El gobierno de Evo Morales acusa a un diario que mantiene una línea crítica de ser “funcional a los intereses” de Chile

El contencioso con Chile ha enturbiado la relación entre el gobierno de Morales y el diario “Página Siete”, publicación a la que funcionarios del gobierno han acusado de ser favorable a los intereses chilenos.

Esta información errónea, desmentida a los pocos días de publicada en el mes de agosto, le costó el cargo al ex director de “Página Siete”, Raúl Peñaranda, cuyo cese se produjo hace poco más de un mes.

El jerarca boliviano fue más lejos, pidió a las autoridades de “Página Siete” que “si quieren hacer política tomen su partido político y ofrezcan su programa de gobierno para hacerle frente al actual, pero que no utilicen su periódico para agredir a la administración del presidente Evo Morales”. 

Entrevistado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Peñaranda dijo que el gobierno “recurre a la xenofobia para apelar a los instintos más bajos de la población. Como el gobierno no pudo cerrarnos, entonces comenzó a llamarnos vendidos y traidores”, agregó.

Pero desde el gobierno se mantiene la acusación a los medios al punto que durante el acto por la celebración de la independencia de Bolivia el 6 de agosto, Morales aseguró que “hay medios, hay periódicos y televisión chilena en Bolivia que quieren perjudicar políticamente y especialmente en la reintegración marítima”. 

Árbol genealógico.

Fundado en 2010, “Página Siete” es uno de los diarios de mayor circulación en Bolivia que ha divulgado irregularidades en la administración de Morales, entre ellas la compra del Estado de cargueros chinos que nunca fueron entregados y la denuncia de fallas en los exámenes de ingreso a la Policía, que provocó la renuncia de altos jerarcas. 

Según denuncia el CPJ en un comunicado divulgado días atrás, a partir de estos hechos el gobierno comenzó a “marginar” en las conferencias de prensa a los periodistas de “Página Siete” y le retiró la publicidad oficial.

Actualmente está en trámite un juicio iniciado por el gobierno en agosto de 2012 contra “Página Siete” y dos medios más por “incitación al racismo”.

Meses atrás, las acusaciones del gobierno aumentaron luego de que el vicepresidente Álvaro García, en discurso publicado por el diario “La Razón”, mostró una gráfica con fotos y árbol genealógico para demostrar los intereses chilenos que tiene detrás el diario boliviano.

En su demostración afirmaba que la madre de Peñaranda es chilena y que el dueño del periódico, Raúl Garafulic, es cuñado de Mónica Zalaquett, una diputada chilena que se manifestó públicamente en desacuerdo con los planteos del gobierno boliviano para recuperar la soberanía marítima. 

El ex presidente boliviano Carlos Mesa indicó días después del suceso que “las declaraciones del ministro de la Presidencia acompañaron una acusación contra un medio del que yo soy columnista”. 

“El ministro sabe que estoy en una actitud de apoyo pleno al presidente Evo Morales en la demanda marítima y decir que ‘Página Siete’ es un periódico que respalda la posición chilena, me parece un exceso, no estoy de acuerdo con esa posición, ni con la posición de una ley de medios que tuviera como objetivo que, desde el gobierno, limite la libertad de expresión”, agregó. 

En este sentido, Peñaranda enfatizó inmediatamente que Garafulic es boliviano, que el diario no recibe apoyo económico de Chile y que en sus editoriales siempre se respaldó el reclamo del gobierno de Morales. No obstante, en agosto La Paz amaneció con afiches que denunciaban al diario por sus vínculos con Chile.

Sin energía.

Pese al enfrentamiento verbal con el gobierno, “Página Siete” continuó publicando irregularidades de la administración de Morales.

Previo a que el papa Francisco recibiera a Evo Morales en el Vaticano el 6 de setiembre, el diario publicó que cuatro ministros del gobierno habían sido excomulgados de la Iglesia Católica, según una entrevista que le realizó al secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

Horas después, la CEB divulgó un comunicado desmintiendo la información e indicando que lo que el secretario general dijo fue que los cuatro funcionarios no eran bienvenidos por estar a favor de la despenalización del aborto, pero no significaba aplicar “una medida extrema como es declarar la excomunión de alguien en la Iglesia”. 

Por último afirmó que la “información errónea pudo provocar una polémica entre Iglesia y gobierno que parece ser armada por el medio de comunicación”.

Esto derivó en la renuncia el 22 de agosto de Peñaranda. “Simplemente no tuve la energía suficiente para seguir enfrentándome al gobierno”, concluyó.