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Desde el 24 de agosto los uruguayos contamos con un nuevo “servicio oficial” con su correspondiente campaña publicitaria. El Ministerio del Interior (MI) instaló una Línea Verde, que se ocupa de las noticias falsas sobre seguridad. Busca aclarar sobre rumores que crean alarma pública. Entre los diversos canales se destaca un número de WhatsApp, una de las redes sociales por las que se transmiten rumores con gran alcance. Los usuarios pueden mandar la información que recibieron y un grupo de expertos seguirá cada caso.
En el spot, el locutor dice: “El primer servicio oficial para prevenir y contrarrestar la información dudosa que circula en redes”. En parte se creó también para descongestionar la línea 911. La idea surgió después de un viaje del director de Policía Mario Layera a Milán, Italia, donde funciona algo del estilo.
La primera duda que surge es qué tan eficiente será, dado que el MI, va quedando claro, es la cartera que viene, por decirlo de alguna manera, trastabillando en esta gestión. En el último año, los homicidios en Uruguay se dispararon y estamos en un récord (aumentaron 66,4% entre enero y junio de este año con respecto al año anterior). Con los cientos de problemas que tiene la Policía, en un país donde el narco —y esto es reconocido por los propios jerarcas— va ganando terreno, es secundario dedicarse a las noticias que generan cierta alarma pública.
Además, incluso en la interna del MI no está claro el funcionamiento de esta herramienta. Mientras institucionalmente lo promocionan en referencia a las noticias falsas, este lunes Layera estuvo en el Parlamento y dijo que la Línea Verde no está relacionada con las fake news.Los ejemplos usados parecen bastante naif. Los jerarcas se muestran preocupados por casos como cuando en 2016, en pocas horas, se corrió el rumor de que una mujer había sido contaminada con burundanga en un ómnibus de Cutcsa. Sí, es cierto, hay un porcentaje de la población que lo comparte. Siempre hay gente con predisposición a alarmarse (¿no será inevitable?). Para ello, según publicó la diaria, “la Policía uruguaya cuenta con herramientas de diverso tipo: desde el chequeo en un buscador como Google hasta el registro de denuncias en comisaría o la consulta al sistema de videovigilancia”. Y prosigue la nota: “En caso de que, tras llegar la consulta a la Línea Verde, la noticia resulte ser falsa, la Policía emitirá un comunicado”. Va a ser complicado con esas herramientas: son un blanco difícil estas noticias, justamente por la velocidad con que se mueven.
Las fake news preocupan a todos los gobiernos y cada día surge alguna idea nueva de cómo combatirlas; estamos en la etapa de prueba y error. Las voces especializadas todavía están tratando de definir qué es exactamente fake news y cuál es el grado de gravedad (el presidente Donald Trump está obsesionado con el tema, pero en su caso le preocupan las que hablan de él, lo que distorsiona el debate). El término se está usando con tanta liviandad que hay quienes afirman que ya no quieren decir casi nada. La Comisión Europea reunió a 39 expertos de alto nivel para analizar cómo contrarrestarlas y a principios de marzo de este año entregó su primer informe: recomendó no regular. “Las recomendaciones del informe son un acto de equilibrio para no dañar estas libertades fundamentales: la libertad de información y de prensa”, dijo la presidenta del grupo de alto nivel, Madeline de Cock Bunning.
Entre otras recomendaciones se estableció que se debe fomentar la educación y la “alfabetización mediática”, así como apoyar al periodismo de calidad.
El Ministerio del Interior uruguayo se inspiró en el modelo italiano, que ha recibido duras críticas. El italiano Giovanni Pitruzzella quiere que el gobierno se involucre en el proceso de verificar información y remover la que defina como fake news. Los medios periodísticos que no cumplan deben ser multados. En una nota criticando el modelo italiano el Washington Post escribió: “Su estrategia de pelear falsos argumentos puede ser peor que las mentiras en sí mismas”. Y alerta sobre cómo, en una democracia, nunca ha sido buena idea que nadie —especialmente una institución oficial— determine qué es la verdad en política. Con la bandera anti fake news, algunos países como Polonia y Hungría han tomado medidas con la prensa independiente y la prensa crítica.
Mientras, aquí, el ministro Eduardo Bonomi dice que “los grandes medios se transforman en el principal partido de oposición”. El gobierno debe enfocarse en la educación, combatir la inseguridad —¿en qué quedó la promesa del presidente Vázquez de bajar las rapiñas en un 30%?— y generar que la población esté cada vez mejor informada. En Uruguay no se habla de chequear a los medios, pero, si repasamos la historia, los intentos de subsanar la desinformación han sido malos para la libertad de expresión. Peor el remedio que la enfermedad.
