—Un principio fundamental del sistema democrático es que el debate de ideas o la deliberación pública es lo que permite llegar a una decisión y a una solución, ya sea electoral o respecto a los temas que tiene que resolver cualquier sociedad. El principio básico es la libertad de expresión, que tiene una dimensión individual y otra colectiva. En el plano colectivo, el acceso a más información de calidad, y a una mayor difusión del debate de ideas, permite a cada votante de un proceso electoral tomar una decisión. Lo mismo en la vida cotidiana de las sociedades. El debate sobre cualquier tema es lo más sano.
Cuando ese debate está contaminado por un flujo de información deliberadamente falsa, que es diseminada a través de Internet y de las redes sociales, con una posibilidad de viralización rápida, genera una distorsión en la democracia, afecta el principio básico de la libertad de expresión y los procesos democráticos. Las personas no acceden a una variedad de fuentes, a un debate democrático limpio. Por eso la preocupación. Hay una constatación de que este fenómeno ha tenido impacto en las elecciones de Estados Unidos. También en Europa, con el Brexit, se ha hablado de su impacto; en Colombia durante el proceso de paz; ahora, en las elecciones de Brasil es uno de los principales temas de preocupación.
—¿Cómo se hace para controlar esas diseminaciones?
—Una primera preocupación es que hay que tener cuidado con la respuesta que dan los Estados a este fenómeno. En algunos países se llegó a discutir, incluso para la aprobación de leyes, la censura de las noticias falsas. Se pensó en nombrar un consejo que establezca qué es verdadero y qué es falso, lo que sería vulnerar el principio de prohibición de censura previa que tiene la Convención Americana y otros tratados internacionales.
Otra respuesta sería criminalizar a quienes difunden información falsa, que también es muy preocupante y peligroso. Una sociedad democrática también requiere tolerar y no criminalizar información que puede ser inexacta, parcialmente cierta o no intencionalmente falsa. Un medio de comunicación no es infalible, y muchas veces puede publicar algo que luego se constate que no es veraz. Por eso los estándares interamericanos siempre han aconsejado que no se criminalice ese tipo de información, porque generaría un efecto inhibitorio fuerte para la investigación periodística y el debate democrático. Más aún cuando se trata de ciudadanos, que son los que muchas veces comparten información falsa, porque caen en una inadvertencia. Sería poner bajo amenaza de cárcel a buena parte de la población. Además, podría utilizarse para fines políticos.
Pero algo hay que hacer. Hay un mandato que la Asamblea General de la OEA le dio a la Relatoría y que estamos comenzando. Hay varios actores involucrados. Por un lado, están los medios de comunicación, por otro las plataformas de Internet, que hoy son el gran vehículo para la diseminación de información en general. Están los órganos electorales, que tienen que vigilar y garantizar el proceso electoral. Está la sociedad civil y las organizaciones que hoy hacen verificación de información y chequeo. También la academia, porque tampoco tenemos claro cuál es el impacto real de este fenómeno. A partir de esos actores, queremos generar un panel de expertos, porque es un tema complicado y multidimensional. Allí pueden surgir algunas recomendaciones para los distintos actores involucrados en esta situación.
—Pareciera que no se tiene muy claro por dónde ir.
— Hoy nadie tiene la solución. Algunas cosas podemos adelantar y las tenemos claras: que la censura no es la solución, que tenemos que aportar a que la sociedad tenga herramientas para identificar cuál es la información falsa. También hacer alguna taxonomía o una serie de definiciones, porque hay muchas formas de desinformación.
Las plataformas tienen una responsabilidad con la democracia y los derechos humanos y deberían adoptar medidas. Hay mucha presión sobre plataformas como Twitter y Facebook, que algunos de los que postean mensajes extremos deberían ser removidos de las plataformas. Pero ahí estamos poniendo a las plataformas en el rol de censores, de policías de la información. Tampoco queremos que haya un privado que se transforme en el juez de lo que debemos leer.
Hay que reforzar la idea de que la sociedad es la que tiene que decidir qué es verdadero y qué no, en una sociedad donde circulan mensajes de distinto tipo. Hay que destacar el papel del periodismo en la sociedad democrática. Algunos líderes utilizan el término fake news o prensa deshonesta para atacar a los que juegan un rol histórico en la democracia, como es el rol de perro guardián o investigador. Como relatores, decimos que es todo lo contrario. Hay que destacar el papel del periodismo, hay que tener políticas para promover, y no para disminuir el papel del periodismo. Si bien desde hace algunos años se habla de la crisis del periodismo, creo que nunca ha sido tan necesario como ahora el periodismo de calidad, apegado a algunos principios éticos importantes para generar información confiable, rigurosa.
—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los líderes políticos que usa el término fake news a su conveniencia o para atacar a la prensa. La relatoría ha advertido sobre amenazas del presidente a algunos medios y periodistas. ¿Qué peligros representan sus amenazas?
—Sucede en Estados Unidos y en otras partes, que cuando un líder de masas, que es nada menos que el presidente de la República, ataca a la prensa verbalmente, la estigmatiza, la señala, genera varios efectos. Primero, vuelve a los periodistas y a los medios más vulnerables a hechos de violencia o ataques de sus seguidores. Esto lo vimos en el caso de Venezuela, en su momento, cuando Hugo Chávez atacaba a la prensa. En el caso de Ecuador, durante el gobierno de Correa. En algún caso, en Estados Unidos, donde partidarios de Trump empezaron a amenazar a la prensa.
Segundo, genera un descrédito de la gente o alimenta que la ciudadanía, la población de ese país, no crea en la prensa como perro guardián de la democracia o institución que tiene un valor importante para la vida de la sociedad democrática. Muchas veces, los seguidores de alguien que habla de que la prensa es deshonesta, corrupta o fake news, termina por no creer en los medios de comunicación. Eso es peligroso para la sociedad en su conjunto. Se empieza a creer más en las noticias que inventa alguien y se difunden por Internet o lo que dice el líder o el caudillo, y no en un razonamiento, en un debate de ideas en un foro público, como debe ser una democracia.
El deber de un líder es expresarse con rigor y no incitar al descrédito o la estigmatización contra opositores o prensa.
—¿Cómo pasó Estados Unidos de ser uno de los líderes en libertad de expresión a tener hoy amenazas reales a esa libertad?
—Hay un fenómeno político nuevo, que es la llegada de Trump como un outsider que ganó su partido. Un fenómeno donde gente que no tenía casi capital político, y contra la opinión de todos los medios de comunicación tradicional, ganó las elecciones. Hay una insatisfacción general que no es atribuible a la libertad de expresión, sino al estado de ánimo de la sociedad. También es cierto que en Estados Unidos, hasta el momento, los mecanismos de separación de poderes están funcionando. No podemos decir que Donald Trump eliminó la independencia del Poder Judicial y se transformó en un autócrata que domina todos los poderes. Distinto a lo que sí pasó en algunos países de América Latina.
El periodismo norteamericano está jugando un papel importante hoy en el debate público. Estados Unidos, en temas de libertad de expresión, no solo jugaba un papel hacia adentro, sino también un rol de líder mundial. Eso sí se ha visto resentido, porque el presidente, notoriamente, no ha llevado adelante esa bandera. También existe el efecto imitación, y algunos líderes mundiales empiezan a imitar esa forma de relacionarse con la prensa.
—¿Identifica un deterioro en la situación de la libertad de expresión en la región desde que asumió como relator?
—La situación es heterogénea y depende mucho de los procesos políticos. Venezuela se ha ido deteriorando de forma progresiva hasta, prácticamente, verse suprimida la libertad de expresión. Cuba no registra cambios en el control y la censura del Estado. Y la situación de Nicaragua ha sido, más que un empeoramiento, una explosión de algo que relatoría hace años había anunciado que iba a pasar. Porque el control estatal que había sobre la libertad de expresarse, de manifestarse, era tan amplio que esa sociedad estaba silenciada. La sociedad explotó y se desató la represión. Ahora la situación de Brasil abre un signo de interrogación sobre algunos temas de derechos humanos y de libertad de expresión.
Hay otros países que han procesado cambios democráticos y mejorado su situación en materia de libertad de expresión. En el caso de Ecuador, cuando asumimos la relatoría, había persecución, sanciones gravísimas a la prensa, había periodistas exiliados. Pero desde que asumió el presidente Lenin Moreno, ha cambiado sustancialmente la relación con la prensa. Incluso él ha invitado a la relatoría a participar en las reformas legales para garantizar la libertad de expresión.
La enseñanza que me dejó en estos años la relatoría es que las libertades fundamentales no se ganan de una vez para siempre, y los pueblos no la tienen asegurada. Es el caso de Estados Unidos, con 300 años de democracia, primera enmienda, etc. Lo mismo puede pasar en Brasil, como pasó en Ecuador o en Venezuela. Es importante vigilar la situación de la libertad de expresión. Es el papel de los organismos internacionales, pero también de los medios de comunicación, la sociedad civil, pero también del Poder Judicial, que es el que está llamado a garantizar la libertad de expresión contra los abusos de poder. Hay que fortalecer a todos esos actores y tener presente que la libertad de expresión es muy frágil y requiere permanente vigilancia.
—¿Cómo se posiciona Uruguay entre estas turbulencias de la región?
—Los índices internacionales lo dan como un país que está en buenos niveles y tiene garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Como uruguayo, siempre digo que no deberíamos compararnos solo con la relatividad de algunos países de la región, sino aspirar a estar entre los 10 mejores en materia de libertad de expresión a nivel global. Eso implica garantizar que los periodistas no sean perseguidos ni criminalizados por lo que hacen, transparentar los recursos de publicidad oficial y cómo los distribuye el Estado, fortalecer el acceso a la información pública. En ese sentido, en los últimos tiempos se han presentado algunos desafíos. Uno ve algunas decisiones de jerarcas y órganos de la administración pública que, en lugar de rendir cuentas de todos los temas y solo declarar una excepción cuando existe un riesgo claro para la seguridad nacional o un secreto comercial o datos personales, utilizan las excepciones como una caja donde cabe todo. Porque no hay interés político de que se sepa algo, se declara una excepción. Eso es un desafío que detectamos. Por otro lado, el Poder Judicial no en todos los casos ha aplicado los mejores estándares. Uno ve decisiones que son proclives a proteger más el secreto que la transparencia y la rendición de cuentas. Siempre hay temas para seguir.
Periodismo
2018-10-18T00:00:00
2018-10-18T00:00:00