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La campaña electoral previa a las internas de junio demostró que Uruguay no estaba a salvo de las estrategias políticas de desinformación. Videos y posteos en redes sociales con información falsa sobre algunos candidatos se viralizaban amparadas en el anonimato y el pago de publicidad.
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A diferencia de lo que ocurrió en otros países, el resultado de ese juego sucio no tuvo una incidencia determinante en las elecciones. Sin embargo, su influencia puede tener un rol clave en el futuro y nadie tiene claro todavía cuál es la mejor manera de enfrentarlo.
La oficina de la Unesco en Montevideo se propuso abordar el tema y presentó algunas alternativas en el informe Redes sociales y elecciones, divulgado el lunes 23, presentado en el marco de los Cuadernos de discusión de comunicación e información.
El documento fue elaborado por Andrew Puddephatt, experto británico en libertad de expresión y el mundo digital, quien se propuso analizar el potencial impacto de las redes sociales en los resultados de las elecciones. El objetivo era medir su aporte a fortalecer la participación política y el intercambio de conocimiento, y también evaluar sus efectos dañinos.
El punto de partida elegido fue si era pertinente regular las redes sociales durante las elecciones y los referendos. Y desde las primeras líneas Puddephatt sostiene que se debe “evaluar cuidadosamente” la decisión de reforzar el rol de las autoridades electorales porque, en su opinión, “otorgar poderes a un agente estatal es difícil de justificar”.
“Estas entidades deben ocuparse de garantizar que las elecciones se realicen de manera libre e imparcial, no de determinar qué pueden y qué no pueden decir los partidos o los ciudadanos durante las campañas electorales”, dice el autor.
“En todos los casos, de los más antiguos a los más nuevos, es posible verificar intentos de manipulación del ‘mercado de ideas y propuestas’. Mentir para asegurar la atención de los ciudadanos y ciudadanas estuvo y está entre estos intentos. Luego, las campañas de desinformación (las hoy llamadas fake news o noticias falsas) no son un fenómeno nuevo en las democracias. No obstante, es innegable que hay algo nuevo en lo que estamos observando globalmente en los últimos cinco años”, detalla.
De acuerdo al documento, la primera preocupación sobre la posible influencia de un actor en las elecciones comenzó a vislumbrarse con los medios de comunicación entre los años 90 y 2000. Allí se identificó que los medios “se encontraban controlados por el Estado o eran propiedad de un puñado de empresarios poderosos, a menudo con sus propias afinidades políticas”. Y eso llevaba a diversos observadores a advertir que “existía la posibilidad de que el debate político fuera distorsionado y el resultado electoral se viera perjudicado por el control y uso partidario de servicios informativos relativamente escasos”.
Pero el autor asegura que “la preocupación” que genera el rol de las redes sociales es diferente por “la ubicuidad de la información” y por “la velocidad de su difusión”, combinadas ambas con “su amplio alcance”. “Dado que solemos desarrollar nuestras redes sociales conectándonos con personas en las que confiamos, sin en esta red de confianza penetra información errónea, el impacto puede resultar desproporcionado”, concluye.
Pero el mayor reparo pasa por los programas con algoritmos capaces de seleccionar las noticias que encuentran las personas, sin que estas tengan conocimiento de lo que sucede. “Incluso, se ha denunciado que los motores de búsqueda”, como Google, “pueden ejercer influencia en épocas electorales y que son capaces de influir en las preferencias de los votantes”.
A eso se suma el “desafío particular” de la desinformación, porque si bien la apertura que permite Internet lleva más voces a los electores, también habilita que quienes desean difundir datos falsos tengan el terreno libre para hacerlo.
Los lectores creen poco en las redes sociales. Según un sondeo de Pew Research Center, mientras que dos tercios de los adultos de Estados Unidos dice informarse a través de las redes, el 57% considera “mayormente inexacta” la información que ve allí. Un estudio de Reuters realizado en 37 países de cinco continentes indica que solo 23% de los encuestados confía en las noticias que lee en redes sociales.
“Las autoridades electorales son responsables de garantizar que las elecciones sean libres e imparciales, además de establecer un proceso electoral capaz de ser considerado legítimo para sus participantes. Así, todo enfoque regulatorio debe ajustarse a estos objetivos. El votante debe estar en el centro de los esfuerzos de este organismo”.
En el informe se recomienda que los gobiernos adopten un “sistema híbrido” de regulación conjunta. En el caso uruguayo, por ejemplo, la Corte Electoral podría elaborar un código de prácticas de alto nivel para las empresas de redes sociales que permita además “proteger” la libertad de expresión. A su vez, pide “evitar imponer cualquier tipo de control sobre el consentimiento de la comunicación electoral”.
El experto plantea que las autoridades electorales “no deben intentar determinar qué se dice y qué no se dice”, sino que “debe proteger la libertad de expresión durante la elección” garantizando que sea “libre e imparcial”. Y recomienda que establezcan diálogo con las empresas dueñas de las redes sociales, que se adopten procedimientos para la gestión de los contenidos y que exijan transparencia para que los organismos electorales puedan controlar los gastos de la campaña de los partidos políticos.
En algunos casos las empresas han sido las que han dado los primeros pasos en esta dirección. Facebook, por ejemplo, anunció que creará una junta de vigilancia para manejar los contenidos que publican sus usuarios en tiempos electorales. Y Twitter pretende llevar adelante medidas específicas relacionadas a la gestión de la publicidad de campaña.
Pero para que esto tenga sentido, según el autor, las autoridades electorales deben tener potestad de sancionar con multas a los partidos políticos o a los responsables que cometan violaciones, además de imponer una obligación de transparencia. Si bien las empresas quedan exentas de responsabilidad, se plantea en el documento que una vez constatada la información falsa, estas deben eliminar los contenidos y si no lo hacen, deberán ser sancionadas también.
