Viejos, adultos, jóvenes y niños. Productores rurales, peones, empleados, estudiantes, anarquistas, murguistas, caballos, perros y hasta una cabra.
Algunos con ropa de oficina. Otros que cabalgaron varios kilómetros hasta el Obelisco, van de bombacha de campo y botas. Una veintena de jóvenes prefiere vestir completamente de negro y pañuelo tapando la cara.
Entre los clásicos cantos de las marchas, de gritos y puños apretados, una melodía suave nace en el medio de la multitud y poco a poco gana adeptos. “Ama a la tierra, ámala ya”, repiten en tono armonioso, acompañados por guitarra, clarinete y varias maracas.
Hasta los dos centenares de caballos que marchan tienen notorias diferencias: mientras unos tiran de carros con basura, otros lucen monturas con adornos de plata y llevan en el lomo a jóvenes jinetes rubios. Solo un elemento uniformiza la manifestación: un intenso olor a bosta que sobrevuela 18 de Julio.
La marcha llega a la Plaza Independencia. Comienza la proclama y solo se oye algún grito esporádico. Se acerca el final y otra vez la multitud se vuelve homogénea en gritos en un canto: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”.
Más de 50 organizaciones convocaron el viernes 10 la cuarta “Marcha en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales”, que reunió a cerca de 10.000 personas.
En ediciones anteriores la marcha había concentrado sus reclamos en la minería. Esta vez el principal motivo para de la convocatoria fue la “amenaza al acceso al agua potable”, según figura en la convocatoria publicada en la página web de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales.
Respuesta.
El lunes 13 en el Consejo de Ministros, Francisco Beltrame, ministro de Vivienda, adelantó algunos puntos de una “batería de medidas” para “detener y revertir el proceso de deterioro en la calidad del agua del río Santa Lucía”.
En un comunicado posterior el Ministerio anunció la profundización de las medidas. Un programa “de mejora del cumplimiento ambiental de los vertimientos de origen industrial en toda la cuenca”, que apunta sobre todo a reducir el “nitrógeno y fósforo” en el agua, es la primera medida del listado. A la vez, proponen otro programa para la “mejora del cumplimiento ambiental” para los “vertidos de origen doméstico”, que priorizará “las ciudades de Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía”.
El gobierno plantea “declarar como Zona A” (prioritaria, sensible) a la zona del Río Santa Lucía “aguas arriba” de la confluencia de las corrientes del río San José, el Santa Lucía Chico, el Arroyo de la Virgen, el arroyo Canelón Grande y el Canelón Chico.
En esa zona exigirán a “todos los padrones rurales el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas”, suspenderán “la instalación de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral” hasta que “se dicte una nueva reglamentación”, restringirán “el acceso directo del ganado” a los cursos de agua y crearán “un perímetro de restricción” alrededor de los embalses de “Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco”. También crearán “una zona de amortiguación sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos” y exigirán a los emprendimientos que no cuenten con “permisos para las extracciones de agua (superficial o subterránea)” que los soliciten “en un plazo máximo de seis meses”.
Además, el Ministerio se propone “exigir el tratamiento y manejo obligatorio de los efluentes” a los tambos ubicados en la cuenca. También buscan “implementar la solución definitiva al manejo y disposición de los lodos de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas Corrientes”.
Estas medidas fueron presentadas por el ministro y sus asesores también en las comisiones de Medio Ambiente del Senado y Diputados ayer, miércoles 15.
El director Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, fue uno de los que lo acompañaron. Al salir de la sesión dijo que el deterioro de la cuenca del Santa Lucía se manifiesta en las muestras que toman cada cuatro meses desde hace siete años. La cantidad de fósforo en la cuenca es el aspecto más alarmante, ya que, según dijo, los niveles alcanzados “están fuera de la norma”.
Milton Machado, presidente de OSE, también concurrió a la Comisión y presentó una lista de medidas para “asegurar el abastecimiento de agua potable” en el área metropolitana.
Entre las distintas resoluciones, lo “fundamental” para Machado es estudiar la posibilidad de tener una segunda fuente de abastecimiento para el área metropolitana. Para eso realizarán una consultoría a través de Aguasur —empresa de derecho privado de OSE— que armará un “equipo multidisciplinario” con técnicos de OSE, otros contratados y algún consultor internacional.
“A ver si a fin de año podemos tener las conclusiones”, dijo a Búsqueda.
“Un click”.
“Dvigi” es una marca argentina de purificadores domésticos de agua, que desde el año pasado tiene su representante en Uruguay. A principios de 2012 una empresa de Cardona (Soriano) se contactó con la marca para comercializar en Uruguay sus productos, al ver que solo había otra marca.
Desde abril de 2012 la empresa provee a cadenas de supermercados, cuenta con un local de venta propio en Soriano y está construyendo otro en Montevideo.
El episodio de las algas en la cuenca de Santa Lucía que provocaron mal gusto y olor en agua de OSE fue un punto de inflexión en sus ventas. “El año pasado la gente preguntaba pero compraba poco”, contó a Búsqueda Leonardo Antuna, gerente de Ventas de la empresa.
A lo largo del 2012, aseguró, vendieron algo más de 2.000 purificadores de agua. A tal punto influyó el episodio de las algas, que en lo que va de este año Dvigi ya lleva vendidos más de 5.000. “La gente precisaba un click y estuvo ahí”, evaluó.
Malvín, Pocitos, Punta Carretas y el Centro, son los barrios en los que tienen mayor demanda. La mayoría de los compradores viven en edificios. Salto, Maldonado, Paysandú, Young y la Costa de Oro son las zonas que registran mayor nivel de ventas en el interior.
En PSA, que está en Uruguay hace ocho años, evitaron hacer declaraciones a Búsqueda para no “entrar en la polémica en un tema tan delicado”.
Los purificadores son pequeños dispositivos que se conectan a las canillas. Trabajan con filtros de carbón activado y, básicamente, reducen el nivel de cloro. Los purificadores que ofrece Dvigi cuestan $ 6.200.
