vigilantes”. Añadió que “la SIP se suma al pedido del presidente y director general de AP, Gary Pruitt, quien exigió al gobierno la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias”.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también criticó la decisión. Sus representantes dijeron estar alarmados por este proceso y exigieron que sea revisado.
