En 2012 se redujo más de 80% la concesión de permisos mineros debido a la “burocracia” del gobierno al aplicar reformas legales

Según indicó a Búsqueda el presidente de la Cámara de Industrias Mineras de Uruguay (CIMU) y director financiero de Orosur, Ignacio Salazar, el “parón se debe a un aumento de burocracia” generado por “la interpretación que ha hecho la contaduría de Dinamige, que confunde el requisito de demostrar la capacidad financiera con una demostración de viabilidad económica de los proyectos”.

En tanto, los requisitos para obtener un permiso de exploración —perforaciones puntuales— son los mismos, agregándose el “plan de cierre o abandono de la actividad”.

Reflejado en extensión de terreno el porcentaje es aún menor, ya que los permisos otorgados el último año equivalen a 13.934 hectáreas, solamente 8,4% de la ocupación de los permisos concedidos en 2011, cuando las autorizaciones significaron 165.021 hectáreas.

Orosur —firma que explota oro en Rivera— es la única empresa de gran porte, según la definición del gobierno, que tiene registro en todos las categorías de autorizaciones. En los últimos cuatro años obtuvo más de 19 permisos por año —45 en 2008, 29 en 2009, 19 en 2010 y 50 en 2011—. Sin embargo, en 2012 se concretaron solo tres, de los cuales dos fueron para prospección y uno para exploración.

Salazar explicó que previo a implementarse las reformas había “una norma similar” pero “sin la carga burocrática actual”, porque “había un mejor entendimiento de lo que conlleva cada permiso y cómo controlarlo”.

“Desgraciadamente, todo este aumento de burocracia no solo paraliza la inversión sino que es ineficiente para controlar la especulación. De hecho, los que tenemos problemas somos los que hemos invertido en Uruguay y queremos seguir invirtiendo pero no nos dejan”, agregó.

“Es imposible”.

La aplicación que se hizo durante 2012 para corroborar la capacidad financiera consistió en que la empresa presente de forma detallada las inversiones en maquinaria, herramientas, instalaciones, vehículos, descripción de la mano de obra contratada especificando honorarios y calificación, impuestos a pagar, la servidumbre, las garantías, los estudios geológicos realizados así como los gastos en combustible, insumos, energía eléctrica, entre otros.

“No te pueden pedir un plan tan detallado porque no sabés si el lunes vas a entrar en el predio A o si te trancan y trabajás en el B. Lo mismo pasa con la inversión, que es más impredecible, porque dependés de lo que encuentres, así que es imposible tener un cronograma tan rígido”, comentó una fuente empresarial a Búsqueda.

En este sentido, Salazar resaltó otro aspecto que “es difícil de entender si uno es ajeno al sector” y que “generó problemas de entendimiento” con funcionarios de Dinamige. “Las empresas que investigan, hasta que comienzan a explotar, siempre están a pérdida en sus balances porque solamente invierten, pero esto no quiere decir que sean mal manejadas financieramente”.

Por último, reconoció que desde el gobierno “hay entendimiento a los planteos pero no se consigue cambiar la situación”.

“A propósito”.

Fuentes del gobierno manifestaron a Búsqueda que “la información requerida se puede cumplir sin problemas porque, en definitiva, los responsables de esos datos son las empresas”.

“El problema está en los métodos especulativos que utilizan las empresas para mantener superficies que no les correspondería tener” porque “hay gestores que se equivocan sucesivas veces en detalles de la presentación del plano, algo que no es normal, y da para pensar que es a propósito”, indicó el informante.

En este sentido, una fuente de la gremial minera explicó que “se pretende cortar con la especulación para que no venga un fulano y pida un millón de hectáreas porque sí, pero no se entiende que los permisos pueden quedar por el camino porque no se encontró la cantidad de mineral que se pensaba”.